Campañas mediáticas a favor del aborto. Mentiras para la batalla contra la vida

Desde que se empezaron a conocer algunos detalles sobre la nueva ley del aborto, se puso en marcha la campaña mediática proabortista, que arrecia cada vez que parece que se avanza en su elaboración. En su edición del pasado domingo, El País entrevistaba a una mujer que abortó a su hijo por una malformación grave; un supuesto que, previsiblemente, desaparecerá en la nueva ley. «Prefiero llorar un mes que toda la vida», aseguraba. Le responde, en La Gaceta, Esther Aranda, que estuvo a punto de abortar a su hija: «Si hubiera abortado a Carlota, habría llorado toda la vida».

No faltan, en esta campaña, la manipulación de casos extremos. En otra de las muchas páginas dedicadas en los últimos días al tema, El País aborda el Caso Beatriz, sobre el que la Corte Suprema de Justicia de El Salvador tendrá que decidir en breve. Beatriz —nombre ficticio— es una mujer salvadoreña, enferma de lupus, que espera un bebé anancefálico. Con la ayuda de varias entidades abortistas, ha pedido que se le permita abortar, algo ilegal en el país. En estos casos, no faltan las mentiras: los promotores de la campaña, por ejemplo, han dicho que Beatriz podría pasar 50 años en prisión por abortar, cuando la pena máxima es de 12 años; o que está en peligro de muerte, cuando «extraoficialmente los médicos de maternidad se han comunicado con los de la Asociación Bioética de El Salvador y han informado que está estable», explicó hace unos días Georgina de Rivas, Presidenta de la Fundación Sí a la Vida. Ya en 2006, el New York Times publicó que una mujer salvadoreña había sido condenada a 30 años de cárcel por abortar. La agencia LifeSiteNews descubrió que la fuente de la noticia era la entidad abortista IPAS, y que, en realidad, el delito de la mujer había sido estrangular a su hijo recién nacido.

Protegiendo a un abusador

Pero la manipulación proabortista más flagrante —y con más graves consecuencias— fue el Caso Rosita. En 2003, en Costa Rica, se supo que una niña de nueve años se había quedado embarazada. La policía sospechaba que su padrastro había abusado de ella pero, mientras se investigaba el caso, la organización Red de Mujeres contra la Violencia ayudó a la familia a huir a Nicaragua. Allí, le practicaron un aborto a la niña y utilizaron su caso para promover la liberalización del aborto. Cuatro años después, Rosita volvió a quedarse embarazada, y se demostró que el padrastro era el padre de los dos hijos de la niña. El humanitarismo de los abortistas, que para promover su agenda le ayudaron a huir de la Justicia costarricense, había permitido que los abusos continuaran.

En Irlanda, en otoño, surgió el caso de Savita, una mujer que murió por sepsis tras un aborto espontáneo. Su marido denunció que había muerto por no practicarle el aborto que había pedido, y las entidades abortistas organizaron una gran campaña a favor de la liberalización del aborto en Irlanda. El comité que ha investigado el caso ha detectado varias negligencias en el diagnóstico y el tratamiento, y afirma que la muerte de la mujer fue un infortunio médico no relacionado con el aborto. Sin embargo, no faltan los medios donde se sigue achacando la muerte de Savita al hecho de que, en la católica Irlanda, no le dejaran abortar.