Al menos 2.000 civiles murieron violentamente en el este de RD Congo en 2020

La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) alertó el martes sobre los abusos que cometen constantemente en la zona oriental de la República Democrática del Congo los grupos armados. Tan solo en 2020, estos dejaron más de 2.000 civiles muertos en las tres provincias de esa región: Ituri, Kivu del Norte y Kivu del Sur.

Además, en los últimos dos años los grupos irregulares provocaron el desplazamiento de casi dos millones de personas en Kivu del Norte. Durante el mismo periodo, el país sumó un total de cinco millones de desplazados. En una rueda de prensa en Ginebra, el portavoz de ACNUR, Babar Baloch, expresó alarma por esas atrocidades y afirmó que se han convertido en «parte de un patrón sistemático para perturbar la vida de los civiles, infundir miedo y crear estragos».

«ACNUR ha recibido denuncias sobre grupos armados que han ocupado escuelas y viviendas, han prohibido las clases y han atacado centros de salud en Masisi y Lubero», detalló Baloch. A finales del año pasado, esos grupos empezaron a cobrar un impuesto a las personas por entrar a sus cultivos, privando así a muchas familias de su única fuente de alimentos e ingresos.

Contra los desplazados

«Los asesinatos y secuestros han continuado en Kivu del Norte este año». La agencia ha recibido testimonios de violencia selectiva que señalan que entre diciembre de 2020 y enero de 2021, hubo al menos siete incursiones en cinco puntos distintos de Masisi.

Los rebeldes agreden a las personas o comunidades cuando «sospechan» que colaboran con agrupaciones contrincantes o con las fuerzas de seguridad congoleñas. Algunos lugares están amenazados por varios grupos y los civiles quedan atrapados en medio de los enfrentamientos.

Las milicias también ponen en su punto de mira a los civiles desplazados. El 24 de enero, una mató a dos hombres e hirió gravemente a otros seis en un asentamiento de desplazados en Masisi, Kivu del Norte», informó Babar Baloch. Agregó que una semana antes de ese ataque, otra secuestró a tres personas que vivían en un campamento en Kivuye, Masisi. Esa misma también ha impuesto en la zona un toque de queda, después del cual van a las casas para cobrar a las familias una cuota «por su seguridad».

Un 21 % más que en 2019

Según la Oficina Humanitaria Conjunta de Naciones Unidas en República Democrática del Congo (UNJHRO por sus siglas en inglés), la realidad es incluso peor. A finales de enero, este organismo informó de un aumento del 21 % de las violaciones de los derechos humanos en el país en 2020 respecto a 2019. Fueron en total 7.909 casos de abusos, de los cuales el 93 % se produjeron en las provincias orientales. Las muertes, afirmaban, podrían ser casi un 50 % más de las recogidas por ACNUR, alcanzando las 2.945 víctimas civiles.

Es la misma situación de la que lleva advirtiendo la Iglesia desde hace tiempo. En enero, la Asociación de las Conferencias Episcopales de África Central (ACEAC) y la Conferencia Episcopal Nacional del Congo (CENCO) llevaron a cabo una misión conjunta para conocer de primera mano la situación. «¡Siempre hay guerra!», exclamó a su cierre Marcel Madila Basanguka, arzobispo de Kananga, que estuvo al frente de la delegación.

Los obispos encontraron «mucho sufrimiento» y una «gran miseria» entre la población, que «se siente abandonada». Tras visitar Butembo, Beni, Bunia, Ituri y Goma, elaboraron un memorándum que han puesto a disposición de las autoridades y de la sociedad.

Falta solidaridad internacional

La agencia de la ONU para los refugiados reconoció que el ejército de la República Democrática del Congo ha logrado cierto avance contra las milicias. Pero advirtió de que al no tener aún la capacidad de mantener el control de las áreas que asegura, deja espacio para que esos grupos recuperen los espacios e impongan el terror entre la población.

En este contexto, subrayó la urgencia de mantener la asistencia humanitaria a los desplazados e instó a los donantes internacionales a aportar los fondos necesarios para ese trabajo, toda vez que solo ha recibido el 6 % de los 162 millones de euros que precisa para sus operaciones en ese país. Más de 88.000 personas desplazadas residen en 22 sitios asistidos por ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones. Muchos otros viven en asentamientos espontáneos, mientras que alrededor del 90 % se alojan en comunidades de acogida.