Director de Cáritas Madrid: «Es inviable acompañar a personas en exclusión sin profesionales cualificados»

—El anuncio de la regularización ha generado esperanza, pero también incertidumbre. ¿Cómo se está viviendo en Cáritas diocesana de Madrid y en la Iglesia que acompaña a tantas personas migrantes en nuestra diócesis?
—Los primeros días hubo cierto nerviosismo en el colectivo; muchos acudieron a nuestros centros y los teléfonos sonaron con frecuencia requiriendo información. Poco a poco todo se ha ido tranquilizando, ya que debemos esperar a que el real decreto sea aprobado.

—Mientras se espera la publicación definitiva en el BOE, ¿qué orientación están ofreciendo a las personas que podrían acogerse a la medida?
—En primer lugar, tranquilidad; todavía se desconocen los requisitos que se van a pedir, aunque sí tenemos algunas pistas sobre ellos. Además, les decimos que no se dejen engañar por la picaresca, que no paguen dinero por posibles citas o gestiones; todo será gratuito y contarán con el apoyo de la red de Cáritas. En segundo lugar, que busquen los documentos adecuados y en vigor para demostrar su identidad (pasaporte, tarjeta de identidad, etc.) y justificantes que acrediten su estancia en España antes del día 31 de diciembre de 2025 (envíos de dinero, citas médicas, pagos de transportes, empadronamiento, etc.), y que consigan los certificados de antecedentes penales y policiales, ya que estos pueden tardar.

—¿Qué impacto real puede tener esta regularización en las personas atendidas por la Iglesia? ¿Temen que haya quienes queden fuera?
—Los datos nos dicen que, de todas las personas a las que acompañó Cáritas en España durante el año 2024, el 47 % se encontraban en situación irregular desde el punto de vista de documentación. Esto quiere decir que estamos hablando de unas 550.000 personas que ya estaban trabajando en sectores clave como los cuidados, la agricultura, la hostelería, la logística o la limpieza, pero que no existían desde el punto de vista de los derechos que tiene cualquier trabajador en España. Está claro que el impacto va a ser muy grande para la mejora en la vida de estas personas y también para que la sociedad española sea una sociedad más justa, ya que esta medida protege la dignidad de las personas y contribuye al bien común de toda la sociedad.

Con respecto a la preocupación por las posibles personas que se puedan quedar fuera de esta regularización, es indudable que las habrá, ¡esperemos que sean las menos posibles! Y lo que es seguro es que Cáritas seguirá acompañándolas y apoyándolas para que puedan conseguir una integración plena en nuestra sociedad. No las vamos a abandonar ni a olvidarnos de ellas.

—¿Cómo se está organizando esa respuesta en la práctica?
—Cáritas Madrid cuenta con una red de abogados voluntarios, Red de San Raimundo de Peñafort, muchos expertos en extranjería, distribuidos por las vicarías de la diócesis. La coordinación se realiza desde el departamento jurídico de Cáritas que, además, cuenta con un equipo especializado dedicado exclusivamente a extranjería. Además, se ha realizado un documento para dar pautas a los equipos de las vicarías sobre cómo actuar.

—Recientemente ha habido interpretaciones públicas sobre el gasto en salarios de Cáritas diocesana de Madrid que han generado cierta confusión. ¿Qué conviene aclarar?
—Cáritas Madrid publica en la memoria sus datos económicos orientados al fin social al que están aplicados, dado que entendemos que eso es lo que más interesa a la sociedad. Una errónea interpretación de estos datos podría ser el origen de esa confusión y ruido que se ha generado. Cáritas Madrid actúa con total transparencia. Las cuentas están auditadas por una entidad de prestigio (Grant Thornton) y aprobadas por el Consejo de Cáritas diocesana de Madrid.

Como aclaración, conviene decir que el criterio que utilizamos con relación a los salarios de las personas contratadas es distinguir entre salarios dirigidos a la intervención, y se clasifican como ayudas tanto las aportaciones dinerarias a las familias como en especies (comida, higiene, vivienda, suministros), así como las prestadas por especialistas (psicólogos, médicos, educadores, técnicos sociales…), de los empleados en labores administrativas, mantenimiento, financieras, gestión. De los 11,4 millones, que fue el coste de la masa salarial de las 303 personas en la nómina de Cáritas diocesana de Madrid, el 85 % fue destinado a la intervención directa y su coste se incluye dentro del epígrafe de ayudas. Es inviable acompañar a personas en exclusión sin que haya un conjunto de distintos profesionales cualificados a su lado. El resto del importe, el 15 % de la masa salarial que supone un 4,8 % de los ingresos, es lo que se ha destinado a los costes de gestión y estructura. Este valor está ligeramente por debajo de la media estatal, que se sitúa alrededor del 6 %. Es este porcentaje lo que las informaciones a las que usted se refiere han presentado erróneamente como «gasto en salarios».