La RDC sufre una «campaña sostenida de violencia» con «homicidios y torturas»

Amnistía Internacional denuncia en un nuevo informe que la población civil del este de la República Democrática del Congo sufre «crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad» cometidos por las Fuerzas Democráticas Aliadas, un grupo vinculado al Estado Islámico.

El documento, titulado I’d Never Seen So Many Bodies —que podríamos traducir como Nunca había visto tantos cadáveres— debe su nombre a la cita literal de una superviviente tras un ataque en septiembre de 2025 en el que murieron más de 60 personas. Este informe describe «homicidios, secuestros y torturas» en una «campaña sostenida de violencia». La secretaria general de la organización, Agnès Callamard, advierte de que «la población civil viene sufriendo una brutalidad extrema en una campaña deshumanizadora de abusos».

«Disparaban a todo lo que se movía»

Según el informe, los combatientes «han asaltado comunidades y fincas, han atacado centros médicos, y saqueado e incendiado viviendas», contribuyendo a «una intensificación de la crisis humanitaria». Callamard subraya que «sus ataques han aumentado el desplazamiento e interrumpido servicios básicos como el acceso a alimentos, atención médica y educación».

Aparte del testimonio que da título al informe, hay otros como el de una víctima que narra cómo «después de dispararnos, empezaron a incendiar casas». Sobre otro asalto, un testigo afirma que «no podías ponerte de pie; disparaban a todo lo que se movía».

El informe documenta también secuestros masivos, trabajo forzoso y esclavitud sexual. Por ejemplo, una mujer liberada tras dos años de cautiverio cuenta que «nos enseñaron a matar, no podías ser débil». En el caso de menores, uno de los jóvenes secuestrados explica que «si te negabas, podían matarte».

Las mujeres se llevan lo peor

Especial gravedad reviste la violencia contra mujeres y niñas, obligadas a matrimonios forzados. Una adolescente relata la amenaza recibida: «O aceptas un esposo o te matamos». Muchas de las víctimas quedaron embarazadas y, tras escapar, sufren estigmatización y falta de asistencia.

Amnistía Internacional concluye que «estos abusos constituyen crímenes de guerra que el mundo no debe seguir ignorando» y advierte de que forman parte de «un ataque generalizado y sistemático contra la población civil». Por ello, reclama que «el gobierno congoleño debe tomar medidas mucho más contundentes» y la comunidad internacional debe actuar para «proteger a la población civil, garantizar la justicia y proporcionar apoyo sostenible a víctimas y supervivientes».