Acuerdos de Paz en Colombia: líderes comunitarios reclaman en Madrid protección para los derechos humanos de las víctimas del conflicto

En un desayuno informativo celebrado esta mañana en la sede de Cáritas Española, Leyner Palacios, líder de la Coordinación Regional del Pacífico, Aurelio Jumi, líder indígena del pueblo Embera Katío, Virgelina Chará, líder comunitaria de Cali, y Elena Gómez, experta de Cáritas Colombia, ha puesto sobre la mesa la necesidad urgente de «que se protejan y restauren los derechos humanos de las víctimas del conflicto que, además, estamos arropando el proceso de paz».

Las comunidades étnicas, marginadas

Esta exigencia obedece a la constatación, señalada por Leyner Palacios, de que, a pesar de que las comunidades afectadas por el conflicto tuvieron la oportunidad de dialogar en La Habana con el Gobierno nacional y las FARC, «en la implementación del Acuerdo no se aborda de manera específica el capítulo étnico y ya se están adoptando decisiones por parte de las partes negociadoras sin contar con las comunidades étnicas». «Y así no es posible la paz», sentencia.

Leyner, que es líder de la Coordinación Regional del Pacífico, Bojayá (Chocó), perdió a su familia en la masacre de Bojayá, registrada en 2002 durante los enfrentamientos armados que en ese lugar se desarrollaron entre las FARC-EP y los paramilitares de las AUC, por el control de la zona y el acceso al río Atrato. Este trágico suceso muestra la lucha por intereses económicos y estratégicos que configura el conflicto colombiano (donde se dan la mano minería, tráfico de drogas, conexión interoceánica, megaproyectos como el de la carretera Panamericana y la cercanía de los puertos y de las centrales hidroeléctricas). Y refleja también cómo el conflicto tuvo especial virulencia en las zonas más empobrecidas del país. De hecho, el Departamento del Chocó es el más pobre del país, con un 70 % de población por debajo del umbral de la pobreza.

Paz, derechos y memoria

Su labor por la paz y la reconciliación a nivel territorial lo llevó a ser nominado al Premio Nobel de la Paz, al igual que otra de las integrantes de la misión, Virgelina Chará, líder comunitaria de Cali (Valle del Cauca), que ha dedicado 35 años a la defensa de los derechos humanos.

Virgelina ha sido amenazada de muerte cinco veces y obligada a desplazarse en otras tantas. La primera en el año 95 cuando hizo la denuncia de los daños que estaba causando la construcción de la represa en Suárez Cauca, donde 6.150 personas fueron expulsadas por una empresa extranjera. En estos hechos hubo 50 muertos y 55 desaparecidos. En 2003 vuelve a tener que desplazarse, al recibir amenazas por parte del Ejército, porque denuncia el reclutamiento forzado de sus hijos para posteriormente ser entregados a los paramilitares de la región.

Durante el encuentro informativo, Virgelina ha defendió un proceso de paz basado en la defensa de los derechos y la memoria de las víctimas. «La paz no es solo el cese de la violencia —aseguró— sino también garantía de los derechos básicos, que es algo que compete a quien tiene la responsabilidad de gobierno en Colombia, no a la guerrilla».

Reivindicó, asimismo, «el proceso de memoria como parte esencial de la construcción de la paz». «Para ello, es necesario recordar que nuestros territorios son tierra de paz, que se convirtieron en escenario de las violencias impuestas por otros», subrayó. Esta apelación a la memoria debe estar en la base de la «restauración de los derechos de las víctimas, que somos más de ocho millones y medio de personas en Colombia y si hoy hablamos de paz es porque las víctimas estamos arropando el proceso de paz».

Actualmente, Chará lidera también el proyecto Costurero: kilómetros de vida y memoria, que pretende apoyar a mujeres víctimas del conflicto en la sanación de su dolor, la reparación psico-afectiva, la reconciliación y la denuncia a través del arte, mediante la elaboración de tapices donde relatan las vicisitudes de un largo conflicto para el que exigen punto final. «Las mujeres —dijo— no queremos seguir pariendo más hijos para la guerra».

