El asesinato de Marcelo Pérez pone en el foco la inseguridad a la que se enfrentan los sacerdotes mexicanos

El asesinato del padre Marcelo Pérez el pasado domingo 20 de octubre en Chiapas, en el sur de México, dista mucho de ser un caso aislado. El Centro Católico Multimedia, una agencia de prensa católica, ha registrado cerca de 80 asesinatos de sacerdotes en el país desde 1990. De momento, por el ataque perpetrado por un par de sicarios contra el religioso en San Cristóbal de las Casas, la Fiscalía de Chiapas anunció el martes la detención de uno de los posibles autores materiales del homicidio. Este crimen vuelve a poner el foco en la deriva violenta que atenaza al clero mexicano.

El brutal episodio contra el párroco de la iglesia de Guadalupe en San Cristóbal de Las Casas —que había denunciado antes de morir asesinado que recibía amenazas— «se suma a otros muchos hechos de amenazas, presiones y asesinatos a sacerdotes a nivel nacional, que desde hace varios años no ha parado», asegura el profesor de antropología de la Universidad de Michoacán Salvador Maldonado Aranda. Este sociólogo lleva años documentando el yugo atroz impuesto a los curas de México por parte de diversos grupos no solo del crimen organizado, sino también de otro tipo de organizaciones que usan la violencia como un medio de represión.

«México y Colombia ocupan los primeros lugares en la región por sumar asesinatos contra sacerotes, precisamente por el trabajo que han estado desarrollando en acompañamiento a las comunidades y organizaciones locales de personas que han sido amenazadas», remacha.

De hecho, Pérez era conocido por acompañar las heridas de su pueblo. Se involucraba en los conflictos de las comunidades y siempre levantó la voz en favor de los más vulnerables. Un «activismo» que lo puso en el punto de mira. Como le ocurrió hace dos años a los jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora, a los que dos delincuentes acribillaron a tiros por refugiar en su iglesia en Cerocahui (Chihuahua, en el norte de México) a un guía turístico que también fue asesinado. Este delito sacudió la conciencia social del país y se estableció un «diálogo nacional por la paz» para intentar limitar la violencia. Pero de poco ha servido.

Desde 2022 México vive una disputa muy sangrienta «de grupos que han visualizado los territorios indígenas como un centro estratégico» para sus operaciones vinculadas al negocio de la droga o de la minería ilegal. Maldonado Aranda incide en que no solo se trata de los sanguinarios cárteles nacionales, sino que estos también «se alían a pequeñas células de delincuencia que terminan teniendo un papel relevante en las disputas constantes por el control de los recursos locales».

Esta violencia descarnada ha provocado que en varias regiones de México muchas familias tengan que huir de sus hogares, quedándose en la calle. Los sacerdotes «están en primera línea» tratando de darles cobijo. Los que han puesto sus iglesias a disposición de los desplazados se cuentan por centenares. La población encuentra en ellos «una especie de refugio a tres niveles: un refugio físico, de consuelo espiritual y de ayuda económica». La lenta respuesta de las instituciones, que no llegan a aliviar este problema porque están centrados en un «esquema de políticas de seguridad para atender los numerosos puntos de tensión y violencia que se generan cotidianamente», tampoco ayuda.

En este contexto, los sacerdotes se convierten en líderes sociales y referentes. Esto «no gusta a los grupos armados, porque ponen de relieve lo que está mal». «Son una molestia», concluye el sociólogo.

La diócesis de San Cristóbal de las Casas, a la que pertenecía Pérez, ha pedido que se investigue el crimen «hasta dar con los verdaderos responsables intelectuales y materiales». En un comunicado clamó por el «urgente desarme, desmantelamiento y desarticulación inmediata de los grupos criminales que imperan en la entidad y sus redes aliadas nacionales e internacionales, interesadas en el despojo y control territorial». A este llamamiento se han sumado varias diócesis de México que han salido a presionar para que el Gobierno federal, estatal y local de Mexico luche en bloque contra el avance del crimen organizado. «¡Basta de violencia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos paz! Que la sangre del padre Marcelo no haya sido derramada en vano», ha pedido la diócesis de Tehuacán, que incluye cinco obispos y un arzobispo de Puebla, Tlaxcala y Guanajuato. En este contexto, esta mañana el Papa ha recibido al nuncio apostólico en el país, Joseph Spiteri, en una reunión de la que no han trascendido más detalles.