El Patriarcado Latino de Jerusalén inicia «procedimientos legales» para proteger sus tierras

El Patriarcado Latino de Jerusalén ha tenido que recurrir a los tribunales para proteger un terreno de su propiedad en Tierra Santa. Farid Jubran, portavoz de esta institución, ha confirmado a los medios que esta «ha iniciado procedimientos legales para la protección de sus derechos en un terreno en la zona de Latrun». 

Sin embargo, no ha querido ofrecer detalles. Jubran respondía así a una noticia que afirmaba que los procedimientos a los que se refieren son una demanda de desalojo presentada contra un individuo que había allanado esta propiedad y establecido una granja allí. 

Esta misma información apuntaba que las autoridades israelíes responsables de los asentamientos de colonos judíos en Cisjordania podrían verse implicadas en el caso. Es posible que se les pida responsabilidades por la asignación de terrenos privados. 

Latrun es una localización en plena frontera entre Israel y Cisjordania. Allí se encuentra el monasterio trapense de Nuestra Señora de los Dolores, aunque Jubran no confirmó si este era el terreno afectado.

Ya ocurrió en abril

No es la primera vez que el Patriarcado tiene que tomar medidas para defender sus terrenos. El 23 de abril, la entidad anunció que se había reunido con autoridades civiles y militares sobre las invasiones de colonos de sus terrenos en Tayasir y Hamam il Maleh, en la gobernación de Tubas. 

Entonces, el Patriarcado mostró su total rechazo a estos hechos, que describió como una violación de las propiedades de la Iglesia. Reclamó la desaparición inmediata de todo el daño causado, que se evitaran futuras intromisiones en la zona y protección legal.

Además, sus representantes presentaron una queja oficial y documentada que incluía detalles sobre los ataques contra residentes locales y tierras del Patriarcado en varios lugares. A raíz de la queja «las autoridades acometieron las acciones necesarias, incluyendo el procesamiento de los responsables y la confiscación de maquinaria pesada usada para destruir la tierra y dañar» los edificios, afirmaban en un comunicado.

«Una línea roja»

«Representantes de las autoridades relevantes reconocieron la gravedad de la cuestión y se comprometieron» a solucionar inmediatamente lo ocurrido y a continuar las acciones legales contra los implicados.

«Proteger las propiedades de la Iglesia es una línea roja», aseguraron entonces desde el Departamento que las gestiona, y que fue quien inició estas acciones. «Seguiremos dando todos los pasos legales y administrativos necesarios para proteger su sacralidad, preservar su identidad eclesial, defender sus derechos y seguir apoyando a la población local», concluía el comunicado.