«Muchas mujeres rechazan el aborto cuando reciben ayuda»

El PSOE acaba de presentar una proposición de ley para reformar el Código Penal y así castigar con entre tres meses y un año de cárcel a quienes informen a las mujeres que acuden a una clínica abortista de su posibilidad de acogerse a otra alternativa.

La propuesta responde «a los intereses de personas que tienen vínculos con la patronal del aborto», denuncia Marta Velarde, de la asociación provida Más Futuro y de la Escuela de rescatadores Juan Pablo II.

Por su parte, la presidenta de la Federación Española de Asociaciones Provida, Alicia Latorre, opina que esta proposición de ley «está impulsada a petición de los negocios abortistas, que han perdido a muchas de sus clientas» gracias a la labor de los voluntarios que defienden la vida.

Por ejemplo, Velarde señala que solo su asociación en estos nueve últimos años ha realizado «más de 5.000 rescates directos» frente a los establecimientos abortistas, «además de los rescates indirectos que hemos hecho en este tiempo. Está claro que les quitamos mucho dinero».

Según el texto presentado por el PSOE, las asociaciones han recibido 8.000 denuncias por coacciones, algo que cuestiona Valverde: «A nosotros en estos nueve años no nos ha llegado ninguna. ¿Cómo es posible, siendo el grupo de rescatadores más numeroso de España?».

Además, cuando entran en contacto con las mujeres en las inmediaciones de uno de estos negocios, «ellas nos dan sus datos para que las llamemos y las ayudemos. Si eso fuera acoso, no lo harían», añade. «Nosotros somos muy discretos. Lo único que nos mueve es salvar ese bebé y rescatar a esa mujer. Nadie coacciona a nadie. Las ayudamos porque ellas quieren, no las obligamos en ningún momento a nada».

«Es un hecho constatable que cuando a una mujer se le ofrece ayuda, un gran porcentaje de ellas rechaza el aborto y estos centros han perdido a muchas de sus clientes, precisamente porque ha habido quien les ha ofrecido su apoyo para seguir adelante con la vida de su hijo y con la suya misma», añada Alicia Latorre en declaraciones a Europa Press.

Para Nayeli Rodríguez, responsable de 40 Días por la Vida en España, la propuesta socialista «es una forma de coartar las libertades de los ciudadanos, cuando supuestamente vivimos en un país democrático. Es un ataque a los valores que dice defender», que deja a la mujer «indefensa e infantilizándola como si no fuera capaz de decidir por sí misma. En lugar de darle ayudas o buscar de alguna manera su bienestar, se la condena al aborto y a sus secuelas».

Junto a ello, «dado que nosotros solo rezamos de forma pacífica» ante estos centros, esta propuesta «es también un atentado contra la libertad religiosa», concluye Nayeli.

Un regate al destino

Uno de los mayores activistas provida en España en los últimos años es el doctor Jesús Poveda, para quien la iniciativa del PSOE «está consiguiendo que el aborto vuelva a estar en las portadas de los periódicos y en el debate parlamentario, después de varios años en los que los más de 100.000 abortos anuales parece que no importaban a nadie».

En estos 30 últimos años asesorando a mujeres, Poveda tiene experiencia en el terreno judicial: «Todos los juicios los he ganado porque ha prevalecido el derecho a la información, por lo que me extraña que se ponga en marcha una ley que va en contra del derecho a estar informado», afirma. Para el médico, «es absolutamente desproporcionado llevar a alguien a la cárcel por repartir un folleto».

Desde hace varios años, el doctor Poveda lidera el proyecto Ambulancia Vida, que ofrece a la puerta de los centros un servicio de ecografía gratuito para mostrar a la madre la realidad de su hijo y el latido de su bebé. «Es una maravilla ver cómo reaccionan cuando ven a su hijo y escuchan por primera vez su corazón señala. Es como si pudieran regatear al destino».

«Vamos a recurrir»

En el caso de que prospere la propuesta del PSOE, «vamos a ir por la vía legal y la vamos a recurrir, por supuesto», afirma Marta Velarde. «No estamos dispuestos a mirar hacia otro lado. Y las chicas tampoco: es impresionante comprobar cómo cada vez son más las que quieren hablar».

El doctor Jesús Poveda confirma las intenciones de recurrir judicialmente, y advierte de que «me consta que en Europa y en el Congreso de los Diputados ya hay políticos dispuestos a impugnar esta ley».