«Ningún obispo está por encima de la ley»

Vos estis lux mundi es el nombre del motu proprio que entrará en vigor, a nivel mundial, el próximo 1 de junio. «El Papa quiere que cuando exista un problema nosotros hablemos, el silencio o encubrir los crímenes no es una actitud justa. Quien habla debe ser protegido, quien sufre debe ser escuchado, acogido, ayudado», añadió Scicluna, arzobispo maltés y secretario adjunto de la Congregación para la Doctrina de la Fe.

Él es, quizás, el clérigo más capacitado en materia de abusos. Reconocido por su seriedad, su historial incluye las investigaciones contra el fundador de los Legionarios de Cristo, Marcial Maciel Degollado o el poderoso sacerdote chileno, Fernando Karadima. Sobre el nuevo decreto papal, asegura que se trata de «una señal muy fuerte» de congruencia, porque «nadie en la jerarquía está por encima de la ley».

«Ahora tenemos una ley universal que determina las etapas fundamentales para la investigación de un obispo, un superior mayor religioso o (superiora) religiosa, dando la señal de que los líderes están siempre sometidos no solo a la ley de Dios sino también a la ley canónica. Deben responder por los crímenes que han perpetrado, no existe inmunidad a la hora de analizar un delito cometido por una persona que está en la cúpula», continuó.

Y se puso él mismo como ejemplo: «Si yo cometo algún error, deben decírselo al Papa: “Nuestro obispo es una mala persona”. La gente debe saber que los obispos están para servir al pueblo, no están por encima de la ley y si hacen el mal deben ser también denunciados, deben ser sometidos a los procedimientos».

Con esas palabras, Scicluna tocó una de las teclas más sensibles de la crisis por los abusos que ha sacudido el corazón mismo de la Iglesia católica en las últimas décadas: la rendición de cuentas de quienes sabían y no actuaron, escondieron, minimizaron, impusieron el silencio a las víctimas. No fueron pocos; muchos de ellos ocupaban los más altos puestos en la cadena de mando eclesiástica. Su acción negligente agigantó el problema.

Por eso, en su decreto el Papa urgió a «seguir aprendiendo de las amargas lecciones del pasado». Estas lecciones le llevaron a escribir una normativa clara y de concreta aplicación. Además de considerar los delitos de abuso con un menor o una persona vulnerable, incluye también los actos sexuales cometidos «con violencia, amenaza o mediante abuso de autoridad». Así, también los adultos son protegidos, especialmente seminaristas o las novicias.

Nuevos procedimientos

No solo esos crímenes serán investigados según los nuevos procedimientos, también todas aquellas acciones cometidas por obispos y superiores que consistan en «acciones u omisiones dirigidas a interferir o eludir investigaciones civiles o investigaciones canónicas, administrativas o penales, contra un clérigo o un religioso».

Como explica Juan Ignacio Arrieta, secretario del Pontificio Consejo para los Textos Legislativos en declaraciones a Alfa y Omega el texto no crea sanciones penales nuevas, su objetivo es «garantizar la acogida de quejas, la gestión y una fidedigna transmisión de las denuncias hacia quienes deban verlas y juzgarlas». No se trata, entonces, de un nuevo código eclesiástico ni mucho menos. Ese ya existe, está vigente aunque en proceso de «revisión», para actualizarse tanto en estos aspectos como en otros. También la Congregación para la Doctrina de la Fe está ultimando un vademécum para hacer efectivas las disposiciones contempladas en el motu proprio del Papa.

¿Por qué era necesaria, entonces, una nueva ley? Por la falta de una normativa universal que indicase, exactamente y sin ambigüedades, cómo actuar y en qué plazos a la hora de recibir una denuncia. Así, el nuevo decreto papal apunta por un lado a facilitar la presentación de quejas y a proteger tanto a las víctimas como a sus familias. Por otro, establece con claridad los canales para el procesamiento de los casos, desde que se reciben las denuncias hasta que estas son enviadas a los tribunales canónicos en Roma, responsables, en última instancia, de procesarlas y dictar sentencia.

