Los centros católicos ante la ley

La legalización de la eutanasia formó parte del programa electoral de Emmanuel Macron durante su campaña de reelección como presidente en 2022. El proceso legislativo que culminó con la votación final en verano fue, no obstante, prolongado y se desarrolló en un contexto político inestable.

La movilización más fuerte provino principalmente de médicos y profesionales de cuidados paliativos, quienes se oponían activamente a la eutanasia. La de las instituciones católicas fue más prolongada, pero se hizo especialmente patente en los últimos meses. Francia cuenta con un número reducido de hospitales católicos (menos de 20), pero con varios cientos de residencias de ancianos, muchas gestionadas por órdenes religiosas.

El texto presentado a la Asamblea Nacional y al Senado tenía como objetivo implementar la eutanasia y el suicidio asistido con criterios de acceso muy amplios, tanto sobre los pacientes elegibles como sobre las condiciones de acceso. Además, todas las instituciones estaban obligadas a permitir esta práctica en sus instalaciones (artículo 14). Si bien los médicos, enfermeros y auxiliares contaban con una cláusula de objeción de conciencia, los farmacéuticos y directores de centros no. Si aquellos se negaban, el director estaba obligado a solicitar la presencia de profesionales voluntarios externos para practicarla.

Ante este requisito, las instituciones católicas adoptaron posturas divergentes: algunas aceptaban la práctica de la eutanasia, mientras que otras (a menudo las afiliadas a órdenes religiosas) la rechazaban rotundamente. Las direcciones de los centros de salud y sociosanitarios que se oponían a la eutanasia emprendieron acciones a nivel político: reuniones con diputados y senadores, una petición dirigida al primer ministro y propuestas de enmienda. También prepararon recursos legales ante el Consejo Constitucional (el máximo tribunal de Francia) y los tribunales europeos (TEDH, TJUE). La Conferencia Episcopal de Francia también se reunió con el primer ministro en numerosas ocasiones para instarle a modificar el artículo 14. Finalmente, algunos centros también alzaron la voz con fuerza en los medios. Fue el caso, en particular, de las Hermanitas de los Pobres, que gestionan 13 centros y consideraron la posibilidad de cederlos si se aprobaba la ley.

Finalmente, la ley se aprobó en julio de 2026, pero el Consejo Constitucional solicitó que los centros privados no estuvieran obligados a practicar la eutanasia con la condición de que un centro público cercano lo hiciera. Por lo tanto, la movilización no impidió la aprobación de la ley, pero sí preservó la libertad de las instituciones católicas.

El reto ahora es garantizar que estas instituciones usen bien esta libertad. En Bélgica, en los años posteriores a la ley de eutanasia, de 2002, la gran mayoría decidieron libremente implementarla, y muy pocas se negaron. Actualmente en Francia, las instituciones católicas que se oponen están uniendo fuerzas, con el apoyo de la Conferencia Episcopal de Francia, para brindar apoyo legal y experiencia clínica en cuidados paliativos. Para estas instituciones que rechazan la eutanasia, la ley ha brindado la oportunidad de reexaminar y profundizar en su identidad católica y de adoptar una postura firme.