Llegan 450 casos de abusos al Defensor del Pueblo

Desde el pasado 15 de abril, —cuando entraró en vigor el Protocolo entre el Gobierno de España, el Defensor del Pueblo y la Iglesia española para reconocer y reparar a las víctimas de abusos —, hasta el 31 de julio, la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo ha manejado 450 expedientes.

Según los datos que acaba de publicar el Defensor del Pueblo, 149 de estos expedientes se encuentran ya en fase de tramitación, es decir, en el final del proceso por el que se reconoce la condición de víctima y se fija la reparación.

El organismo indica que, en este período de tiempo, se han podido entrevistar a 105 víctimas. De estas, se han inadmitido cuatro casos por no englobarse dentro de lo que establece el Procologo suscrito en marzo entre la Iglesia, el Gobierno y el Defensor del Pueblo.

Esta Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo está conformada por profesionales independientes expertos en victimología, psicología, criminología, y en otras disciplinas jurídicas. Comenzó su trabajo el 15 de abril y recibe las solicitudes que le remite la Unidad de Tramitación del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

Reparación simbólica o restaurativa
El Defensor del Pueblo, una vez que estudia el caso y escucha a las partes, elabora en un plazo máximo de tres meses una valoración de reconocimiento o de denegación de la solución. Si la valoración es de reconocimiento, la propuesta de compensación del Defensor del Pueblo pasa a ser valorada por la CEE y la CONFER que, a través de la comisión asesora del Plan de Reparación para las Víctimas de Abusos (PRIVA), emite su informe sobre la misma y la reparación propuesta por dicha Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo. En caso de discrepancia, será una Comisión Mixta la que decida.

El Procotolo suscrito con la Iglesia española detalla que la reparación a la víctima puede ser simbólica o restaurativa, «orientada al reconocimiento institucional y al ofrecimiento de herramientas para el acompañamiento o la petición de disculpas, y también económica por el daño causado y por los gastos registrados en el tratamiento de las posibles secuelas físicas y psicológicas».