Cambio de táctica en la ILP: «Pedimos un real decreto»

La Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado de 2025, que la Iglesia vivirá el próximo domingo 5 de octubre, es la más delicada de los últimos años, al menos en España. La celebración llega precedida de una nutrida serie de acontecimientos, nada halagüeños, que llevan al delegado de Migraciones de la archidiócesis de Madrid a calificar la situación de «preocupante». Para Rufino García Antón, «la xenofobia es un problema no menor que tenemos que contrarrestar».

Lo ocurrido durante el periodo estival en Torre Pacheco, donde una execrable agresión a un mayor desató una auténtica caza al migrante; o en Jumilla, donde se denegó la cesión de espacios públicos para que los musulmanes pudieran rezar, generaron un clima de tensión que estos días se ha exacerbado en el Congreso de los Diputados. Allí Vox planteó el martes 16 de septiembre una iniciativa legislativa para eliminar el arraigo social como vía para la regularización de extranjeros. «Es el movimiento más contundente desde un punto de vista legislativo», asevera en conversación con Alfa y Omega Jorge Serrano, director de la Fundación para la Ciudadanía Global. Se trata de una entidad que forma parte de la comisión promotora de la iniciativa legislativa popular (ILP) para la regularización de 500.000 migrantes.

El Partido Popular también votó a favor, aunque, por el rechazo del resto de partidos, la propuesta no pudo continuar su tramitación parlamentaria. «Es una postura que solo se entiende en clave electoralista, porque, de hecho, está en las antípodas del sentido del voto que han manifestado en ocasiones anteriores». De hecho, el PP votó a favor del avance de la ILP en el Congreso, recuerda Serrano.

Este cambio ha provocado que los promotores de la ILP vean cada vez más difícil que llegue a completar el tortuoso recorrido legislativo en nuestro país. Con el paso atrás de los populares, ahora mismo la iniciativa solo puede salir adelante si todos los socios de Gobierno le dan su apoyo, incluido Junts. El problema es que el partido catalanista negoció su voto a favor —y su voto a favor de los presupuestos generales del Estado— a cambio de que el Gobierno transfiriera a Cataluña las competencias en materia de inmigración; una concesión que se llevó al Pleno del Congreso el martes de la semana pasada. El resultado fue 177 noes a que se transfirieran las competencias frente a 173 síes. De esta forma, España se quedó sin presupuestos, Cataluña sin el control de la inmigración y los migrantes y las entidades promotoras sin la ILP.

Ante esta tesitura, Serrano reconoce que las entidades promotoras «estamos valorando» un cambio de estrategia. «La regularización se puede aprobar mañana mismo, si el Gobierno quiere, a través de un real decreto», explica el director de la fundación. Por eso, los 700.000 firmantes y las 1.000 organizaciones sociales que hay detrás, «donde antes decíamos ILP ahora decimos real decreto y le pasamos la pelota al tejado del Ejecutivo», que ha reconocido en infinidad de ocasiones que la regularización extraordinaria beneficia a la economía y a los migrantes. «Si es tan buena, dejen el cálculo electoral y aprueben ya la medida», pide Serrano.

Fomentar los relatos positivos

Junto con la eliminación de la visión electoralista, los expertos piden además un cambio en el discurso. «Hay que fomentar los relatos positivos de personas migrantes que se han integrado en nuestra sociedad», sostiene el delegado de Migraciones de la archidiócesis de Madrid. En ese proceso están precisamente Taha y Anna, aunque su dominio del castellano hace pensar que ya lo han conseguido. «Solo llevamos nueve meses en España», explica él. «Pero llevamos todo este tiempo estudiando el idioma», añade ella. Ambos son refugiados y matrimonio. Taha nació en Pakistán y Anna en Ucrania. Recalaron en Madrid huyendo de la «situación difícil» en el primer país y de «la guerra» del segundo. Ahora buscan labrarse un futuro laboral aquí. «Soy ingeniero electromecánico», acierta a decir el refugiado pakistaní, pero, «para encontrar trabajo, primero necesito aprender el idioma bien».

Lo están haciendo en la escuela de idiomas Berlitz, que tiene un programa para refugiados en colaboración con ACNUR España. «Ellos seleccionan a los interesados y nosotros nos encargamos de impartir las clases», explica Ginés Méndez, director general de Berlitz. Aunque, en realidad, es mucho más que eso. «Les enseñamos español, por supuesto, pero también aprenden a desenvolverse aquí».

El resultado tiene un impacto grande en la sociedad. «Por lo general, son personas con una gran formación, por lo que darles la herramienta —el idioma— para que puedan aplicarla contribuye al bien común», sostiene Méndez. A pesar de ello, todavía hay en el imaginario colectivo una imagen de los migrantes como personas sin formación que vienen a España a aprovecharse de la coyuntura económica. «Sin embargo, la mayoría de personas con las que me he encontrado tienen una cualificación increíble», concluye el responsable.

Formación personalizada

Al igual que Berlitz, cuyo programa lleva en marcha un año y medio, la Iglesia también trabaja a diario en la atención de los migrantes. El último ejemplo de esta labor es la apertura de parte del seminario menor de Almería, que llevaba cerrado desde 2021 —los seminaristas se preparan en Murcia—, para la formación sociolaboral de personas migrantes en situación de vulnerabilidad.

«Vimos que había mucha gente con necesidades formativas, pero que nunca lograban crecer en este ámbito porque no podían dejar sus actuales trabajos para asistir a clase. Al final la gente tiene que comer», explica Fátima Santaló-Ossorio, religiosa del Sagrado Corazón y directora del proyecto, puesto en marcha gracias a la colaboración entre el Obispado y el Servicio Jesuita a Migrantes.

Para superar esta dificultad, los responsables del proyecto determinaron que los beneficiarios viviesen en el seminario durante el periodo de formación. Esto va a permitir un ahorro de tiempo y dinero para quienes se forman, además de «una mejora obvia de la empleabilidad». La acogida, según Santaló-Ossorio, es un reflejo de que el proyecto «está muy centrado en las necesidades concretas de las personas», subraya.

Otro ejemplo de ello son las materias que se van a impartir. «Una de las cosas que estamos haciendo es repasar los distintos sectores para ver cuáles tienen una mayor oferta de puestos laborales y así poder elaborar nuestras formaciones específicamente para estos puestos», concluye la directora.

Migrantes con raíces en los CIE

El Servicio Jesuita a Migrantes presentó el lunes en el Congreso una nueva edición del Informe CIE. En esta ocasión lleva por título Raíces tras los muros y denuncia, precisamente, que en 2024 ingresaron en los distintos centros de internamiento de extranjeros personas migrantes con alto arraigo en España. En concreto, el SJM habla de 1.863 personas. El 59,6 % llevaba de uno a siete años aquí. Otra de las paradojas es que casi la mitad de los ingresados en estos centros no son finalmente repatriados. De hecho, son puestos en libertad por mandato judicial o, simplemente, por haber alcanzado el plazo máximo.

En esta situación se encontraba el 44,39 % de los internos. «La consecuencia es una privación de libertad dolorosa e inútil», explicó Iván Lendrino, coordinador del informe. Son gente como Sami, al que detuvieron en Galicia en un control rutinario. A pesar de estar «casado y tener dos hijas gallegas», nada de esto se tuvo en cuenta y fue internado en el CIE de Aluche, en Madrid. Finalmente lo liberaron, pero «nadie le explicó nada, nadie le pidió perdón y, por supuesto, nadie le pagó el billete de vuelta para reencontrarse con su familia».