Amalia ya no tendrá que sufrir más violencia en su trabajo

Si nos referimos a la regularización extraordinaria de migrantes tan solo a través del número de personas que se podrán acoger a ella —500.000—, o utilizamos alguno de los adjetivos —por ejemplo, masiva— que estos días pueblan numerosos artículos, corremos el riesgo de deshumanizar una realidad que afecta a personas concretas. Son seres humanos con rostro, con nombre y apellidos, con una historia concreta que, en muchas ocasiones, está marcada por el dolor. Como la de Yenifer, que tuvo que abandonar con tan solo 19 años su Honduras natal, y la casa familiar, por culpa de los continuos atracos que sufría a la vuelta de la universidad. O la de Amalia, que define los primeros meses que pasó en España como «demasiado duros». 

Esta peruana tuvo que trabajar mucho. «Muchísimo», matiza. «Hubo temporadas en las que eché 16 e incluso 18 horas». Además, se desempeñó en un puesto que no tiene nada que ver con lo que había estudiado en Perú. «Soy psicóloga», explica, pero «aquí hice cosas que nunca había hecho en mi país». Limpiar, cuidar niños y, en la actualidad, servir copas y cafés. Es muy diferente a lo que estaba acostumbrada. «Trabajaba para el Estado en el área de violencia contra las mujeres. Estaba muy involucrada», asegura, sin poder aportar más datos por cuestión de seguridad. Su implicación le terminó pasando factura: «Empecé a sufrir violencia por parte de los mismos hombres que agredían a sus mujeres». Y a pesar de que «denuncié los hechos a la Policía, la violencia continuaba y tuve que terminar por marchar del país». Amalia llegó a España en agosto de 2024. Su primera decisión fue ponerse a estudiar. El coste de los cursos, sin embargo, se convirtió en un obstáculo insalvable para ella. También, al poco de llegar, solicitó asilo, así que le dieron la conocida como «tarjeta roja» y se pudo poner a trabajar legalmente. Este documento de identificación provisional certifica que un extranjero ha solicitado protección internacional y su solicitud ha sido admitida a trámite. Permite residir legalmente y, tras seis meses, trabajar en España mientras se espera la resolución final, que suele demorarse entre uno y dos años.

Amalia. Psicóloga

Se fue de Perú huyendo de la violencia perpetrada por los maridos de las mujeres a las que defendía.

«En España me siento muy segura. He tenido mucha incertidumbre, pero todo por fin se ha aclarado. Y, además, tengo a mi hija conmigo».

A priori se trataba de una buena noticia. Pero en mayo de 2025, cuando entró en vigor la modificación del reglamento de extranjería, se convirtió en una trampa. El cambio establecía que a los solicitantes de protección internacional que se les denegara su solicitud perderían la autorización de residencia y trabajo y, además, deberían esperar dos años más —viviendo ilegalmente— para solicitar la regularización por arraigo social. Anteriormente, a quienes pedían asilo les contaba el tiempo de residencia desde su llegada; por lo que, si su solicitud no era tomada en consideración, casi de inmediato podían acogerse al arraigo social. «Con la modificación del reglamento, me quedé en un limbo que me angustiaba», reconoce Amalia en entrevista con Alfa y Omega. «No quería pasar» de nuevo «por todo lo que pasé nada más llegar a España. Porque antes te hablaba de las horas de trabajo, pero es que también hubo mucha gente que se aprovechó de mí al no tener papeles», denuncia.

En este contexto, cuando se anunció el pasado lunes 26 de enero que el Gobierno iba a aprobar la regularización extraordinaria de migrantes a través de un real decreto, Amalia no pudo contener su alegría. Ya no habría más violencia ni más precariedad; y «ojalá que sirva también para que me pueda dedicar a lo que he estudiado». Con la regularización, además, ve cumplidas sus plegarias. «Siempre rezaba y en mi oración le decía a Dios que confiaba en que Él me tenía preparado algo mejor. Ahora es el momento», expresa convencida. «De hecho, hace poco me pude traer a mi hija y ahora le han aprobado ya su estancia» a través del arraigo socioformativo.

Yenifer. Sociosanitaria

Dejó Honduras en 2019, cuando solo tenía 19 años. Hoy, con 25 y muchos años de trabajo, todavía no tiene papeles.

«La inseguridad y las ganas de salir adelante me hicieron venir a España con tan solo 19 años. Creía que iba a llegar y ponerme a trabajar.

Siete años en España

En el caso de Yenifer —la hondureña que abandonó su casa con 19 años— el anuncio de la regularización la sorprendió poco después de haber pagado los 1.525 euros que le costó el curso con el que iba a poder solicitar la regularización por arraigo socioformativo; un proceso del que ha desistido a la espera de la regularización extraordinaria. «Me ha dicho la abogada que va a ser un camino mucho más rápido». A lo que no está dispuesta a renunciar Yenifer es a labrarse un futuro en España —lleva peleando por ello demasiado tiempo—, así que está convencida de seguir adelante con la formación, que ella misma se ha costeado, en el ámbito sociosanitario. «He trabajado mucho para reunir ese dinero y, aunque pueda entrar en la regularización extraordinaria, creo que es bueno seguir formándome», dice con una madurez que ella misma asegura que le faltaba cuando llegó a España en 2019. «Era muy niña. Muy inexperta. Pero he ido aprendiendo a desenvolverme con los años». En total lleva siete, lo cual hace entendible su decisión de priorizar la opción más rápida para legalizar su situación.

Durante todo este tiempo, le ha dado tiempo a pedir asilo político, a renunciar a él, a pedir la regularización por arraigo social y a ver denegado este proceso «porque la persona que me daba empleo tenía deudas con Hacienda». Se trata de un camino que Yenifer ha compatibilizado con el cuidado de personas mayores y, en la actualidad, con limpiar casas por horas.

Eva Navarrete. Abogada

Miembro de la Asociación Profesional de Abogados de Extranjería de Madrid.

«La regularización es un proceso en el que la gente se juega mucho y en el que se sufre. La noticia de la regularización extraordinaria ha sido un balón de oxígeno».

Sector doméstico

Precisamente, el sector doméstico es uno de los que más se espera que cambie tras la regularización, al ser de los ámbitos que a más gente ha empleado de forma irregular. «Date cuenta que la inspección de trabajo no actúa aquí de oficio. Nunca va el inspector a tu casa a no ser que haya una denuncia, y todo eso ha dado lugar a muchos abusos», asegura la abogada Eva Navarrete, que es miembro de la Asociación Profesional de Abogados de Extranjería de Madrid.

Ahora «toda esa economía va a salir a flote» gracias a la regularización. «Va a ser interesante ver qué efectos tiene». «Desde luego, va a dignificar el trabajo de las empleadas; supondrá mejores sueldos y más derechos». Por otro lado, «también va a encarecer mucho la contratación de estas personas. Los empleadores tendrán que afrontar un gasto grande y me imagino que habrá gente que no lo podrá pagar».

Permiso de un año

La pérdida del trabajo de algunas empleadas del hogar que vaticina Navarrete abre otra cuestión, no menor, a la que España se tendrá que enfrentar dentro de un año. «La regularización, salvo algunos casos, otorga un permiso de residencia y trabajo temporal de un año». A partir de entonces, «los beneficiarios podrán incorporarse a las figuras ordinarias de regularización previstas en el reglamento de extranjería». Es decir, quienes quieran renovar su permiso tendrán que presentar un contrato de trabajo. De lo contrario, perderían sus papeles y tendrían que volver a iniciar el proceso desde el comienzo, concluye Eva Navarrete, a la que estos días se le ha multiplicado el trabajo.