«Aborrecí ser periodista, pero es una misión de vida por mi país»

De 32 años de carrera, el periodista mexicano Rodolfo Montes lleva 17 cubriendo el narcotráfico. Empezó cuestionando «de dónde sacaban algunos políticos tanto dinero para sus campañas». Así descubrieron el «fuerte vínculo de los partidos con estructuras criminales», hasta el punto de que «en muchas regiones se viven verdaderos narcoestados». Luego, los distintos grupos «empezaron a pelearse entre sí».

Cuando el 5 de enero México detuvo a Ovidio, hijo del Chapo Guzmán, líder del Cártel de Sinaloa, le dolió no poder cubrir la noticia. Se había visto obligado a exiliarse para no ser el siguiente en un país donde en 2022 fueron asesinados, según la Federación Internacional de Periodistas, once comunicadores, solo uno menos que en Ucrania. Según otras organizaciones, podrían ser más.

Iberoamérica, región de peligro

Según la Federación Internacional de Periodistas, de 68 asesinatos de periodistas en 2022, 28 ocurrieron en Iberoamérica. Hubo, además de los once de México, cuatro en Colombia, dos en Brasil y Honduras y uno en Chile.

«Me queda la satisfacción de ser el primero en abrir la brecha» sobre Ovidio. Montes llevaba desde 2016 investigando cómo «se había convertido en el rey» del tráfico de fentanilo, en colaboración «con la mafia china». También la relación entre esto y «lo que está sucediendo en Zacatecas, con ejecuciones a diario». Sabía que la investigación lo ponía en peligro. Al principio se resistió a entrar en el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Cuando al final cedió y logró entrar, constató los fallos que hacen que compañeros bajo protección acaben muertos. Salva la profesionalidad de los escoltas, pero critica la «indolencia» y lentitud, la «falta de empatía» y el exceso de burocracia en las decisiones.

El 8 de julio recibió una amenaza de muerte explícita. La siguieron otras dos, con un «qué bien se ve tu hija vestida así». Quien lo llamaba se presentó como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. Unos días después, «descompuesto y roto», pidió públicamente al jefe de la banda que le confirmara si iban a por él. Este lo negó en redes sociales. «Sé quién quiere matarme», asegura: funcionarios públicos a los que ha investigado.

Ahora, además de estar fuera de su país, tiene que convivir con la idea de que también su hija lleve escolta. Se siente «viejo y cansado». En algún momento «aborrecí ser periodista, pero es una misión de vida por mi país. Muchos me han dicho: “¿Qué has ganado?”. No lo sé, pero por mí no ha quedado».

Jaime Armendáriz no ha estado tanto en el punto de mira. Aunque perdió a una colaboradora, asesinada en 2017, y ha tenido a una compañera desplazada. Lo que lo llevó al límite fue cubrir el asesinato el pasado junio de dos jesuitas en la sierra Tarahumara. «Nos pegó mucho, porque habíamos trabajado con personas de sus comunidades». Ahora se ha integrado en el programa Barcelona Protege a Periodistas de México, del Ayuntamiento de la Ciudad Condal, buscando un «respiro» para cuidar su salud mental.

Su medio, Raíchali Noticias, es casi el único que cubre esta zona, donde tiene una enorme presencia el crimen organizado. No solo producen y trafican con droga, sino que «empiezan a controlar la venta de alcohol y la tala de árboles». Incluso manejan candidaturas electorales. Trabajar en este ambiente «es durísimo». Los seis periodistas de Raíchali, incluidos dos compañeros indígenas, han creado sus propios protocolos de seguridad en contacto continuo con las comunidades. A veces envían sus reportajes a la Alianza de Medios de Periodistas de a Pie, una red de pequeñas empresas locales de comunicación, para publicarlos sin ponerse en el punto de mira. También están acostumbrados a tratar con los religiosos. «Nos facilitan movernos en zonas que no conocemos». Además, antes ir con ellos era sinónimo de protección. Ahora ya no.