Los ocho procedimientos legislativos que no verán la luz

Las elecciones generales convocadas de forma anticipada por Pedro Sánchez han tenido un impacto directo en la actividad parlamentaria, que se ha interrumpido de forma abrupta dejando en el aire unas 300 normas que se encontraban en tramitación.

Una primera lectura sobre esta cifra revela la burocratización del sistema español. «La realidad es que vivimos en Estados que son súper legislativos», coincide Jesús Avezuela, director general de la Fundación Pablo VI y letrado del Consejo de Estado, que aboga por un «equilibrio».

Ahora, sin embargo, el contador vuelve a cero al decaer todos los procedimientos legislativos. No obstante, hay algunos que sí verán la luz antes de la formación del nuevo Gobierno. Ahí entra en juego la Diputación Permanente, entre cuyas «funciones está la de convalidar o derogar los reales decretos leyes» presentados por el Gobierno.

El mejor ejemplo se encuentra en la vivienda. Los decretos presentados por el Ejecutivo a raíz de la acampada de Sol fueron rechazados por el Congreso, lo que provocó el adelanto electoral. Tras la disolución de las Cortes, el equipo de Sánchez los volvió a presentar —ligeramente modificados— como real decreto ley. Y ahora se espera que la Diputación Permanente —donde hay una hipotética mayoría del bloque de izquierdas— los convalide. La votación, precisamente, tendrá lugar a este mismo jueves.

Al igual que la vivienda, el Consejo de Ministros ha ampliado las prestaciones de la Seguridad Social para algunos colectivos y también ha sacado adelante el Plan de Acción de Juventud; un ramillete de medidas al que pronto se sumarán otras y que ha provocado que los medios de comunicación se empiecen a referir a la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros como «los martes sociales».

Fuera de ellos, obviamente por una cuestión de tiempo —quedan tan solo 17 días para las elecciones generales—, se van a quedar la inmensa mayoría de procedimientos legislativos. Algunos de ellos, como los ocho que les presentamos a continuación, tienen un hondo calado.

La ley integral contra la trata y la explotación de seres humanos vuelve a quedarse en el aire. Ante este nuevo intento frustrado, cerca de 30 organizaciones sociales reclaman a los partidos políticos que se comprometan a aprobar definitivamente esta norma en la próxima legislatura.

La futura legislación, sostienen las entidades, debe contemplar todas las formas y finalidades de la trata y la explotación, con independencia de las circunstancias de las víctimas. Reclaman que incorpore una perspectiva de derechos humanos, género, infancia, discapacidad e interseccionalidad, y que priorice la prevención, la detección, la atención y la reparación frente a una respuesta centrada en perseguir el delito.

El proyecto de ley de protección de menores en entornos digitales quería obligar a que todos los nuevos dispositivos lleven de fábrica una función de control parental y que los sistemas de verificación de la edad para entrar, por ejemplo, en las redes sociales fueran, además de «obligatorios», realmente «efectivos». Asimismo, elevaba de 14 a 16 años la edad mínima para abrirse un perfil en redes sociales. Y prohibía el acceso de los menores a las lootbox de los videojuegos, es decir, a recompensas que se pueden comprar con dinero real y que proporcionan beneficios aleatorios y son por ello especialmente adictivas.

Para Ana Caballero, vicepresidenta de la Asociación Europea para la Transición Digital, entrevistada por Alfa y Omega poco después de la aprobación del proyecto por parte del Ejecutivo, «hay una urgencia y una necesidad, que no es de ahora solamente. Es una demanda social, la de crear medidas de consenso que protejan a los menores en el entorno digital».

Desde 2015 se trabaja en España para sacar adelante la Ley de Protección de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia. El objetivo, por un lado, es atajar las muertes de los menores. Entre 2012 y 2019 al menos 144 niños y niñas fallecieron por causas violentas, según Save the Children.

La norma, además, pretendía ampliar el derecho de los niños en procedimientos que les afecten; que no siempre han estado adaptados a ellos. Así lo denunció, por lo menos, UNICEF en el documental El laberinto, donde presenta el testimonio de diferentes jóvenes implicados por distintas causas judiciales. «El mejor regalo que podemos hacerles es que se modifiquen los procesos para que sean menos traumáticos», pedía la socióloga Esther Carrasco, encargada de entrevistarlos.

