A las cuidadoras «cada vez les piden más y el desenlace es el mismo», acabar despedidas
Entidades como el Servicio Jesuita a Migrantes y Cáritas exigen que haya protocolos antiacoso y prevención de riesgos laborales
Vilma se ha librado porque «mi empleadora es un amor». Por eso, aunque nos pide cambiarle el nombre, cuenta a Alfa y Omega sin miedo a represalias cómo a sus compañeras de gremio, que cuidan a personas mayores, «cada vez les van pidiendo más y más y el desenlace es siempre el mismo»: acabar despedidas y sin indemnización debido a su situación de irregularidad. Es una dinámica que ella misma sufrió durante sus primeros años en España, pues «una no exige por no perder».
La hondureña, que es madre de dos niños pequeños, explica cómo cuidar de un mayor dependiente «es casi tan demandante como tener un bebé». Y aunque ha tenido muy buena relación con los ancianos con los que ha trabajado, reconoce que «hay conflictos cuando empiezan a perder su memoria y olvidan dónde está su dinero». «Eres la única que está en casa», explica, por lo que, aunque los billetes acaban apareciendo, no son extrañas las sospechas de robo alimentadas por el racismo. Otras veces, «los hijos se van de vacaciones y tienes que cuidar al mayor más días, pero te pagan igual y lo aceptas porque lo ves preferible a la nada». En definitiva, «no están delimitadas las funciones».
Tras pasar por la Asociación Claver —dependiente del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) y afincada en Sevilla— Vilma conoció las historias de otras mujeres y «aprendí a decir que no». «Ya dices bastante que sí por miedo a perder el trabajo», considera. Con dos reuniones semanales, «nos vamos educando en nuestros derechos». Por ejemplo, cuando se quedó embarazada de su segundo hijo, «me explicaron dónde acudir y los procedimientos legales a seguir».
La entidad es una de las autoras de Cuidar con derechos, vivir con dignidad, un informe presentado con motivo del Día Mundial de las Trabajadoras del Hogar que se celebró el pasado domingo. Entre sus investigadoras está la paraguaya Sylvia Villalba, miembro de la Fundación ECCA Social y del área de mujer del SJM. Detalla que para la elaboración del documento se ha entrevistado a empleadores y, sin criminalizarlos, se explican «las condiciones que marca la ley» para contratar a una cuidadora. Unos requisitos que a menudo no se cumplen por negligencia de los contratantes, pero otras porque «hay familias vulnerables o con pensiones muy bajas» con necesidad imperiosa de un acompañante.
Ya hay conquistas
También es cierto que ha habido avances. Tras la ratificación del convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, desde 2022 las trabajadoras del hogar tienen derecho a prestación por desempleo por las horas trabajadas a partir de entonces, aunque no por las anteriores. Además «desaparece la figura del desistimiento, una posibilidad de despido sin ninguna necesidad de causa justificada», explica Tamar Arranz, técnico del equipo de Economía Solidaria de Cáritas Española, quien detalla que esta cláusula era «muy problemática».

En cuanto a los horizontes hacia los que caminar, Arranz considera primordial custodiar la salud de las cuidadoras y prevenir los accidentes. No obstante, es consciente de que «como este trabajo es en un domicilio particular, las inspecciones de trabajo están muy limitadas». Para sortear este escollo sin invadir la intimidad de los vulnerables a los que estas mujeres asisten, la técnico explica que desde Cáritas se está trabajando —en colaboración con otras entidades como la Plataforma por un Empleo de Hogar y Cuidados con Plenos Derechos de Madrid— para que estas profesionales «se integren dentro del sistema de prevención de riesgos laborales». Asegura que «van a tener reconocimientos médicos y se va a obligar a realizar informes de riesgos laborales del domicilio y protocolos de protección contra el acoso». Para evitar que «estas medidas recaigan en los empleadores, que son personas y no empresas y no tienen la misma capacidad para mantener los contratos», Arranz se hace eco de una petición mayoritaria de estos particulares que dan trabajo: «Necesitan ayudas para garantizar estas condiciones». «Sabemos que las familias empleadoras están asumiendo un esfuerzo importante con muchas ganas, la mayoría quiere hacerlo bien y es importante que la Administración tome medidas para la contratación», concluye.