Desminado de los territorios indígenas

El retorno de las comunidades desplazadas es otro de los retos a los que se enfrentan las víctimas, una cuestión especialmente urgente para los pueblos indígenas. Aurelio Juni, vicegobernador del Cabildo Indígena Mayor del Pueblo Embera Katío, en la Quebrada Cañaveral del Rio San Jorge (Córdoba), puso voz al drama del desarraigo que el conflicto ha supuesto para su etnia.

«Nosotros hemos vivido en Colombia desde tiempos ancestrales, hasta que en 1998 llegaron las FARC, que llenaron todo de minas antipersonas, mientras que los paramilitares asesinaron a líderes comunitarios, maestros, doctores, que defendían nuestra cultura, lengua, tierra y nuestros derechos», relató Aurelio. «Nuestro pueblo, que está desplazado, quiere volver, pero no hay garantías de seguridad, por las minas y por los grupos paramilitares que están entrando, además de compañías extractivas que amenazan nuestra forma de vida».

Recordó, a este respecto, cómo en la agenda de la negociación de los Acuerdos de Paz se recogió el compromiso expreso de proceder al desminado de los territorios de las comunidades indígenas. «Exigimos que ese proceso se haga ahora, antes de que otros grupos asuman el control de nuestros territorios. El apoyo a esta demanda es uno de los objetivos que nos planteamos dentro de esta visita a Europa».

Los Embera es uno de los pueblos que ha sufrido con mayor intensidad los estragos del conflicto armado y del narcotráfico en el país. Han tenido que abandonar su territorio por el incremento de la presencia de minas anti-personales, así como los efectos sobre la salud y el medio ambiente de las fumigaciones masivas de los cultivos ilícitos. Ello está poniendo en riesgo su cultura, unidad y la autonomía sobre el territorio.

En el marco de la implementación de los Acuerdos de Paz, el resguardo Quebrada Cañaveral cobra relevancia, dado que es uno de los 5 casos priorizados por el gobierno nacional y las FARC, para la restitución, desminado humanitario y retorno al territorio.

Encuentros en el Congreso y con los organismos europeos

Como explicó Roser Gil, técnica de Cooperación de Internacional de Cáritas Española, «uno de los objetivos de esta visita a España, Francia, Bruselas y Ginebra es visibilizar la realidad actual de Colombia, dominada por la presencia de actores armados en varios territorios, la falta de políticas públicas de desarrollo y enormes zonas llenos de minas, así como los retos para el futuro y dar voz a las víctimas».

Durante su estancia en España, los líderes comunitarios mantendrán diversas reuniones en el Congreso de los Diputados, el Ministerio de Asuntos Exteriores, a las que se añadirán sesiones informativas en la ONU y Parlamento Europeo la próxima semana.

Liderazgo y apoyo de la red Cáritas

Cáritas Española lleva casi 40 años trabajando en ayuda humanitaria y proyectos de desarrollo y de construcción de paz en Colombia con comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas.

Esta presencia en el país andino ha caminado de la mano de la Iglesia y la Cáritas de Colombia, que, como expuso Elena Gómez, experta de Cáritas Colombia, ha mantenido durante décadas un compromiso estrecho con los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afrocolombianas. Su papel ha sido especialmente activo en el apoyo al diálogo social a favor de la desmovilización y de la paz.

El rol de Cáritas Colombia ha sido decisivo en las negociaciones y en la defensa del derecho a la reparación integral de las víctimas del conflicto armado. En esta labor, la red Cáritas ha mantenido un apoyo permanente a través del trabajo desarrollado dentro del grupo de Trabajo por Colombia de Caritas Internationalis, donde Cáritas Española participa de manera destacada.