Afganistán: maltratos «inhumanos, crueles y degradantes»

Hace un año por estas fechas comenzaban a materializarse los peores presagios. Los talibanes, espoleados por el anuncio de la retirada de las tropas estadounidenses después de 20 años, comenzaban a conquistar cada vez más territorios de Afganistán. A finales de julio controlaban la mitad del país. En menos de un mes entraron resistencia alguna en Jalalabad y después en Kabul.

Desde entonces, de acuerdo con los datos recabados por la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán, UNAMA, se han producido ejecuciones extrajudiciales, torturas y detenciones arbitrarias perpetradas por los talibanes. Ante tal régimen de terror, UNAMA reconoce que la violencia se ha reducido en los últimos 10 meses, pero los derechos humanos han prácticamente desaparecido, sobre todo, para las mujeres y las niñas. Por ello, concluye UNAMA que, bajo el régimen talibán, los derechos humanos no están garantizados para el pueblo afgano.

Entre mediados de agosto de 2021 y mediados de junio de 2022, la UNAMA registró 2.106 bajas civiles, la mayoría de ellas a causa del llamado «Estado Islámico en Irak y el Levante — Provincia de Khorasan». Estos yihadistas la han emprendido contra minorías étnicas y religiosas.

«Ya es hora de que todos los afganos puedan vivir en paz y reconstruir sus vidas después de 20 años de conflicto armado. Nuestro seguimiento revela que el pueblo de Afganistán, sobre todo las mujeres y las niñas, no gozan de derechos humanos», explica en su último informe Markus Potzel, Representante de la ONU para Afganistán y embajador alemán en Kabul de 2014 a 2016.

Según los datos de UNAMA, más de 118.443 personas fueron asesinadas desde diciembre de 2008 hasta el 15 de agosto de 2021. El peor período fue el mes anterior a la retirada del contingente internacional liderado por Estados Unidos, durante el cual la Misión de la ONU registró el mayor número de civiles asesinados.

Entre enero y mediados de agosto de 2021 la UNAMA reportó 2.091 muertos y 5.309 heridos, de los cuales el 40% eran mujeres y niños, víctimas del fuego cruzado entre los talibanes y fuerzas gubernamentales afganas. Mientras entre el 15 de agosto de 2021 y el 15 de junio de 2022 mataron a 700 civiles y 1.406 resultaron heridos. En este caso, los responsables fueron en su mayoría milicianos de la rama local del Estado Islámico que atacaron mezquitas, parques, escuelas y el transporte público.

Cuando terminó la guerra y llegaron los talibanes, disminuyó el nivel de violencia contra los civiles, aunque sigue siendo alto. Al mismo tiempo, a pesar de las promesas de las autoridades, como garantizar a las niñas el derecho a la educación o la amnistía general a los miembros del gobierno anterior, las violaciones de derechos humanos son una constante. La UNAMA ha registrado al menos 160 ejecuciones extrajudiciales y 56 casos de tortura de estos funcionarios de la administración del presidente Ghani. Estas ejecuciones se perpetran también contra personas acusadas de delitos ‘morales’. Este organismo de la ONU define estos asesinatos y penas como «crueles, inhumanos y degradantes». Señala asimismo que muchas de las disposiciones del llamado Ministerio de Propagación de la Virtud limitan los derechos humanos y las libertades de los afganos, sobre todo, en el caso de mujeres y las niñas. Se han verificado al menos 217 casos de tratos inhumanos y degradantes por «crímenes morales»: personas fueron golpeadas o azotadas y en algunos casos lapidadas por no ir a la mezquita a rezar, por adulterio o por haber tenido relaciones sexuales fuera del matrimonio. El ministerio talibán para la Promoción de la Virtud y la Prevención del Vicio es el que ha supervisado la mayoría de estas medidas.