La justicia considera ilegales las devoluciones en caliente en el mar

El juzgado de lo contencioso administrativo número dos de Ceuta ha dictado dos sentencias que podrían suponer un antes y un después en la lucha por los derechos humanos en la frontera sur. Ha declarado nulas las devoluciones que sufrieron dos ciudadanos marroquíes por parte de la Guardia Civil al entrar a la ciudad autónoma por mar, uno de ellos nadando y el otro a bordo de una embarcación. Rechazos que tuvieron lugar sin asistencia letrada ni intérprete, que son algunos de los requisitos básicos para llevarlas a cabo. Las sentencias fueron dictadas en enero y septiembre de este año, pero las organizaciones que han representado a los dos litigantes aseguran que no han querido hacerlo público hasta ahora por prudencia.

La práctica del rechazo en frontera, popularmente conocido como devolución en caliente, se introdujo jurídicamente junto con la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana y, a partir de ahí, «el ejecutivo las ha aplicado sin límites», explica en conversación con Alfa y Omega Ana Castaño, abogada de la asociación No Name Kitchen. Precisamente lo que indica este fallo judicial es que estas devoluciones no se pueden exceder del límite terrestre y solo se pueden llevar a cabo bajo unas determinadas condiciones como son, por ejemplo, que haya una situación de emergencia y con un grupo numeroso de personas. Algo que, según Castaño, «a día de hoy no se aplica» porque los rechazos tienen lugar, no solo en el perímetro fronterizo de la valla de Ceuta sino también en el mar, en islotes, archipiélagos, e incluso en pleno centro de la ciudad.

La Coordinadora de Barrios, No Name Kitchen y el Servicio Jesuita a Migrantes son las tres asociaciones que han ayudado a llevar este caso ante la justicia y que, a través de un comunicado, han exigido «el cese de esta práctica» y reclamado el acceso a todas las garantías a las personas migrantes. Además, recuerdan «que el control de fronteras es una responsabilidad del estado que debe ejercerse con pleno respeto a los Derechos Humanos».

sjJavier Moreno, abogado del Servicio Jesuita a Migrantes, ha destacado la importancia de que «existan mecanismos suficientes y eficaces para que dichas actuaciones sean prevenidas por un lado y rindan cuentas de su actuación». Por su lado, Castaño ha señalado que, «aunque sean sentencias en primera instancia y no sean firmes, es un primer paso porque los rechazos en la frontera a través del mar ocurren a diario y con mucha gente. A lo largo del día, son devueltas decenas de personas sin garantías procesales ningunas».

El fallo de estas sentencias «era algo que llevábamos esperando un tiempo», comenta la abogada. «La sociedad civil sigue peleando para que las devoluciones, que se producen bajo el paraguas legal de la Ley de Seguridad Ciudadana, dejen de existir. Queremos ir peleando por su desaparición, pero mientras queremos delimitar cuándo el ejecutivo puede realizar este rechazo en frontera y cuándo tiene que hacerlo con todas las garantías».