Aumentan los ataques a cristianos en Tierra Santa

El informe anual del Rossing Center, una organización para la convivencia interreligiosa y afincada en Jerusalén, documenta 111 ataques contra cristianos en Tierra Santa durante el último año. La violencia, que incluye agresiones a clérigos y vandalismo contra iglesias, monasterios y símbolos religiosos, es atribuida en su mayoría a jóvenes judíos ultraortodoxos vinculados al «extremismo nacionalista religioso».

De acuerdo con el documento, «la presión sobre la comunidad cristiana» es cada vez más evidente. Como consecuencia, un 48 % de los jóvenes cristianos menores de 30 años considera emigrar. De entre ellos, el 77 % señala que la razón principal es la «creciente discriminación y violencia», agravada por la inestabilidad sociopolítica.

En Israel, donde viven diez millones de personas, los cristianos son apenas 180.000 personas, de los que el 80% son árabes. Y en Jerusalén, donde viven 591.000 judíos, los cristianos son 13.000. Sumados a los musulmanes son solo un 4 % del total de vecinos en la ciudad. De hecho, el informe del Rossing Center advierte de su progresiva «judaización» a través de nuevas políticas de asentamiento como «el plan de construcción de 11.500 viviendas en Jerusalén Este», que es considerada internacionalmente como la capital de Palestina.

Según este documento, las confesiones religiosas minoritarias sufren también «restricciones fiscales» porque, aunque sus lugares de culto sí pueden beneficiarse de ellas, no lo hacen sus escuelas ni centros juveniles ni albergues de peregrinos. Los que son judíos sí. Esto ha generado múltiples litigios entre las comunidades cristianas —especialmente la Custodia de Tierra Santa— y las autoridades municipales.

Sumado a otros factores, el informe del Rossing Center advierte de otro problema añadido en el norte de Israel. Allí el crimen organizado produjo 230 asesinatos en el último año que afectaron especialmente a los cristianos de Galilea, conocidos por ser especialmente respetuosos de la ley, pero quienes carecen de protección estatal ante la delincuencia.