La Iglesia llevará Barranco Seco al Defensor del Pueblo

La semana pasada, en este mismo semanario, el capellán del CIE, Antonio Viera, y el abogado y voluntario del Secretariado de Migraciones de la diócesis de Canarias Daniel Arencibia denunciaban las precarias condiciones del Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de Barranco Seco (Gran Canaria), agravadas por el temporal, y la vulneración de los derechos de los allí recluidos, pues las estancias están superando las 72 horas que marca la ley.

Ante esta situación, el abogado está preparando toda la documentación para presentar, por indicación del Secretariado de Migraciones, una queja formal al Defensor del Pueblo.

Arencibia tiene documentado el caso de un chico al que sacó el pasado jueves del campamento y que llevaba allí desde el 29 de diciembre. Los policías decían que se había quedado libremente, pero él se lo negó. «Quería ir a casa de un amigo y no se lo permitían. Por eso me llamaron», contó entonces a Alfa y Omega.

Gueto migratorio en las islas

Por otra parte, Arencibia denuncia que el Gobierno ha optado por convertir Canarias en un gueto migratorio, tal y como denunciaron los obispos de las islas en un carta pastoral hace dos meses.

Esta realidad, que comprueba cada día, también la confirman los datos que recientemente le ha facilitado la Secretaría de Estado de Migraciones tras una petición pública de información: solo el 9 % de los migrantes que han llegado a las islas han sido trasladados a la península. Esto es, un total de 2035 personas a fecha de 11 de diciembre.

De todos, el 70 % se realizaron en los meses de septiembre, octubre y noviembre, coincidiendo justamente con la llegada masiva de migrantes a las cosas de Canarias.

Estos movimientos se realizan dentro del programa de atención humanitaria, tal y como consta en la respuesta al abogado, y que «tiene por objeto atender el estado de necesidad de las personas migrantes que se encuentren en situación de vulnerabilidad debido al deterioro físico y a la carencia de apoyos sociales, familiares y medios económicos y que lleguen a las costas españolas o formen parte de asentamientos que comporten graves riesgos sociales y sanitarios y precisen de programas de actuación inmediata para su subsanación».

Arencibia tiene dudas sobre el criterio de elección de estas personas vulnerables, «pues en Arguineguín no se hizo ninguna entrevista» y en la región todavía quedan malienses –susceptibles de recibir protección internacional–, niños y mujeres.

Además, esta situación «no es compatible con lo que dijo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando afirmó que se iba a resolver con solidaridad». Y añade: «Entonces, España no tiene credibilidad cuando en la negociación en Europa pide solidaridad a los países que no tienen frontera. Pero si no se ejerce en su propio territorio…».

El abogado vuelve a denunciar que sigue habiendo un tapón en el aeropuerto de Gran Canaria, que sigue lleno de Policía que «impide» la salida de migrantes cuando, si tienen documentación, no debería ser así. «Si se pueden mover por Canarias, también lo deberían hacer por el resto de España, pues es una unidad territorial», explica.

E insiste: «No tiene sentido concentrarlo todo en el mismo punto. Hace dos años llegaron más migrantes que este y no hubo noticias. El problema llega cuando lo concentras en el mismo punto. Convertir Canarias en un gueto tendrá consecuencias sociales, económicas y de seguridad».

10,8 millones de euros para vuelos de deportación

Sobre el tema de las deportaciones, afirma que el Gobierno lo está llevando con secretismo, pero apunta que se ha firmado un acuerdo con el Reino de Marruecos para devolver a este país a 80 de sus ciudadanos cada semana. Con todo, cree que esta política no va resolver nada, pues por la pandemia «solo se podrán hacer a cuentagotas».

Precisamente, sobre esta cuestión, el Ministerio del Interior ha publicado en el BOE las condiciones para la contratación de servicios de transporte aéreo para el traslado de ciudadanos extranjeros. Se trata de vuelos privados entre diversos puntos del territorio nacional y desde estos a otros países. Para tal fin se destinan 10,8 millones de euros.