El fiasco del plan de Meloni para las deportaciones exprés

La estrategia del gobierno de Giorgia Meloni para deportar a Albania a los inmigrantes que hayan sido rescatados en aguas internacionales del Mediterráneo ha hecho aguas definitivamente. Tras el revés de la justicia italiana, que —amparado en una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la consideración de países no seguros— anuló las deportaciones de solicitantes de asilo al país balcánico, los centros de inmigrantes de Schengjin y Gjader siguen vacíos. De momento, sólo 24 personas han pasado por estos centros de detención donde deben examinarse las solicitudes de asilo sin que pisen suelo italiano. Pero acabaron transferidas de todas formas a Italia a los pocos días por orden judicial. El coste por migrante ha sido de 85.600 euros.

Además de vaciarse de migrantes, también los trabajadores están abandonando las instalaciones. Los policías, trabajadores sociales y funcionarios que habían sido enviados a Albania están regresando a casa, según ha confirmado el Ministerio de Interior, que ha especificado: «Sigue operativo, el personal varía según las exigencias». En todo caso, solo han quedado siete empleados de la cooperativa que gestiona la asistencia social y sanitaria a los inmigrantes y, de momento, no está previsto que haya un remplazo.

Además, con la llegada del invierno el flujo migratorio hacia Europa tiende a disminuir por lo que no hay visos de que la situación en los centros italianos en Albania cambie a corto plazo. No solo eso, las condiciones en el buque militar Libra no son las adecuadas para realizar este tipo de operaciones cuando hay fuertes marejadas. «Los espacios dedicados a las operaciones de recepción de migrantes a bordo no parecen adecuados para llevar a cabo operaciones en condiciones meteorológicas adversas o de bajas temperaturas», señala un informe interno de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), publicado por el diario italiano Il Manifesto. Sin embargo, el óbice principal es de carácter jurídico más que logístico. Si algo no cambia desde el punto de vista legal, el gobierno de Meloni, de continuar empecinado con el protocolo Albania, se arriesga a enfrentar demandas por daños y perjuicios por parte de los inmigrantes. 

El ministro del Interior Matteo Piantedosi ya ha avisado de que su intención es seguir adelante con este sistema de externalización de fronteras. Así ha asegurado que «el modelo no está completamente perfilado». «No daremos marcha atrás. Esperamos con interés el pronunciamiento del Tribunal Supremo ante el que hemos impugnado las medidas adoptadas por la justicia hasta ahora», ha asegurado. Para cubrirse las espaldas, el gobierno Meloni aprobó un nuevo decreto-ley con el que amplió a 19 la lista de países seguros: Albania, Argelia, Bangladés, Bosnia Herzegovina, Cabo Verde, Costa de Marfil, Gambia, Georgia, Ghana, Kosovo, Macedonia del Norte, Marruecos, Montenegro, Perú, Senegal, Serbia y Sri Lanka. Sin embargo, la lista que maneja actualmente justicia europea solo considera países seguros a ocho; de África, solo Cabo Verde y siete de los Balcanes. Es decir, ninguno de los países de origen de la inmigración ilegal en Italia. De hecho, esa lista deja fuera, por ejemplo, Bangladés, Egipto y Túnez, territorios de donde llegan la mayoría de personas. Ese esquema legal está ahora en manos del Tribunal de Justicia que deberá dictar sentencia, pero es poco probable, que —según los tiempos de este organismo— vaya a producirse antes de la próxima primavera.