Ángel Aguas, de la iniciativa eclesial ITD, señala algunos retos sociales ante las elecciones del 29-N

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes la disolución de las Cortes y el adelanto de las elecciones generales al domingo 29 de noviembre.

El Consejo de Ministros se ha reunido este lunes a las 11:30 horas para aprobar el decreto de convocatoria de las elecciones generales, un texto que aparecerá en el Boletín Oficial del Estado el martes, ya firmado por Felipe VI.

Elecciones tras el caso Maricarmen

La decisión de Sánchez llega después de que el Congreso de los Diputados tumbara los dos decretos presentados por el Gobierno para atajar el problema de la vivienda, unos textos que el Ejecutivo trató de sacar adelante empujados por la presión social tras el caso Maricarmen.

Ángel Aguas, portavoz de la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente, cree que «es normal la convocatoria de elecciones» en un contexto en el que «el Congreso de los Diputados no puede atender las necesidades sociales de los ciudadanos», advierte el miembro de ITD. Se trata de una entidad eclesial que está integrada por Cáritas, Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC), Justicia y Paz y por dos instituciones que se iniciaron presentes en la acampada de Sol: Juventud Estudiante Católica (JEC) y Juventud Obrera Cristiana (JOC).

En este sentido, el también responsable de Difusión de la HOAC considera que «haría falta una mayoría amplia para atajar este problema». O, mejor aun, «un gran pacto de Estado», como propuso recientemente el secretario general de la CEE, «para garantizar la supervivencia de las normas» con independencia de la alternancia en el poder; aunque «tal y como están las cosas, parece complicado».

El gran problema

El tema de la vivienda «representa hoy la primera preocupación de las personas trabajadoras, según el CIS», señala Aguas. Precisamente, la ITD ha dedicado su campaña del Día Mundial por el Trabajo Decente, que se celebrará el miércoles 7 de octubre, a reflexionar sobre este ámbito.

«El informe FOESSA, presentado el curso pasado, documentó como la vivienda era de una de las circunstancias que más generaba más exclusión social». Ha llegado un punto, explica el experto, «en que incluso tener un trabajo digno, y un salario digno, no garantiza una vida diga».

Ante esta situación, el portavoz habla de la necesidad de «impulsar los contratos indefinidos a tiempo completo, sueldos acordes al coste de la vida y medidas que favorezcan la conciliación familiar de las personas trabajadoras». Asimismo, «hacen falta políticas públicas que garanticen el derecho a una vivienda digna y asequible, la ampliación del parque público de vivienda, que es un clamor ya, la regulación de los precios del alquiler y el cese de la especulación que expulsa a familias enteras de sus barrios».

En cualquier caso, el portavoz de ITD y responsable de Difusión de la HOAC cree que se debe abordar todas estas cuestiones desde una perspectiva integral porque son temas interconectados. «El trabajo, la vivienda, la pobreza están interrelacionados y hay que trabajar en todos los frentes para preservar la dignidad de las personas», concluye.

Fernando Prado reclama una «solución compartida y duradera»

El obispo de San Sebastián, Fernando Prado, ha llamado a afrontar la crisis de la vivienda como una cuestión de bien común y ha reclamado un «esfuerzo colectivo» que permita alcanzar «una solución compartida y duradera» más allá de los ciclos electorales. En una nota publicada este lunes, el prelado advierte de que las dificultades para acceder a una vivienda digna afectan cada vez a más personas y familias, especialmente a los jóvenes que, aun teniendo trabajo, encuentran «enormes obstáculos para independizarse, formar una familia y construir su propio proyecto de vida».

Prado recuerda que la vivienda «es uno de nuestros más graves problemas sociales» y subraya que no puede ser considerada «ni sola ni primariamente como un bien económico». «Es el espacio en el que una persona puede echar raíces, cuidar y ser cuidada, educar a sus hijos y desarrollar una vida digna», afirma.

Ante la próxima convocatoria electoral, el obispo pide a las fuerzas políticas evitar que el problema de la vivienda se convierta en un elemento de confrontación y reclama «consensos básicos» y estabilidad en las políticas para abordar una cuestión que, a su juicio, exige soluciones «realistas y duraderas». Para ello propone incorporar al diálogo a administraciones, expertos, entidades sociales, agentes económicos, propietarios, promotores y organizaciones que trabajan con personas vulnerables.

La Iglesia, añade, tampoco puede permanecer al margen. «También alcanza a la Iglesia», afirma, antes de invitar a las instituciones eclesiales a preguntarse «si los gestionamos de la mejor manera posible» y si pueden poner algunos de sus bienes «al servicio de nuevas necesidades sociales».

«Una vivienda es mucho más que cuatro paredes: es el lugar donde una vida puede echar raíces y convertirse en hogar para crecer», concluye Prado, que llama a afrontar la cuestión desde la dignidad de la persona, la solidaridad y el bien común.