Barajas se descongestiona pero el riesgo de saturación no desaparece

Uno llega al aeropuerto de Barajas y todo es normal. Un día cualquiera en el que pasarán por las cuatro terminales, más la satélite, 165.000 viajeros según las estadísticas. Pero luego están los que viven allí. Unos 200 solo en la T4, cuenta Raquel, de 30 años, junto a Antonio, su pareja, de 50 años —«¿qué más da la diferencia de edad?»—. «La planta -1, la 0 y la 2 están llenas». Cada día hay más porque, dicen, todos los albergues para personas sin hogar de Madrid están saturados. Luego están los refugiados y solicitantes de asilo, protagonistas de portadas en las últimas semanas. «Los negritos», los llama Antonio. No los han visto y, además, «es un tabú; poco vamos a saber de ellos». Pero sí apreciaron el revuelo que se formó cuando algunos se escaparon y «se mezclaron entre la gente». Y oyen cosas: «Los tienen de una manera no muy católica; ahora dicen que van a salir vuelos para exportarlos y quitárselos de en medio». «Lo de los negritos es una alarma social», sentencia. Muestra su lástima por esta «gente que se juega la vida para llegar a España. Mira después…».

Los sintecho de Barajas no mendigan dentro de las instalaciones del aeropuerto, pues está prohibido. Tampoco pueden estar tumbados durante el día; a las 5:00 horas los despiertan los vigilantes, «a veces a porrazos». Pero cuando hace frío, es sitio seguro. Además, hay baños en los que asearse. «Esto es supervivencia 24 horas». Tienen que defenderse incluso unos de otros, porque se roban mucho entre ellos. Hace un mes uno se suicidó lanzándose desde la barandilla, cuenta Antonio. El aeropuerto «te hunde psicológicamente. Hay gente con problemas de cabeza que andan por aquí como zombis». También hay muchos adictos a las drogas; «la mayoría». Su esperanza es que «Dios será justo algún día y nos ayudará». De todas formas, «hay gente peor que nosotros, porque mira los negritos», retoma Antonio el tema central —aunque él salta de uno a otro y entre medias analiza la migración en general, la ley de amnistía y el poder judicial—. «Me da pena que estén así, porque tienen ojos igual que yo y andan igual que yo. Que los traten como a seres humanos, no como a animales».

Dos semanas después de que la noticia saltara a los medios de forma masiva la situación estaba más descongestionada, aunque «las condiciones siguen siendo bastante insalubres». Habla para Alfa y Omega el portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP), Jacobo Rodríguez, que confirma además la bajada significativa de solicitantes con respecto a hace días. Al cierre de esta edición eran poco más de un centenar. Por un lado, han dejado de llegar ciudadanos de Senegal, ya que se les está impidiendo el embarque en la ciudad desde donde parten, Casablanca (Marruecos). Por otro, hay muchas autorizaciones de entrada al país que se están haciendo «de forma extraordinaria» desde la Comisaría de Extranjería y Fronteras. Además —y en esto Antonio estaba en lo cierto—, se están haciendo devoluciones a sus países de origen; «no muchas, pero sí algunas».

Fluidez y alojamientos dignos

No obstante, Rodríguez apunta a que una nueva nacionalidad parece estar siguiendo el mismo modus operandi que los senegaleses y los kenianos hasta ahora: comprar vuelos a otros destinos y aprovechar las escalas en Madrid para pedir asilo. Una estrategia «fraudulenta», como la tildó el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Se trata de mauritanos en vuelos con conexión a El Salvador que podrían volver a saturar los puestos fronterizos.

Por esta razón, entidades como la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) hacen un llamamiento para que «la solución sea estructural y no puntual o circunstancial». Elena Muñoz, coordinadora del área jurídica, sostiene que, de este modo, si hay llegadas de un número significativo de personas, aunque superen las previsiones, «puedan estar alojadas en condiciones de dignidad». Pide así una buena coordinación entre todos los intervinientes en los procesos de solicitud de protección internacional para evitar retrasos y garantizar la asistencia porque, además, «cualquier persona que no cumple no pasa el filtro». Así, si se hace bien «el propio procedimiento impide el efecto llamada» y la saturación. El problema fue que, ya desde el verano, pero de manera más acuciante a partir de noviembre, las primeras entrevistas al solicitante, que se deberían hacer el mismo día de la llegada, se retrasaban en ocasiones hasta un mes, con lo que no había flujo de personas. Esto llevó a CEAR a presentar una queja ante el Defensor del Pueblo el 15 de diciembre. A su denuncia se sumó en enero el SUP, que publicó fotos de las condiciones insalubres en las que vivían los solicitantes. La sobreocupación llegó a una «situación límite», relata José Javier Sánchez, director de Migraciones de Cruz Roja. Esto obligó a esta entidad a retirarse «hasta que se vuelvan a dar las condiciones mínimas» para desempeñar su trabajo de asistencia psicosocial y detección de posibles casos de vulnerabilidad, como situaciones de trata. De momento, siguen ausentes. En la línea de evitar que se vuelva a producir una situación así, ACNUR destaca la «importancia de que el procedimiento de asilo sea ágil y tenga calidad» para que ampare realmente a quien necesita protección internacional y evite el «abuso» por parte de personas que no lo necesitan.

Intento de traslados al CIE de Aluche

En enero de este año se tramitaron en el aeropuerto 914 expedientes de solicitud de asilo. Los mismos, según organizaciones policiales, que en todo el primer semestre de 2023. En un intento de dar salida a los migrantes hacinados en Barajas, Interior dispuso que parte de ellos, medio centenar, fueran trasladados al CIE de Aluche; si bien un juzgado de Madrid lo anuló al entender que no se respetaba la ley de asilo.