La Ley de Juventud, que ahora ha decaído, era poco menos que un brindis al sol. Pretendía establecer un marco integral de políticas públicas dirigidas a los jóvenes, abordando cuestiones como empleo, emancipación, formación, participación… Para Jesús Avezuela, director general de la Fundación Pablo VI, «la juventud es un ámbito muy transversal». Hay cuestiones que afectan a «los transportes, a la educación, vivienda»…por lo que «hacer una ley específica sobre juventud es muy complicado y va a dejar fuera muchas cuestiones que luego habrá que incluir en otras normas». Por ello, «soy más partidario de regular por materias». Es decir, «las cuestiones de universidad en una ley de universidades».

El asunto no había vuelto a copar la actualidad informativa, pero la convocatoria de elecciones ha provocado que se hayan desbaratado los planes del Gobierno para incluir el aborto en la Constitución. El Ejecutivo pretendía incluir la referencia en un nuevo párrafo en el artículo 43, en el que se reconoce el derecho a la protección de la salud. «Se reconoce el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo. El ejercicio de este derecho en todo caso será garantizado por los poderes públicos, asegurando su prestación en condiciones de igualdad efectiva, así como la protección de los derechos fundamentales de las mujeres», rezaba el texto que querían introducir en la carta magna.

Su propósito no era fácil de cumplir. «Para llevarla a cabo hace falta un amplio consenso entre formaciones políticas, que en la actualidad no hay», explicaba a Alfa y Omega el que fuera magistrado del Tribunal Constitucional Andrés Ollero. La tarea se presupone difícil en el contexto político actual, pero aun así el letrado del Consejo de Estado Jesús Avezuela cree que es una cuestión que en la nueva legislatura «van a volver a plantear» las distintas formaciones políticas, advierte.

La migración ha sido uno de los temas clave de la legislatura. Cabe recordar la entrada de 80.000 personas procedentes de Marruecos en la ciudad autónoma de Ceuta. En este contexto, cabe destacar el decaimiento de la Ley de Asilo y la reforma de la ley de extranjería, que pretendían actualizar la legislación española al Pacto Europeo de Migración y Asilo. Frente al texto presentado, y que ahora tendrá que reiniciar la tramitación parlamentaria, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado alzó la voz. Concretamente, alertó sobre los graves riesgos que supone para el derecho de asilo y los derechos humanos ambas normas. La organización consideraba que no se habían atendido las reiteradas demandas de las organizaciones de derechos humanos que reclamaban un Pacto centrado en las personas y sus derechos. Entre otras medidas, reclamaban que se reforzaran las vías legales y seguras, como la posibilidad de solicitar el traslado desde embajadas y consulados para presentar la solicitud de asilo en España.

Otras dos normas que no verán la luz son la ley antitabaco, que pretendía ampliar las zonas sin humo, y la Ley de prevención del consumo de bebidas alcohólicas y de sus efectos en las personas menores de edad. A la luz del reciente informe elaborado por investigadores de la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto de Salud Carlos III, se trata de una mala noticia. Según el documento, aunque los datos van mejorando con los años, en el último año estudiado —el 2021— hubo todavía 13.887 personas mayores de 15 años que murieron por causas vinculadas al consumo de alcohol. «Pese a esta disminución, la carga continúa siendo alta, lo que pone de manifiesto la importancia de mantener las estrategias de prevención y reducción de los daños relacionados con el consumo de alcohol», explicaban los autores del trabajo.

La última norma que decae resulta preocupante ante el contexto social en el que nos movemos. Se trata del proyecto de ley orgánica para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial. Para Jesús Avezuela, director general de la Fundación Pablo VI y letrado del Consejo de Estado, «el tema es suficientemente importante para que el próximo Gobierno, sea del color político que sea, retome la norma. Estoy convencido de ello».

Se trata de un tema que trata con profusión el Papa León XIV en su encíclica Magnífica Humanitas, donde advierte: «Hay que desarmar la inteligencia artificial», al mismo tiempo que matiza que «no hay que temer» a los avances tecnológicos. La inteligencia artificial «ya influye en muchos ámbitos de nuestra vida e incluso cambia la forma en que se libran las guerras», con «sistemas de armas cada vez más autónomos», señaló el Papa.

Más allá de las armas, León XIV se mostró preocupado por la existencia «de algoritmos que dificultan el acceso al empleo y la salud». Frente a esta postura, el Pontífice destacó que «el progreso técnico puede contribuir a la vida humana». Y añadió: «No hay que temer a la IA, sino que tengamos siempre presente la cuestión humana. Nadie puede quedarse al margen de la transformación digital. Nadie puede ser reducido a meros datos. Ninguna máquina puede reemplazar a una persona».