Barrios sin vecinos

El auge del alquiler turístico y los fondos buitre expulsan a la población más vulnerable del centro de Madrid y Barcelona

Rodrigo Moreno Quicios
Marufa, Sigan y su hijo Aheyan en un acto reivindicativo por el derecho a la vivienda. Foto: Rodrigo Moreno

El auge del alquiler turístico y los fondos buitre expulsan a la población más vulnerable del centro de Madrid y Barcelona

Marufa, Sigan y su hijo de seis años, Aheyan, viven en el madrileño barrio de Lavapiés desde hace cinco años. Ella está embarazada de nueve meses de su segundo hijo, y él cuenta con un empleo estable con el que gana unos 1.100 euros al mes. Con sus estrecheces, siempre han pagado religiosamente un contrato de alquiler de 500 euros, por lo que el día que llegó a su casa un proceso judicial acusándolos de un delito de usurpación de vivienda no entendieron por qué.

La familia acudió a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca del distrito Centro de Madrid. Allí les explicaron que, según la nueva Ley de Arrendamiento Urbano de la Comunidad de Madrid, cualquier banco puede desahuciar a los inquilinos de una vivienda si su casero no se halla al corriente de pago. De nada les sirve a Marufa y Sigan haber cumplido su contrato: el banco no se lo quiere mantener, y a pesar de los intentos de la familia por pagar las cuotas a través de un juzgado, la entidad se niega a coger el dinero: lo que quiere es el piso.

Sigan y su familia han protagonizado una campaña para quedarse en su casa junto a diversas organizaciones del barrio. «Lo que están diciendo no es que les regalen un piso, sino que les mantengan el contrato porque quieren seguir pagándolo », explica Cristina, una activista de la PAH afincada en Lavapiés.

Debido al encarecimiento de la vivienda en Lavapiés, si les desahucian se verán obligados a mudarse a otro vecindario. Se convertirían en nuevas víctimas de la gentrificación, un proceso que expulsa a los vecinos de rentas más bajas de algunos barrios para sustituirlos por otros que pueden permitirse alquileres más caros.

Los programas de Cáritas

Los procesos de gentrificación se ceban con familias como las de Sigan y Marufa. «En ellos se da la tormenta perfecta. Un trabajo precario te lleva a una vivienda precaria y acabas siendo expulsado. Hay unas expulsiones muy sibilinas que no responden a una sociología de la pobreza, sino a una sociología de la especulación», explica Rosalía Portela, responsable del Servicio de Vivienda de Cáritas Diocesana de Madrid. Este programa, con casi 20 años de recorrido, ofrece más de 260 alojamientos a familias en situación vulnerable. «Tenemos centros residenciales y diferentes viviendas dispersas por distintos barrios. Hacemos un contrato social en el que les damos lo mejor que tenemos y pagan un alquiler acorde a sus ingresos», explica

Cáritas Diocesana de Barcelona presta un servicio similar al ofrecer pisos compartidos para diferentes colectivos: jóvenes, personas mayores que no pueden acceder a una residencia o mujeres con niños. A esto se suma el asesoramiento jurídico que brindan a las familias sin hogar o en procesos de desahucio. «Tenemos unos pisos unifamiliares en los que pueden reconstruir su historia de vida y afrontar el futuro desde la calma de no verse en la calle. Las personas que han perdido su vivienda se encuentran en una espiral que dificulta su proyecto de vida por enfrentarse a situaciones de constante cambio», comenta Fina Contreras, responsable del Departamento de Sin Hogar y Vivienda de Cáritas Barcelona. Tras un periodo de dos años trabajando con los especialistas de Cáritas, estas personas solían encontrar vivienda en el mercado libre, pero esto hoy «es casi inviable porque la gentrificación ha disparado los precios», añade Portela.

Este incremento repentino del precio de los alquileres ha provocado que los habitantes de Madrid y Barcelona (donde la vivienda de segunda mano registrada en el portal inmobiliario Idealista se ha encarecido un 24,2 % en el último año) hagan las maletas y se muden a la periferia de sus ciudades. Como consecuencia el centro de estas metrópolis se está despoblando a marchas forzadas. Desde 2011, año en que Airbnb se popularizó en España, el barrio de Embajadores (al que pertenece Lavapiés) ha perdido más de 5.000 habitantes, pasando de 49.828 a 44.659. En Barcelona, el barrio Gótico ha perdido un tercio de los habitantes que tenía hace diez años, pasando de los 24.496 en 2008 a los actuales 16.240.

Estos procesos de gentrificación se han contagiado a los barrios dormitorio que las rodean, donde los inquilinos se están encontrando con abruptas subidas de precio al renovar los alquileres, coinciden en señalar desde las Cáritas de Madrid y Barcelona.

