La CEE valora avalar el plan de Bolaños ante los abusos

A pesar de tener 71 años, Jesús Zudaire recuerda con nitidez los abusos a los que le sometió el director de su colegio entre 1960 y 1967: «¿Cómo lo voy a olvidar si mis padres me enviaron allí para recibir una educación cristiana y la realidad fue que acabé sodomizado por el sacerdote que me decía que el sexo era pecado?». En aquel momento, el hoy presidente de la Asociación de Víctimas de Abusos en el seno de la Iglesia católica, de Navarra, tenía tan solo 7 años, por lo que «el abuso está prescrito». A pesar de ello, busca reparación para su dolor. Pero hasta el momento ha logrado lo contrario. «Hace tres semanas tuve una crisis. No podía más. Resulta muy cansado llevar tanto tiempo para que se haga justicia. De hecho, pedí a los compañeros de la asociación un tiempo para recuperarme», confiesa.

El break no le impidió participar en la reunión con algunas víctimas que el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, convocó para dar cuenta de sus conversaciones con la Iglesia. Zudaire la define como «totalmente positiva» porque el ministro «nos dijo que como la Iglesia está pagando poco, hay muchas posibilidades de que el Gobierno complemente la indemnización». Según el presidente de la asociación de víctimas, Bolaños no llegó al punto de comprometerse «porque nos dijo que aún faltaban algunos flecos que cerrar» con el episcopado.

Serán los obispos, en la Asamblea Plenaria que se está celebrando desde el martes —con un día de retraso tras la visita de la Comisión Ejecutiva de la CEE al Papa—, los que deberán decidir acerca del plan del ministro. La disposición a valorar el tema es una prueba más de cómo la Iglesia abandonó hace años la senda del encubrimiento para centrarse en las víctimas. Otro gesto fue la puesta en marcha del plan PRIVA y su comisión asesora, que atienden casos prescritos civilmente. En su primer año de trabajo resolvió 51 casos y se encontraba estudiando otros 48. Sin embargo, hay víctimas que rechazan la mediación de la Iglesia. Incluso en estos casos, la CEE está dispuesta a dar pasos para que también estas personas puedan ser reparadas de forma integral. «Si el plan del Gobierno reconoce el trabajo de la Iglesia, pues bien está el abrir una vía para las víctimas que no quieran tratar con la CEE», explican a Alfa y Omega fuentes eclesiales conocedoras de la investigación con el Ejecutivo. No obstante, la participación del Defensor del Pueblo podría ser la clave para que los prelados avalen el acuerdo.

La figura de Ángel Gabilondo es vista con buenos ojos al menos por algunos de los miembros de la CEE que más le conocen. La integridad con la que ha actuado se percibe como garantía ante los retrasos de Gobierno. El Consejo de Ministros aprobó en abril de 2024 el Plan de respuesta e implementación del informe del Defensor del Pueblo sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos. En él, el equipo de Sánchez se comprometió a  organizar un acto de petición de perdón, a indemnizar a las víctimas tanto material como económicamente y a la creación de una comisión de seguimiento, encargada de garantizar la correcta evaluación y ejecución de todas las medidas y de impulsar la coordinación necesaria para ello con la Iglesia católica. Pero, hasta el momento, el plan gubernamental no ha cristalizado en ninguna medida concreta, aunque sí se han producido muchas reuniones: Bolaños con algunas víctimas, Bolaños con el Vaticano, Bolaños con la Conferencia Episcopal y con CONFER. La Iglesia, por su parte, aprobó el plan de reparación integral, formó una comisión independiente para la concesión de las reparaciones, hizo una baremación de los daños e incluso ha empezado ya a indemnizar a las víctimas. A todo ello, hay que sumar varios actos de petición de perdón, como el que realizó la archidiócesis de Madrid en octubre de 2024.

Eliminar la tributación

«La dilación por parte del Gobierno me parece vergonzosa», opina Marcos Leyún, presidente de Asociación de Víctimas de Pederastia en Instituciones Religiosas (AVIPIREN), quien durante la entrevista con Alfa y Omega quiere dejar claro que «no se puede hablar de reuniones de Bolaños con las víctimas», sino que hay que especificar «con algunas víctimas. Nosotros, como muchos otros, no hemos sido invitados. De hecho, nunca nos han llamado».

Quien sí les recibió fue el Defensor del Pueblo de Navarra. La reunión tuvo lugar en octubre y en ella, entre otras cosas, solicitaron que se impulse una modificación legislativa para eximir del IRPF las indemnizaciones económicas otorgadas a víctimas de abusos por parte de instituciones religiosas. «Ya hemos recibido varias indemnizaciones de la Iglesia propuestas por la comisión asesora del PRIVA». El mismo Marcos Leyún recibió el jueves un correo en el que le daban un plazo de diez o 15 días para completar la información de su propio expediente. «Nos parece que el dinero recibido está bien, dentro del rango de lo que suele conceder la justicia civil». El problema es que a esa cantidad hay que descontar los impuestos que exige la Administración. «Nosotros lo estamos peleando en el Parlamento de Navarra», que tiene una fiscalidad especial. «Nos reunimos con los grupos parlamentarios y nos confirmaron que van a modificarlo para que las indemnizaciones no tributen como un ingreso común», concluye Leyún.