El cortijo de los nadies

No se conoce a ciencia cierta el número exacto de inmigrantes que malviven en los cortijos almerienses, abandonados entre cientos de hectáreas de invernaderos. Según los informes de organizaciones que trabajan sobre el terreno, como Almería Acoge o Médicos del Mundo, hay alrededor de 100 asentamientos en toda la provincia, habitados por cerca de 4.000 inmigrantes, la mayoría de origen marroquí y subsahariano.

Solo en el cortijo Don Domingo, en la localidad de Níjar, viven cerca de 200 personas. Una de ellas es Antonio, un joven ghanés que cada mañana se levanta al alba y acude a la rotonda del barrio de San Isidro para esperar a que algún agricultor de los invernaderos le ofrezca el jornal del día. Cuando es temporada de fresas, se marcha a Huelva. Cuando empieza la recogida de manzanas, viaja hasta Lérida. Pero siempre vuelve a Almería, «porque en los invernaderos hay trabajo durante más tiempo», admite. Así lleva cerca de diez años. Otros son nuevos en el vecindario: llegaron en diciembre en patera, y no tienen ni papeles ni pasaporte. Su única pertenencia es la ropa que llevan puesta.

Al caer la tarde, un reguero de jornaleros africanos llenos de sudor y polvo se concentra entre los plásticos desechados que hacen las veces de techo. Son los que han tenido suerte de ser elegidos por los jefes de los invernaderos para jornalear «14 horas por 30 euros», como afirma Mercedes Eraso, responsable del proyecto de Cáritas Almería en los asentamientos de la zona de poniente. Eso, cuando se les paga. «Tenemos casos de chicos que llevan meses trabajando y no perciben ni un euro. El agricultor argumenta que no ha ido bien la campaña y que no puede cubrir gastos». La que habla ahora es la hermana Purificación Rodríguez, religiosa mercedaria que trabaja en los asentamientos de la zona de levante. Pero no todo es blanco o negro: «Es cierto que los agricultores arriesgan mucho al coger para trabajar a chicos sin papeles», señala Rodríguez. Se enfrentan a multas de más de 60.000 euros si una inspección de trabajo detecta a un jornalero ilegal. Eso la primera vez. A la tercera se considera delito penal.

Pero a veces corren el riesgo. Ocurrió con Emmanuel, un joven ghanés que trabajaba para un agricultor español. «Estuvo cinco meses sin pagarle y en esta situación el chico sufrió un derrame cerebral. Estuvo prácticamente un año en el hospital. Al final le repatriaron a su país con una enfermedad que le hacía totalmente dependiente. Sin su dinero y sin ningún derecho», recuerda la mercedaria.

La otra cara de la moneda son los trabajadores con los papeles en regla. «Hay muchos agricultores que gestionan los papeles para hacer un contrato a los chicos, y luego estos se marchan a Francia y se inutiliza el esfuerzo de los dueños de los invernaderos», explica Mercedes Eraso. Como de todo hay, también ocurre que «hay contratos en los que aparecen cinco horas, y luego la realidad es que trabajan 12 o 14», denuncia Purificación Rodríguez. Lo reafirma Alexis Pineda, concejal socialista de Níjar: «Desde el Ayuntamiento –gobernado por el PSOE desde 2015– hemos detectado que en ocasiones no se cumple lo estipulado en el convenio o que las horas extras no están cotizándose».

Muerto por intentar beber agua

Después de 14 horas de trabajo ininterrumpido les espera dormir en un palé, en un aljibe subterráneo o en un coche abandonado, y hasta jugarse la vida para beber un poco de agua. «Aquí no hay agua corriente, así que los chicos se meten en las balsas de agua que tienen los agricultores dentro de propiedades privadas para poder beber. Pero las paredes de estos pequeños embalses son inclinadas y resbaladizas, y cuando alguno se cae dentro, si no tiene ayuda exterior no puede salir», explica la religiosa mercedaria. Eso sin contar con el riesgo de ser pillados por el propietario. Una denuncia conlleva una carta de expulsión de toda la Unión Europea.

