Becciu afirma que el Papa autorizó una operación para liberar a una monja secuestrada

El cardenal destituido Angelo Becciu afirmó este jueves que el Papa autorizó una operación para liberar a una monja colombiana secuestrada por Al Qaeda en Malí durante su declaración en el proceso que le juzga por malversación de fondos y extorsión en el Vaticano. El pago autorizado por el Pontífice para costear la operación ascendería a cerca de un millón de euros, informa Europa Press.

Según la declaración de Becciu, Francisco habría aprobado la operación secreta, que incluyó la contratación de una empresa de seguridad británica para encontrar a la monja y garantizar su puesta en libertad. Se trata de la misionera Gloria Cecilia Narváez, que fue secuestrada en Malí en febrero de 2017 por el grupo terrorista Al Qaeda. Pasó cuatro años y ocho meses capturada por los yihadistas y fue finalmente liberada en octubre del 2021. Durante ese periodo, el grupo terrorista mostraba periódicamente en vídeo a Narváez pidiendo la ayuda del Vaticano.

Las declaraciones de Becciu se enmarcan en la contratación de Cecilia Marogna que, según las investigaciones, recibió hasta 500.000 euros de los fondos de la Secretaría de Estado, gestionados por Becciu entre 2011 y 2018, cuando era el sustituto y gozaba de autonomía para decidir las inversiones. Francisco había permitido a Becciu romper el secreto pontificio para defenderse ante el tribunal.

Marogna, titular de una sociedad con sede fiscal en Eslovenia que se ocupa de misiones humanitarias en África y Asia y también imputada por malversación de fondos por el Vaticano, defenció ante la prensa italiana que con el dinero recibido gracias a la intervención de Becciu orquestó la instalación de una red de diplomacia paralela a la que tiene desplegada la Santa Sede en los países del norte de África y Oriente Próximo.

La dama del cardenal, como la han bautizado los periódicos italianos, aseguró que ejercía un trabajo de mediadora, sobre todo, en casos de religiosos secuestrados. Sin embargo, las investigaciones revelaron que los fondos de la Secretaria de Estado, a los que Becciu tenía acceso ilimitado y de los que hacía uso sin responder ante nadie, fueron usados por la mujer para comprar bolsos, zapatos y hasta un sofá de piel, además de otros artículos de lujo.

Becciu afirmó que recurrió a Marogna en cuanto supo del secuestro de Narváez en Malí y tras escuchar al nuncio del Vaticano en Colombia y a otras hermanas de la orden religiosa de la monja pidiendo ayuda. Según la versión del cardenal destituido, Francisco autorizó la contratación de la empresa de inteligencia británica The Inkerman Group para asegurar la liberación de la monja y el propio Pontífice le habría prohibido contar la operación, excluyendo de su conocimiento al jefe de la policía del Vaticano.

Según su declaración, él y Marogna se reunieron con empleados de la empresa Inkerman en su oficina de Londres a mediados de enero de 2018, que no les habrían garantizado el éxito de la operación. Según Becciu, debido a que el Vaticano quería mantenerse al margen, Marogna se convirtió en la intermediaria clave y la que recibía los pagos periódicos de la Secretaría de Estado del Vaticano por la operación.

El cardenal italiano dijo que informó a Francisco de la reunión de Londres el 15 de enero de 2018. «Me escuchó y confirmó que procediera –dijo Becciu–. En un encuentro posterior con el Santo Padre, le expliqué con más detalle la conversación que mantuvimos con los Inkerman y de la suma que debíamos abonar a grandes rasgos: alrededor de un millón de euros, una parte para pagar la creación de una red de contactos y otra para la liberación efectiva de la monja». «Le indiqué que no debíamos ir más allá de esa cifra. Él lo aprobó. Debo decir que cada paso de esta operación fue acordado con el Santo Padre», añadió

Durante la declaración defendió su posición y negó haber malversado fondos del Vaticano. También explicó ante el juez cuestiones técnicas sobre cómo funcionan los aspectos financieros de las compras y las inversiones de la Secretaría de Estado.

Óbolo de San Pedro

También se defendió de las acusaciones que le achacan haber tejido a su alrededor una red de corrupción para pilotar inversiones vaticanas hacia fondos especulativos con sede en paraísos fiscales. La fiscalía del Vaticano señala que transfirió hasta 125.000 euros del mismo Óbolo de San Pedro, que recoge las donaciones de los fieles a las obras de caridad del Papa y sobre el que tenía autoridad directa como sustituto de la Secretaría de Estado, hasta la cooperativa Spes, cuyo representante legal es su hermano, Tonino Becciu. Esta suma estaría vinculada, según la versión de Becciu, a obras de reforma en la sede de Cáritas Ozieri (Cerdeña).

Por otro lado, aseguró que no se utilizaron los fondos del Óbolo y subrayó que todas las operaciones se hicieron con los fondos de reserva de la Secretaría de Estado.