Para facilitar la recepción de denuncias, el Papa dispuso que todas las diócesis del mundo creen –en los próximos doce meses– uno o más sistemas, estables y fácilmente accesibles al público, para presentar los informes. Pueden ser ventanillas especiales, oficinas en la propia curia, números telefónicos anónimos o sitios web. Cada uno según las propias necesidades.

Arrieta precisa que los afectados deben ser tratados «con dignidad y respeto»; a ellos se les debe ofrecer atención espiritual, acogida, escucha y seguimiento, asistencia médica, terapéutica y psicológica. Y aclara que a los denunciantes no se les puede imponer obligación alguna de silencio, del mismo modo que se prohíbe cualquier represalia o discriminación contra quien haya presentado una queja.

«La ley establece procedimientos para permitir que en cualquier lugar del mundo donde se hayan producido los hechos, se encargue al obispo metropolitano de esa zona para que haga una primera investigación en el lugar, con la colaboración eventual de fieles laicos, y pueda mantenerse después una comunicación con el nuncio para que se lleve a conclusión in situ y después sea la Santa Sede la que decida, al final, con los datos recogidos», precisa Arrieta.

Es justamente la segunda parte del decreto la que establece los detalles del procedimiento. Si la denuncia es contra un sacerdote o religioso, esta debe presentarse en la oficina de cada diócesis. Pero si esta incluye al mismo obispo, se debe acudir al arzobispo metropolitano, aquel geográficamente más cercano y que es cabeza de la provincia eclesiástica. Para acusar a un arzobispo es necesario dirigirse a la Santa Sede.

En todo caso, siempre habrá un responsable de investigar los hechos en cada lugar. La confidencialidad de las personas implicadas siempre deberá estar protegida, así como la presunción de inocencia del acusado. Las pesquisas no pueden superar los 90 días, salvo excepciones.

No basta la vía punitiva

«Es cierto, habrá bloqueos, la tarea no es fácil pero la Santa Sede está para facilitar la obligación de investigar y donde existan problemas se deben dirigir a ella, que tiene la jurisdicción para responder cuando existan dificultades que para el metropolitano podrían ser infranqueables», reconoció Scicluna.

Y ponderó que el decreto papal no afecta la jurisdicción del Estado, que –aclaró– debe ser siempre respetada, especialmente en aquellos lugares donde la denuncia es una obligación. Así lo indica por escrito el motu proprio, en su artículo 19: «Estas normas se aplican sin perjuicio de los derechos y obligaciones establecidos en cada lugar por las leyes estatales, en particular las relativas a eventuales obligaciones de información a las autoridades civiles competentes».

Si bien las normas aprobadas por el Papa han sido recibidas como un significativo paso adelante, no satisfacen a las asociaciones de víctimas más críticas. El punto más discutido corresponde a la eventual obligatoriedad de denuncia también a la autoridad civil.

Así lo escribió Francesco Zanardi, de la asociación italiana Rete L’Abuso: «En el documento desapareció completamente cualquier forma de colaboración o indicación de denuncia a la autoridad civil del país donde los crímenes son cometidos, la única solución que haría efectiva la justicia una vez cada tanto a las víctimas, pero es más que evidente que estas no están en el interés de la Iglesia».

Al día siguiente de la presentación del motu proprio, el propio Papa, en un encuentro celebrado con 850 superioras generales de unos 80 países, reconoció que «algunas organizaciones de víctimas no están satisfechas con la reunión de febrero y entiendo muy bien por qué». «Nunca olvido el sufrimiento de estas personas», añadió. «Nosotros, siempre cerca de ellos, debemos caminar dentro de este proceso con seriedad y convicción».

A su juicio, este proceso «lleva tiempo, maduración, conciencia», y no basta con la vía punitiva. «Podríamos haber ahorcado a 100 sacerdotes culpables de abuso en la plaza de San Pedro, pero no hubiéramos resuelto nada», dijo.