Tres años de peticiones de las religiosas junto con las organizaciones que forman la Mesa de Inmigración –Cruz Roja, Almería Acoge, Médicos del Mundo y los Servicios Sociales Comunitarios– ha costado que el Ayuntamiento nijareño instale cinco fuentes en las chabolas. Tiempo similar ha durado la lucha para que un microbús urbano pase por los cortijos de los olvidados. «Si tenían que ir al médico, debían recorrer diez kilómetros de ida y otros tantos de vuelta». Algunos lo hacían andando, otros pedían ayuda a las mercedarias y muchos lo recorrían en bicicleta, su único medio de transporte. Nada seguro, además. «En los doce años que llevo aquí han muerto atropellados una decena de chicos en la carretera que une el pueblo con los invernaderos. Varios han quedado inválidos y nadie se preocupa por ellos», añade Rodríguez.

Uno de ellos es Mady Diawara. Tenía 32 años y volvía de trabajar la tierra por una carretera secundaria. Un vehículo lo atropelló y se dio a la fuga. El chico quedó convaleciente y ahora vive en un asentamiento. «Come de lo que le ayudan los paisanos y de lo que nosotras podemos darle», afirma la religiosa. Pero «ante este atropello no se ha hecho nada, ni siquiera se ha investigado». Otro subsahariano recuerda cómo un joven español le atropelló y nervioso llamó a su novia. «Esta, al llegar al lugar del accidente, le dijo al conductor: “No te preocupes, es un negro sin papeles, no pasa nada”. El chico herido nos decía: “¿Es que soy un perro?”», sostiene la mercedaria.

Acceso a la vivienda digna

El primer paso para terminar con esta situación «sería facilitar el acceso a los papeles. Para poder regularizar su situación necesitan presentar un contrato de trabajo de un año. El problema es que la agricultura da trabajo temporal, y así es imposible que puedan conseguir un contrato anual», afirma la responsable de Cáritas. El segundo paso es promover el acceso a una vivienda digna. «Sobre todo porque otro de los requisitos para acceder a los papeles es que estén empadronados. Y si no están en una vivienda que reúna una serie de condiciones –materialmente imposible en los asentamientos– no pueden registrarse en el padrón», explica Purificación Rodríguez. «Esto requiere una inversión muy grande, pero los municipios no tienen presupuesto. Eso sí, si fuera para turismo, no habría problemas», añade Eraso. Desde el Ayuntamiento de Níjar, el concejal Alexis Pineda explica que en los últimos años las partidas destinadas a la inmigración desde el Gobierno central «han disminuido estrepitosamente». Y destaca que, de las 30.000 personas empadronadas en el municipio almeriense, «12.000 son habitantes de origen extranjero. Los Servicios Sociales ya se ocupan de ellos. No tenemos más recursos para una localidad que abarca 600 kilómetros cuadrados».

Como líneas de actuación a medio plazo, el Ayuntamiento «quiere reubicar a las familias en viviendas sociales. Otro proyecto es una propuesta que hemos hecho a los agricultores para que construyan viviendas en los invernaderos para sus temporeros». Pero estas propuestas todavía están en el aire. Mientras aterrizan, las seis mercedarias que viven en Níjar alquilan viviendas a propietarios y después las realquilan a los inmigrantes. «El que puede colaborar con el alquiler, lo hace. El que no, no», señala la religiosa. En la actualidad cuentan con cinco casas de cuatro habitaciones cada una. En una de las casas solo viven mujeres; una de ellas, una joven marroquí que vivía con su marido en un cortijo. «Se quedó embarazada de trillizas, y como era de alto riesgo, tuvo que dejar su trabajo. Al mes siguiente la Policía repatrió a su marido y ella se quedó aquí sin ningún tipo de apoyo ni ingresos», cuenta Purificación. Otra de las habitantes de la casa es una joven de Ghana que tras quedarse embarazada de mellizas fue abandonada por su pareja. «Su hermana encontró trabajo y se fue de la casa con ella y sus hijas. A los seis meses vino a visitarnos, nos trajo un saco de patatas y una garrafa de aceite. Son las patatas más llenas de amor que nos hemos comido».

El apoyo de los vecinos

No son solo las religiosas o las organizaciones locales las que apoyan a los inmigrantes. Mercedes Eraso capitanea un ejército de voluntarios de Cáritas en la Almería de poniente que cada semana visita los asentamientos. «No quiero que se presente esta realidad como terrible, porque veo cada día gestos muy bonitos de solidaridad y acogida». Vecinos de parroquias de El Ejido, Roquetas de Mar o Vícar «conocen cada casa y cada caso. Hacemos acompañamiento a las familias. Entregamos ropa, medicamentos, productos de aseo personal…». Además, «hemos montado un taller de salud y otro de español. También damos formación a las mamás con niños pequeños».