El Gobierno aprobará el martes la reestructuración de Presidencia para atender a víctimas de abuso en la Iglesia
El ministerio creará una oficina en la que recibir las solicitudes de reparación de las víctimas de abuso en el ámbito de la Iglesia, una medida que tiene su origen en el protocolo firmado recientemente con la CEE y CONFER
El Gobierno aprobará el próximo martes 14 de abril, en Consejo de Ministros, el Real Decreto de reestructuración del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes para incorporar una oficina en la que recibir las solicitudes de reparación de las víctimas de abuso en el ámbito de la Iglesia. Técnicamente se llamará Unidad de tramitación y con ella se dará cumplimiento al protocolo firmado la semana pasada por el Gobierno, la Conferencia Episcopal, la Conferencia Española de Religiosos y el Defensor del Pueblo.
Así lo anunció el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, el pasado martes, durante un encuentro con representantes de asociaciones de víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia.
Mecanismo «pionero»
Según informó el ministerio en un comunicado —recogido por Europa Press—, en la reunión, que se celebró en el Palacio de Parcent (Madrid), Bolaños les explicó cómo funcionará el nuevo sistema de reconocimiento y reparación.
Desde el ministerio precisaron que se trata de un mecanismo «pionero» que contempla reparaciones simbólicas y compensaciones económicas a cargo de la Iglesia, «sin tope a las indemnizaciones». No obstante, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, explicó tras firmar el documento que «se abre un nuevo paso, que no sustituye, sino que complementa a nuestra propuesta».
El papel del Defensor del Pueblo
De acuerdo con el protocolo firmado el pasado 30 de marzo, el Ministerio de Presidencia recibirá las solicitudes de reparación de las víctimas y el Defensor del Pueblo las evaluará y elaborará una propuesta de reparación que se comunicará a las partes.
Si no hubiese acuerdo, una Comisión Mixta con participación de las asociaciones de víctimas tratará de alcanzar una solución por consenso. Si no fuera posible, prevalecerá la valoración realizada por el Defensor del Pueblo.