Si Burgos insiste en asfixiar a quienes trabajan con migrantes, «se verán desbordados»

«Aquí se ha trabajado 30 años con migrantes y no ha habido ningún problema. Al hacerlo, se descarga a los empleados del Ayuntamiento y, si ellos tuvieran que hacerlo, se verían desbordados». Lo explica a Alfa y Omega Hilda Vizarro, delegada de Migraciones de la archidiócesis de Burgos, cuando le preguntamos por la reciente decisión del gobierno municipal de excluir de ayudas económicas a Accem, Atalaya Intercultural y Burgos Acoge, tres entidades que prestan apoyo a las personas que encuentran refugio en la ciudad.

Al conocer la noticia y «por solidaridad», Cáritas Diocesana de Burgos ha renunciado a los 190.000 euros que se le habían presupuestado. «Trabajamos en red con estas tres instituciones y, si alguna le queda una plaza, la aprovecha otra», reivindica Vizarro. Considera incomprensible la decisión de asfixiarlos económicamente, sobre todo teniendo en cuenta que desde el propio Ayuntamiento no piensan contratar a más técnicos «muchas veces derivan directamente a Accem, Atalaya Intercultural, Burgos Acoge o Cáritas, pero luego cortan las partidas que les dan».

La delegada, de origen peruano y afincada en España desde hace 23 años, destaca la cerrazón del Consistorio. A pesar de los esfuerzos de Cáritas y estas otras tres entidades por dialogar, el Ayuntamiento liderado por la popular Cristina Ayala, «dice que no porque ya lo tienen planificado con su socio de gobierno». En este caso, VOX.

«Era de las condiciones que había puesto», explica Vizarro. Narra además que el vicealcalde, Fernando Martínez-Acitores, insiste en este recorte alegando que «él está bien posicionado aquí y, si no se cumple, no le importaría salirse del Ayuntamiento». Y recalcando que «si otra persona le sustituyera en el cargo, haría lo mismo porque es una orden de Madrid».

En respuesta a este pulso político, en la tarde del pasado miércoles se manifestaron en la Plaza Mayor de la ciudad «cerca de 5.000 personas». Según Hilda Vizarro, «fuimos todos los migrantes, con o sin papeles» porque, aunque algunos tenían miedo de las posibles consecuencias, consideraron que la cuestión era de una importancia trascendental.

Pese a la «cabezonería» en esta medida, la delegada de Migraciones de la archidiócesis resalta que «hay tempo para poder echar marcha atrás» ante una decisión que ha contado también con el rechazo frontal de los vecinos y el tejido productivo burgalés, pues ya se han expresado en contra la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE), la Federación de Empresarios del Metal (FEMEBUR), la Cámara de Comercio y los sindicatos.