Presidente de los obispos de Venezuela: La amnistía «constituye un paso adelante, pero insuficiente para alcanzar la reconciliación»

La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó el jueves una ley de amnistía impulsada por la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, que abre la puerta a excarcelar a quienes hayan cometido delitos desde 1999. «Constituye un paso adelante, pero insuficiente para alcanzar la convivencia y reconciliación del país», ha valorado el presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, Jesús González de Zárate, en entrevista con Alfa y Omega.

Según el arzobispo, «quedan por superar situaciones como la de los que aún están privados de libertad por motivos políticos y algunas disposiciones legales que dificultan el logro de ese objetivo». De hecho, «alguna de las afirmaciones de la ley podrían dar lugar a interpretaciones subjetivas que complicarían la aplicación de la misma».

La ley se aplicará en base a unos hechos cometidos en el marco de trece eventos recogidos en el artículo 8 del texto: el golpe de Estado de abril de 2002 contra el expresidente Hugo Chávez, el paro petrolero entre 2002 y 2003, el referéndum revocatorio contra Chávez en 2004, y distintas protestas antigubernamentales en 2007, 2013, 2017 y 2024.

Excluidos los delitos graves

De esta forma, quedan excluidos los delitos de «corrupción, violaciones graves de Derechos Humanos, delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, homicidio intencional y lesiones gravísimas, tráfico de estupefacientes».

Por otra parte, el texto incluye la creación de una comisión especial de seguimiento de la ley, con la responsabilidad de velar por el cumplimiento y ejecución del nuevo marco legal, que ya ha sido enviado a la mandataria para su firma y difusión en la gaceta oficial venezolana.

Petición de los obispos

La ley se ha promulgado apenas diez días después de que los obispos insistieran en la importancia de una medida de estas características. El pasado 10 de febrero publicaron una extensa exhortación pastoral con motivo de su CXXV Asamblea Ordinaria Plenaria. En ella ,el episcopado hizo un llamamiento «claro y urgente» para garantizar los derechos humanos. «El respeto de la dignidad de la personas es la base sobre la cual se debe construir el verdadero progreso pacífico y sustentable de nuestra nación».

Por ello, exigieron «la derogación de las leyes que coartan los derechos fundamentales» y volvieron a pedir la «liberación de todos los presos políticos». En este sentido, los obispos afirmaban entonces que siguen «con interés» la propuesta de una ley de amnistía general. «Sería un paso importante para emprender el largo y difícil camino de la reconciliación nacional y el restablecimiento de la convivencia social y democrática», afirmaron.