Así funciona la Pontificia Comisión para la Protección de los Menores puesta en marcha por el Papa

«La protección efectiva de los menores y el compromiso de garantizar su desarrollo humano y espiritual […] son parte integral del mensaje evangélico que la Iglesia y todos sus miembros están llamados a difundir en el mundo», se lee en el quirógrafo con el que el Papa Francisco instituía, el 22 de marzo de 2014, la Pontificia Comisión para la Protección de los Menores.

Además de la reforma del Vaticano, el Pontífice lidera el camino de la sanación de las heridas, la protección y la prevención de los abusos de los menores en el seno de Iglesia católica y fuera de ella. Así, por mandato del Pontífice, los Estatutos de la Comisión para la Protección de los Menores han sido publicados por la Secretaría de Estado este viernes 8 de mayo.

«Se trabajaba desde hace tiempo en los Estatutos y se había hablado en las plenarias (de la Comisión), ahora ha llegado la aprobación definitiva y la publicación», confirmó, el Jefe de la Oficina de Prensa de la Santa, padre Federico Lombardi a los periodistas.

«El original ha sido traducido del italiano al inglés». El 21 de abril 2015, el cardenal Secretario de Estado, Pietro Parolin, aprobó por mandato del Papa, ad experimentum durante tres años el Estatuto de la Pontificia Comisión para la Protección de los Menores, cuyo borrador le fue presentado por el cardenal Sean O’Malley, Presidente de dicha Comisión.

«Algo que es normal (que sea ad experimentum), así pueden ser revisados y mejorados dependiendo de la experiencia», declaró Lombardi.

El documento se compone de seis artículos: Naturaleza y competencia; Composición y miembros; Asamblea Plenaria; Personal; Grupos de trabajo; Normas generales.

Asimismo, «se publicó el quirógrafo de la institución de la Comisión», informó el portavoz. Aunque si el documento es de hace un año, la novedad es precisamente su publicación, debido a que el texto contiene las palabras del Papa que pide una seria y continuativa defensa de los menores llamando a la responsabilidad las Iglesias particulares, especialmente a los obispos y los prelados, quienes representan la autoridad eclesial en cada país.

«Hechos dolorosos han impuesto un profundo examen de conciencia por parte de la Iglesia y, junto con la petición de perdón a las víctimas y a la sociedad por el daño causado, han llevado a poner en marcha con firmeza iniciativas de diverso tipo con el fin de reparar el daño, hacer justicia y prevenir, por todos los medios posibles, la repetición de episodios similares en el futuro», escribió Francisco el año pasado al instituir la Comisión, documento publicado también ayer junto a los Estatutos del mismo organismo.

Volviendo a los Estatutos, en la primera parte se lee que la Pontificia Comisión para la Protección de los Menores es una institución autónoma ligada a la Santa Sede con personalidad jurídica pública y está al servicio del Papa.

En los Estatutos –persiste el texto– la prioridad es promover la responsabilidad de las Iglesias particulares en la protección de todos los menores y los adultos vulnerables. En este sentido, la Comisión promoverá iniciativas y propuestas que tendrán que ser aprobadas previamente y pasadas por voto de los miembros.

De igual manera, se insta a la consultación de los organismos competentes para la protección de los menores en las Iglesias particulares, las conferencias episcopales, las conferencias de los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, además del dicasterio de la Curia Romana que tiene esta competencia.

La Comisión, cuya sede legal es el Estado de la Ciudad del Vaticano, está compuesta por dieciocho miembros nombrados por el Papa durante tres años, y están elegidos entre personas de reconocida competencia en los diversos ámbitos de la actividad confiada a la Comisión.

La Comisión también tendrá una Asamblea Plenaria que se convoca dos veces al año, aunque se puede convocar una asamblea plenaria extraordinaria. Los miembros también pueden participar mediante vídeo conferencia. Asimismo, los miembros de la Comisión deben observar el secreto de oficio en el ejercicio de sus tareas y funciones.

Ary Waldir Ramos Díaz / Aleteia