Carrasco Rouco ante la ley Celáa: «El diálogo es imprescindible»

¿Cuál es su sentir general con la LOMLOE?
En primer lugar, de expectativa. La aprobación de una ley de educación es un hecho de gran importancia. En segundo lugar, de preocupación. El bien de la libertad de enseñanza es muy grande, los derechos de las familias y los padres son fundamentales. Y, examinando el proyecto, vemos el riesgo de que no se promuevan. En tercer lugar, la urgencia del diálogo. La educación es una riqueza de la sociedad, que es plural y de la que formamos parte como Iglesia católica. El diálogo es imprescindible también para respetar la libertad y la pluralidad en la comprensión y puesta en práctica de los grandes valores sobre los que la ley quiere fundamentarse.

¿Han mantenido algún encuentro con la ministra?
Lo hemos pedido y estamos esperando su respuesta. Es posible que tenga lugar en breve, como deseamos.

¿Estaría la Iglesia dispuesta a ceder en algún aspecto?
Con respecto a los bienes y derechos fundamentales de la persona nadie, supongo, se plantea ceder. En las formas de su articulación, pueden darse soluciones diversas. En este ámbito se abren posibilidades de diálogo y de consenso. Por ejemplo, pueden existir formas diversas de integrar la asignatura de Religión católica en su área curricular o de asegurar el estatuto de su profesorado. Como también pueden entenderse de varios modos los Valores cívicos que integra el proyecto en el currículo, bien sabiendo que no pueden consistir en la transmisión de una antropología o una ética privilegiada por el Gobierno, lo que no se correspondería con un sistema democrático y aconfesional.

¿Qué acciones se plantean si la ley sale adelante?
Continuar un trabajo cultural que nos ayude, a nosotros y a toda la sociedad, a comprender y valorar mejor lo que significa la libertad de enseñanza, los derechos de los padres, la justa laicidad del Estado, la dignidad académica de una escuela cristiana, la Religión, etc. Y mantener las vías del diálogo con los protagonistas de nuestra vida política; pues no solo respetamos a nuestros gobernantes, como siempre ha enseñado la Iglesia, sino que apreciamos nuestro actual marco democrático y constitucional. Por otra parte, es de suponer que intentaríamos salvaguardar en lo posible los espacios de libertad en el ámbito jurídico, también con los medios jurídicos que están a disposición en nuestra sociedad para la defensa de los derechos y libertades de todos.