El Vaticano niega que el celibato esté detrás de los abusos

El presidente de la Pontificia Comisión para la Protección de Menores, el cardenal Sean Patrick O’ Malley, ha rechazado en la rueda de prensa en la que se ha presentado el primer informe sobre la respuesta de la Iglesia a los abusos que la causa sea el celibato. «Ningún estudio serio ha revelado una relación entre el celibato y los abusos por parte de sacerdotes», ha afirmado con rotundidad. Además ha asegurado que los estudios demuestran que los casos de pederastia «se dan sobre todo en el seno de la familia».

El primer informe anual sobre políticas y procedimientos eclesiásticos para la protección de menores también hace un análisis por continentes. En Europa, en concreto, revela que se han llevado a cabo algunos «estudios serios sobre la prevalencia de los abusos en las Iglesias locales». También se valoran los «esfuerzos de protección avanzados», pero se lamenta que persista «la falta de estadísticas fiables sobre el alcance de los abusos cometidos por clérigos y religiosos en diferentes partes de la región».

Además también identifica en el contexto europeo algunos factores que ralentizan la capacidad de «responsabilizar a los autores de los delitos en algunos países»; como el «estigma social, la falta de mecanismos de denuncia accesibles y la falta de seguimiento de las denuncias por parte de las autoridades eclesiásticas». Los grupos de víctimas «informan de que en algunos países la reputación de la Iglesia parece tener prioridad sobre la protección de las víctimas», ha afirmado O’Malley a este respecto.

En todo caso, el informe deja claro que mientras que en algunas partes de América, Europa y Oceanía las Iglesias locales se han dotado de «importantes recursos disponibles para la protección», todavía hay una parte sustancial de América Central y del Sur, África y Asia que cuenta con pocos recursos. En este sentido O’Malley ha constatado «la urgencia de aumentar la solidaridad entre las conferencias episcopales con el fin de movilizar recursos para alcanzar un estándar universal en materia de protección».

En lo que respecta a Europa, la adhesión al Convenio del Consejo de Europa sobre la Protección de los Niños contra la Explotación y los Abusos Sexuales (Convenio de Lanzarote), ratificado por numerosos Estados, ha contribuido a realizar progresos significativos. En todo caso, el informe señala que las naciones que han experimentado crisis muy complejas o en las que se ha producido un diálogo público en profundidad sobre los abusos, como Irlanda, Francia, Italia y Polonia, «existe una clara tendencia a establecer sistemas más estructurados y receptivos a la hora de abordar los abusos dentro de la Iglesia». En todo caso, el informe no habla de España.

Por su parte, la jurista Maud de Boer-Buquicchio, miembro de la Comisión Pontificia para la Protección de los Menores, ha señalado que el objetivo de publicar anualmente el informe es pasar de un periodo de abusos sexuales por parte del clero «a menudo mal gestionados y encubiertos» a un nueva fase en el que «las políticas de protección, denuncia, investigación y asistencia a las víctimas/supervivientes hagan que los abusos sean poco frecuentes y ofrezcan respuestas adecuadas».

Buquicchio ha asegurado que este informe también promueve el compromiso de la Iglesia de dar una «respuesta rigurosa a la lacra de los abusos», basada en los derechos humanos y centrada en las víctimas, en línea con las recientes reformas del Libro VI del Código de Derecho Canónico, que enmarca el delito de abuso como una violación de la dignidad de la persona humana.

En todo caso, ha advertido que en «gran parte de la Iglesia sigue sin contar con prácticas o capacidades sólidas de recopilación de datos». Por ello ha llamado a las diócesis a «invertir en la infraestructura y los recursos de recopilación de datos».