Argüello denuncia «el populismo de la antipolítica» y llama al Estado a garantizar la «igualdad de oportunidades»

Como no podía ser de otra forma, el presidente de la Conferencia Episcopal Española ha abierto este lunes la Asamblea Plenaria elevando una oración «por el eterno descanso de los fallecidos a causa de las feroces inundaciones vividas en Valencia, Albacete y otros lugares de nuestra tierra». Por todos ellos, los obispos celebrarán una Eucaristía este martes 19 de noviembre en la catedral de la Almudena para ofrecer «lo más radical que puede ofrecer la Iglesia, que es la esperanza en Jesucristo resucitado», dijo Luis Argüello en el momento de la convocatoria de la Misa.

Durante su discurso, el también arzobispo de Valladolid ha desechado buscar culpables a la tragedia, aunque ha recogido algunos debates que se han tenido en la sociedad a causa de la DANA. «Se habla de la tecnología de prevención y aviso, de la coordinación de respuestas en el Estado autonómico, de la relación entre los políticos y del uso calculador y politiquero de todo lo que ocurre». Incluso ha ido más atrás y se ha referido «al urbanismo de las últimas décadas, al calentamiento del Mediterráneo a causa de nuestro sistema de producción y consumo» o a «la conveniencia de construir presas y embalses».

Ante todo ello, «¿a quién mirar?», se ha preguntado Argüello. «Ni el Estado ni el mercado pueden salvarnos, aunque en el último tramo del tiempo moderno se hayan presentado como salvadores que pueden cumplir lo que prometen. Reducidos a consumidores y votantes, mercado y Estado nos proponen una salvación, ¡el progreso!, que no basta». De hecho, el purpurado ha denunciado que «en estos días hemos visto la rapiña y el populismo de la antipolítica».

Al contrario, «la tragedia ha vuelto a despertar un alma común y fraterna, un deseo de compartir y ayudar, un don que no es comercio y un compromiso que no es voto. El Estado y el mercado necesitan del don para regenerarse y abandonar toda pretensión mesiánica». Y ha añadido: «La fraternidad ejercida en estas semanas es un indicador de la bondad que anida en el alma humana como la respuesta adecuada a nuestra vulnerabilidad irremediable».

Crecimiento demográfico

Más allá de la riada, el presidente de la Conferencia Episcopal Española ha dedicado buena parte de su discurso a la crisis demográfica, que se caracteriza por un descenso del número de nacimientos, el mantenimiento del número de abortos en torno a los 100.000 y una evolución «hacia una sociedad amatrimonial».

Las causas son diversas. «Unos son económicos», como «las dificultades que plantean las condiciones laborales, económicas y de vivienda dificultan la independencia de los jóvenes y el mantenimiento de un hogar». Otros, «culturales y ambientales», como el hecho de que el «entorno no valora a los matrimonios como la mejor forma de convivencia». O algunos medios de comunicación, que hacen «una propuesta de estilo de vida que no solo no promocionan el matrimonio y las familias, sino que atacan y denigran a la institución y plantean modelos alternativos como única opción liberadora».

Todo ello ha provocado que España sea, según Argüello, «el farolillo rojo en políticas familiares de protección de la familia y promoción de la natalidad». Y como consecuencia, «cada vez hay más personas aisladas» en nuestro país, «muchas en soledad no deseada y menos familias estables». Las familias son cada vez más pequeñas y muchas ya no tienen hijos. «Todo el sistema social, económico y, consecuentemente político, se enfrenta a un panorama de crisis global a medio plazo».

Para paliar la crisis demográfica, el purpurado a parafraseado al Papa, que propone «una alianza social para la esperanza».

Derecho a no migrar

Asimismo, el arzobispo de Valladolid ha advertido que «el acceso a la vivienda es un problema, especialmente en las grandes ciudades, con alquileres por las nubes y precios que hacen difícil comprarse un piso». Respecto del trabajo, Arguello ha reconocido que «nos enfrentamos a una realidad preocupantes en España, con un desempleo estructural donde miles de personas quieren trabajar y no pueden».

Por otro lado, el presidente de la CEE ha reconocido que la presencia de inmigrantes en España «es controvertida y paradójica: la demografía de nuestra sociedad los necesita, pero generan rechazo; el mercado laboral los reclama, pero tiran de las condiciones laborales hacia abajo». En este sentido, ha recordado las muchas organizaciones eclesiales, y todas las Cáritas diocesanas, que «han secundado la iniciativa legislativa popular por la regularización extraordinaria de personas extranjeras en España».

En cualquier caso, «la Iglesia anima a abordar las causas que obligan a salir de la propia tierra, afirmando el derecho a no emigrar, a combatir a las organizaciones que trafican con los emigrantes y su necesidad imperiosa de cruzar los mares o atravesar desiertos». También «la Iglesia reconoce el derecho de los Estados de regular los flujos migratorios, pero, sobre todo, desde sus fuentes evangélicas que afirman la dignidad y la fraternidad, está comprometida en acoger, proteger, promover e integrar a los que llegan al lado de nuestra casa».

Situación políticas

En la última parte del extenso discurso Luis Argüello se ha tenido en la situación de la convivencia política, que está caracterizada a nivel mundial «por la falta de encuentro y de diálogo, que quedan anulados por la dialéctica populista y polarizada, en un clima cultural de posverdad». En nuestro país, lo que ocurre es que «nos cuesta reconciliarnos con nuestra historia y, ahora, la lectura democrática de la historia es instrumento de polarización al servicio de la conquista o mantenimiento del poder».

Ante el análisis, el cardenal ha instado a «renunciar a la posverdad que legitima la mentira como instrumento político y, por otra, dar la vuelta a la tortilla de una cultura que favorece el individualismo del derecho a tener derechos y la desvinculación como proyecto liberador de individuos, identidades y agrupaciones sociales de todo tipo».

Y ha concluido: «El Estado y los partidos políticos han de colaborar incentivando la participación social con el reconocimiento del principio de subsidiariedad, garantizando la igualdad de oportunidades con su acción social y asegurando el cumplimiento riguroso del estado de derecho».