España tan solo reconoce un 11 % de las solicitudes de asilo

España endureció aún más el acceso al asilo en 2025. Los datos oficiales, recogidos en el informe Más que cifras que la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha presentado este martes, dibujan un panorama especialmente restrictivo: solo el 11% de las solicitudes de protección internacional fueron resueltas de forma favorable. El descenso es significativo si se compara con el 2024, cuando la tasa ya era la más baja de toda la Unión Europea, con un 18 %. Lejos de corregirse, la tendencia se ha agravado.

El desplome del reconocimiento no coincide con una reducción de los conflictos ni de las persecuciones que empujan a miles de personas a huir de sus países. Lo que sí ha cambiado es el marco de acceso. En paralelo a la caída de las concesiones, las solicitudes de asilo descendieron un 14 %, un dato que apunta a un efecto disuasorio más que a una menor necesidad de protección. El sistema, según advierte CEAR, se ha llenado de obstáculos.

Consecuencia de la externalización de fronteras

Uno de los factores señalados es la política de externalización de fronteras, articulada a través de acuerdos con terceros países. Estos pactos, diseñados para frenar las llegadas, han desplazado las rutas migratorias hacia trayectos más largos y peligrosos, con un aumento del riesgo para quienes intentan alcanzar territorio europeo. El control se impone así antes incluso de que las personas puedan ejercer su derecho a solicitar asilo.

A estas barreras se suma la entrada en vigor del nuevo Reglamento de Extranjería. La norma ha tenido un impacto directo en el sistema de protección internacional, ya que el tiempo de espera para la resolución de una solicitud de asilo no computa para acceder a otras vías de regularización, como el arraigo. Esta situación ha llevado a muchas personas a desistir del procedimiento, atrapadas en una espera sin horizonte jurídico claro.

Más de 200.000 esperan la resolución de su solicitud de asilo

El incumplimiento de los compromisos de reasentamiento desde terceros países completa el cuadro. España se había comprometido a acoger a personas refugiadas especialmente vulnerables, pero los traslados efectivos siguen estando muy por debajo de lo pactado. La consecuencia es un sistema cada vez más saturado y menos accesible.

Mientras tanto, 218.731 personas continúan a la espera de una resolución administrativa. Para ellas, la lentitud no es un problema burocrático, sino una situación que condiciona su vida cotidiana, su acceso al trabajo, a la vivienda o a la atención sanitaria.