Ante fronteras cerradas, parroquias abiertas

Samuel y Abigail han llamado a todas las puertas imaginables, pero siguen sin obtener respuesta. Afincada en España desde hace dos años, esta pareja abandonó el Salvador por las constantes amenazas que recibían de las maras. Sin embargo, que su vida corra peligro no parece motivo suficiente para que las administraciones públicas les concedan el asilo que, por derecho, les corresponde.

Instalados desde hace una semana en el Centro de Pastoral Social Santa María de Fontarrón con sus tres hijos, esta familia considera que su situación de calle se podría haber evitado con una mayor transparencia de la Administración. «En noviembre de 2017 llegamos a España sin dinero y con una amenaza de muerte. Si en el aeropuerto nos hubieran informado sobre la posibilidad pedir asilo, ya lo tendríamos, cosa que no ha pasado», denuncia Samuel, el padre de familia.

En lugar de esto, Samuel, tuvo que acudir desinformado a la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) dependiente del Ministerio del Interior. Según la Comisión Europea de Ayuda al Refugiado, la entidad acumula más de 100.000 solicitudes de asilo por resolver. Un atasco que provocó que a Samuel le dieran cita a seis meses vista, en mayo de 2018, a pesar de que, de acuerdo con ordenamiento jurídico, este plazo de espera nunca debería ser superior a los 30 días.

Mientras esperaba a que la lista de espera corriera, esta familia salvadoreña tampoco pudo acceder a un techo y se vio obligada a buscar un piso en pleno boom del precio del alquiler. Como apunta el Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, las plazas para alojar a solicitantes de protección internacional en España solo han aumentado en 8.440 a lo largo de 2018. Un dato que contrasta con las 54.000 solicitudes nuevas que se formularon en el mismo periodo. En el caso madrileño, la ciudad solo cuenta con 400 camas para este grupo de población, aunque durante los meses más fríos del invierno pueda aumentar esta cifra subcontratando pensiones.

Como consecuencia, estos refugiados han tenido que valerse por sus propios medios, buscándose la vida en la economía sumergida. Mientras Abigail se centraba en el cuidado de sus niños, Samuel pasó por todos los oficios posibles, desde cajero de supermercado a albañil, pasando por panadero. Así conseguía pagar a duras penas el alquiler de una diminuta habitación a las afueras de Madrid que compartía con toda su familia y que hoy ni siquiera pueden permitirse.

Tras casi dos años en España, esta familia salvadoreña se vio condenada a la situación de calle. «Yo prensaba que, a mis 43 años, ya tenía la vida resuelta, pero de repente me he visto sin nada y me pregunto qué nos depara el futuro», lamenta Samuel. Agotados todos los recursos, solo les quedaba una puerta a la que llamar, la de Cáritas. Al acudir a esta entidad, diferentes miembros de la Mesa por la Hospitalidad de la archidiócesis de Madrid revisaron su lista de contactos e hicieron algunas llamas. Unos días después, Samuel, Abigail y los suyos han encontrado un hueco en Santa María de Fontarrón y asistencia de trabajadores de la ONG para regularizar su situación.

Expulsados del sistema

A pesar del previsible aumento del número de solicitudes de asilo, las administraciones públicas siguen sin estar preparadas. Es algo que Samuel y Abigail saben muy bien, pues han sufrido esta descoordinación en sus propias carnes. Debido a un error de comunicación, esta familia lleva más de un año excluida del sistema de acogida para refugiados. Y aunque el fallo en que incurrieron pueda parecer leve, sus consecuencias han sido determinantes para esta familia.

La pareja salvadoreña recuerda el episodio con culpabilidad. Mientras esperaban aquella entrevista que nunca llegaba para gestionar su solicitud de asilo, decidieron viajar a Barcelona en busca de trabajo. Allí, una noche que no tenían dónde dormir, acudieron a Cruz Roja en busca de un techo para ellos y sus hijos. Lo que no sabían es que, al alojarse en una de estas pensiones subcontratadas por la ONG, ponían en marcha la primera fase del programa de acogida para refugiados. Nadie les dijo nada sobre el tema.

«Pensábamos que nos habían cogido allí simplemente porque no teníamos dónde estar, que era solo una emergencia», explica Abigail, quien por aquel entonces no tenía ninguna noción sobre cómo funcionaba protección internacional. «Conforme hemos ido viendo personas en la misma situación que nosotros nos hemos dado cuenta de algunas cosas, pero no teníamos información», añade.

Después de pasar un mes en Barcelona sin encontrar trabajo, la familia volvió a Madrid para tener la esperada entrevista para regular su solicitud de asilo. No sabían que al marcharse, de facto, estaban renunciando al recurso que les había brindado la ONG. Ya en Madrid, «en la OAR nos dijeron que ya habíamos tenido la primera fase de ayuda al refugio y que la habíamos abandonado porque no la necesitábamos», recuerda la salvadoreña.

Este problema de comunicación ha ocasionado que se les expulse directamente del programa de ayudas. «Es un sistema muy rígido que no contempla estas situaciones. Es verdad que no respondieron bien al proceso, pero eso no significa que se les pueda abandonar», denuncia Pablo Genovés, responsable de Santa María de Fontarrón.

«Que no hayan hecho algunas cosas es una falta administrativa, pero eso no puede anular todo el proceso de asilo y refugio», protesta este sacerdote de Vallecas. Además, hace hincapié en la edad de los tres hijos de Samuel y Abigail. «En el momento en que hay menores, tiene que haber ayudas. No es un debate sobre inmigración, es un debate sobre el interés superior del menor, al que hay que proteger».

Calidad y calidez

Ante la falta de respuestas de la política, la Mesa por la Hospitalidad ha puesto un marcha un cuerpo de voluntarios para atender a solicitantes de asilo y refugio. «Antes, el que acogía tenía que saber de cuestiones jurídicas y encargarse de lo material. La Mesa por la Hospitalidad pretende invitar a gente que sabe lo justo de leyes pero puede dar cenas con una sonrisa. Ofrece calidad y calidez, como dice el Papa», aclara Pablo Genovés.

Es una tarea en la que están embarcadas personas como Manuel Alonso, un voluntario de la parroquia Nuestra Señora de las Angustias que cena a diario con las personas de origen migrante que se alojan en los salones del templo. «La Iglesia y los que nos sentimos cristianos queremos estar pendientes de las necesidades de los que peor están. Queremos que nuestra fe se materialice en hechos», sentencia.