El impacto de los pisos vacacionales

«Estamos ante el fenómeno de personas trabajadoras que entran en la pobreza por el precio de los alquileres. Hay una burbuja del alquiler y a todo aquel que no pueda pagar una millonada lo echan», denuncian desde la PAH. Unas de las causas de este incremento en tiempo récord de los precios son los alquileres turísticos. Según InsideAirbnb, un portal que analiza el impacto de la popular plataforma en las ciudades, el distrito Centro de Madrid cuenta con 8.474 plazas para pernoctar disponibles. Un dato que, al ponerlo en relación con los 132.352 vecinos que recoge el padrón municipal, revela la existencia de un alquiler vacacional por cada 15 habitantes. Barcelona mantiene esa mismo ratio entre vecinos y alquileres vacacionales en el barrio Gótico.

Estas viviendas, en su amplia mayoría, no pertenecen a particulares. Es la conclusión a la que llegó la asociación Lavapiés, ¿dónde vas? cuando investigó los perfiles en Airbnb que operaban en su barrio. Así descubrieron que, bajo el nombre de Raquel, se ocultaba una inmobiliaria que ofertaba decenas de pisos en la zona. «Destapamos la cadena de hoteles que había detrás y la inversión que tenían en el barrio. Invitamos a la gente a hacer un mapa en la plaza de Lavapiés para que los vecinos dijeran cuántas viviendas se estaban destinando en sus edificios a alquileres turísticos y descubrimos que casi todos los bloques del barrio tienen una vivienda turística», señala Marisa Pérez, una de las responsables de la iniciativa.

Al descubrir estas nuevas posibilidades de negocio, muchos pequeños propietarios subieron de forma desproporcionada el alquiler de su inmueble para deshacerse de sus inquilinos y sustituirlos por turistas. Independientemente del estado de la vivienda, su ubicación privilegiada la convertía en un lujo que muchos visitantes estarían dispuestos a pagar a un buen precio. «Así es como desaparece la población más vulnerable del barrio, precisamente esa que lo hace el más cool» [la revista de viajes británica Time Out ha elegido Lavapiés como el barrio más cool del mundo], señala una representante de la PAH.

Como resultado, los barrios céntricos de las grandes ciudades se van vaciando poco a poco de vecinos a la vez que se llenan de comercios dirigidos exclusivamente a visitantes. «No tenemos nada en contra del turismo per se, pero entendido de esta manera cortocircuita las formas de vida, convierte los barrios en parques temáticos y, si antes no había dotaciones sociales, ya ni las esperes porque todo son servicios al turismo», sentencia Marisa Pérez.

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A la espera del alquiler social

Turistas en el centro de Barcelona. Foto: Jaime García

Para la responsable del Servicio Diocesano de Vivienda de Cáritas Madrid, «muchas familias están en una situación crítica porque sus ingresos provienen de un mercado laboral muy precarizado, de una renta de inserción mínima o de la economía sumergida». En otras ciudades europeas este problema se mitiga con vivienda pública, pero «en Madrid la oferta es casi inexistente, porque la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo se descapitalizó y fue vendida a fondos privados» por el anterior equipo municipal.

Numerosos fondos de inversión como Blackstone, comprador de 1.860 viviendas en alquiler que pertenecían al Ayuntamiento de Madrid, han optado por el alquiler turístico como forma de negocio. «Entre las casas que venden los propietarios y las casas vacías por los desahucios, quedan un montón de viviendas disponibles para los fondos buitre, que compran la casa al banco a un precio muchísimo menor del que fue tasado en su día para utilizarlas como viviendas turísticas», denuncian desde Lavapiés, ¿dónde vas?

Según la asociación, la concentración de vivienda en fondos de inversión no es fruto del azar sino que responde a un entramado legal e institucional que dota a los vehículos de inversión inmobiliaria (SOCIMI y SICAV) unas condiciones fiscales excepcionales que incentivan la especulación y facilita los desahucios. «Tienen la capacidad, porque van acompañados de abogados, de vaciar las casas mucho más rápido y al reducir la oferta indirectamente suben el precio de las viviendas», aseguran.

Esta drástica reducción de la cartera inmobiliaria pública ha provocado que conseguir un alquiler social sea casi imposible. «Hay que poner en marcha todo periplo jurídico y administrativo» y, muy a menudo, las familias que lo solicitan no disponen del tiempo, los conocimientos o la salud mental para salir airosos de ese «calvario», explican desde Cáritas Diocesana de Madrid. Un diagnóstico que comparten desde Cáritas Barcelona. «En el momento en que las políticas de vivienda la reconocieran como un derecho, muchas cosas cambiarían: habría una ampliación del parque de alquiler público, se regularía el precio de los alquileres y habría una modificación de la Ley de Arrendamiento Urbano», afirman.

R. M.