La CEE y el Gobierno firman un acuerdo para atender a víctimas de abusos sexuales a través del Defensor del Pueblo

El Ministerio de Justicia, la Conferencia Española de Religiosos (CONFER) y la Conferencia Episcopal Española (CEE) han firmado este jueves, 8 de enero, un acuerdo para la atención a las víctimas de abusos sexuales cuyos casos no han tenido recorrido judicial y que no deseen acudir directamente a la comisión PRIVA establecida por la Iglesia.

La Iglesia en España y el Gobierno han acordado abrir una vía a través del Defensor del Pueblo, cuya figura estaba avalada por varios miembros de la CEE. La integridad con la que ha actuado Ángel Gabilondo, tal y como explicó Alfa y Omega, se percibe como garantía ante los retrasos de Gobierno en esta materia.

El acuerdo ha sido suscrito por Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes; Luis Argüello, presidente de la CEE, y Jesús Díaz Sariego, presidente de la CONFER. Llega después del aval de la última Asamblea Plenaria de la CEE.

Este sistema acordado de reconocimiento y reparación tendrá el criterio técnico de la Oficina del Defensor del Pueblo, la evaluación de la comisión del PRIVA, el consenso Iglesia católica-Estado y la participación de las víctimas. El procedimiento a seguir será el siguiente: la Oficina del Defensor del Pueblo estudiará los casos presentados y propondrá un cauce de reparación que será estudiado y evaluado por la comisión PRIVA establecida por la Iglesia. Los criterios de valoración de los casos y de la baremación de la reparación de la Oficina del Defensor del Pueblo y de la comisión PRIVA serán homogéneos. En caso de discrepancia de la valoración una comisión mixta estudiará el caso que, en última instancia será establecido por el Defensor del Pueblo tras escuchar al presidente de la CEE o de la CONFER según el caso.

Para la firma del acuerdo, el Gobierno se ha comprometido a abordar la reparación integral de todos los menores víctimas de abusos sexuales en cualquier ámbito de la vida pública, tal y como solicitaba la Iglesia. Además, el Gobierno ha aceptado que las reparaciones económicas estén exentas de tributación, especialmente del impuesto sobre la renta.

El sistema establecido no está basado en la imposición de una obligación jurídica, sino en el compromiso moral de la Iglesia y el mutuo acuerdo de las partes. Es una vía temporal con una duración de un año (prorrogable otro año más), para aquellas causas que no hayan tenido y no puedan tener recorrido judicial bien por la prescripción del delito o bien por la muerte del victimario.