Activistas denuncian el aumento de la represión y la violación de derechos sociales en Cuba
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos documentó casi 3.500 casos de detenciones y retenciones arbitrarias, y que el 64 % de la población vive con menos de 0,90 euros al día
La activista cubana Nelma Ismarays Ortega está convencida de que el incremento de la represión y las limitaciones a las libertades en Cuba durante 2020 responde a «los últimos zarpazos» del régimen. Ello, a pesar de que el aumento ha sido tal que, según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, coloca al país a las puertas de un proceso similar a la Primavera Negra de 2003, afirma el Observatorio Cubanos de Derechos Humanos (OCDH).
Ortega participó el jueves en la presentación virtual del informe anual de este organismo, que detalla cómo «el Estado cubano no solamente sigue funcionando al margen de los derechos humanos, sino contra estos, incluso contra aquellos que establecieron en su propia Constitución». Para el OCDH, la elección en 2018 de Miguel Díaz-Canel «no ha supuesto una mejoría en casi ningún aspecto».
El informe anual recoge que la represión en 2020, «además de mantener antiguos elementos como las detenciones arbitrarias, también ha sido más expansiva, alcanzando a sectores sociales como el de la cultura e incrementando sus acciones contra el periodismo alternativo». Las agresiones físicas y el exceso en el uso de la fuerza, incluso la letal, fueron elementos presentes en las actuaciones policiales durante 2020. El caso que más impactó a la sociedad fue la muerte del joven negro Hansel Ernesto Hernández Galiano, de 26 años, producto de los disparos recibidos de la policía en La Habana. Los familiares denunciaron que le habían disparado por la espalda.
Tres olas represivas
Según el informe, han ocurrido durante 2020 al menos tres olas represivas en Cuba: una en junio por las protestas por la muerte de Hansel Ernesto; otra en septiembre, en respuesta a la Revolución de los Girasoles; y una en noviembre y diciembre contra el Movimiento San Isidro y otros grupos de la sociedad civil. Además, los observadores y colaboradores del OCDH documentaron 1.798 detenciones arbitrarias, al menos 216 con violencia, y hasta 1.647 las retenciones forzosas de activistas en sus casas.
A este acoso policial se suma en ocasiones otra forma de represión más suave, que las tres activistas participantes en la presentación del informe han sufrido en los últimos meses: la orquestación de actos de repudio, en los que se convoca a gente para acudir al domicilio de los activistas o de personas de otros ámbitos e insultarles o gritar eslóganes castristas.
Acosadores obligados
La periodista Iliana Hernández, que mostró la grabación de uno sufrido por ella misma, se lo intenta tomar con humor. «Hacen un papel lamentable. Estos actos ya no tienen ningún valor en Cuba porque todos sabemos por qué quienes van se prestan para ello. Son obligados o están chantajeados», por ejemplo para no ser perseguidos por pequeños delitos. La conservadora de arte Anamelys Ramos compartió este diagnóstico y contó cómo, cuando se organizó uno contra ella, «al decirles yo a las mujeres que podían ser mis madres, ellas no sabían qué decirme hasta que los policías que había se lo iban diciendo».
Ramos también denunció cómo «el Estado se vale de las instituciones públicas para ejercer su control ideológico y político», citando otro acoso sufrido por Nelma Ismarays Ortega. Al terminar la huelga de hambre de cinco días realizada por ella y su marido para exigir el cese de la represión, un grupo de representantes de las autoridades sanitarias se presentaron en el centro donde reparten comida diciendo que había habido entre los beneficiarios un caso de COVID-19 y tenía que cesar la distribución de alimentos.
Pobreza extrema
El empobrecimiento y deterioro de las condiciones de vida de los ciudadanos fue efectivamente, según el OCDH, la segunda característica del año pasado. «Durante años se dijo que en Cuba no existía la pobreza extrema, pero cada vez hay más estudios que dicen que sí hay y que es muy fuerte», subrayó Ramos durante el encuentro virtual.
Los datos muestran que, en el segundo semestre del año, el 21 % de las familias de Cuba vivía con menos de 20 dólares al mes, casi el doble de lo registrado en enero (11 %). Considerando una media de tres personas por hogar, el 64 % de los cubanos vivía con menos de 0,9 euros al día.
El 77 % de los cubanos manifestó una situación de escasez severa o moderada; y el 42 % afirmó tener «problemas incluso para comprar lo más esencial para sobrevivir»; con lo que para seis de cada diez familias, los alimentos de la libreta de racionamiento cubren solo entre cinco y diez días al mes. Más de la mitad de los ancianos deja de hacer una comida al día.
«El malvivir es consecuencia del régimen»
Ortega, que también es médico, compartió algunos de los casos que atiende, como los de casi una veintena de madres con cuatro o cinco hijos, algunos con necesidades especiales, que le piden ayuda. «Una llegó llorando porque llevaba tres días dando a sus hijos agua con azúcar» como único alimento «y se le había acabado el azúcar». Con el incremento de los precios, muchas familias solo pueden permitirse comprar medio kilo de pollo dos o tres veces al mes.
«Cuando hay sarna en un país significa que se ha sobrepasado el nivel de pobreza», añadió Hernández, que compartió también cómo muchos médicos recomiendan remedios naturales porque saben que los pacientes no van a poder acceder a medicinas. En este contexto, siguen floreciendo el mercado negro y otras vías de acceder a recursos básicos. «Estamos abocados continuamente a recurrir a canales ilegales, y la Policía luego usa esas cosas para amenazarte cuando criticas» al régimen, apuntó Ramos.
«Hay que combatir la falsa conciencia», añadió, «de que la gente se va del país por no tener posibilidades económicas pero no por política, y hacer entender a la gente que el malvivir es consecuencia de un régimen político». Como señalaba el informe del OCDH, «no se puede decir que la vulneración de los derechos sociales sea producto solamente de una coyuntura económica, sino al fracaso total de un sistema que prometió tácitamente derechos sociales a cambio de libertades políticas y que ahora ha dejado a once millones de cubanos sin una cosa y sin la otra».