135 presos políticos nicaragüenses se refugian en Guatemala

135 prisioneros políticos han abandonado Nicaragua rumbo a Guatemala este jueves 5 de septiembre. Un traslado por razones humanitarias que Estados Unidos ha agradecido rápidamente a través del asesor de Seguridad Nacional de Presidencia, Jake Sullivan. A través de un comunicado institucional, ha asegurado que «una vez en Guatemala, a estas personas se les ofrecerá la oportunidad de solicitar formas legales de reconstruir sus vidas en Estados Unidos u otros países». Según este político americano, ninguna persona debería ser encarcelada por ejercer sus derechos fundamentales a la libertad de expresión, asociación y practicar su religión.

De hecho, entre los excarcelados hay 13 miembros de Mountain Gateway, una oenegé de inspiración evangélica y con sede en Texas. También laicos católicos, estudiantes y otros perfiles que, a juicio del Gobierno de Biden, Ortega y Murillo «consideran una amenaza para su régimen autoritario». Asimismo, el ejecutivo estadounidense ha expresado al presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, «su continuo liderazgo en toda la región al abordar cuestiones humanitarias y defender la libertad democrática».

Por su parte, Arévalo ha asegurado a través de su perfil en X que «nuestro país ha mostrado su firme convicción democrática, que rechaza rotundamente las amenazas de regresión autoritaria». A lo que ha añadido que «solo en libertad, la democracia, la vida y la humanidad florece». Y ha concluido diciendo: «¡Bienvenidos, hermanos nicaragüenses!».

Esta deportación masiva recuerda a la que el 9 de febrero de 2023 trasladó a 222 presos políticos a Washington. Un vuelo al que Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa y actualmente exiliado en Roma con otros 20 clérigos tras pasar 500 días en prisión, se negó a subirse

Mientras tanto, la persecución religiosa del sandinismo continúa en Nicaragua. Solo en el mes de agosto nueve sacerdotes han sido desterrados. También se ha modificado la Ley de Concentración Tributaria para gravar hasta un 30 % los ingresos de las instituciones religiosas, lo que ha provocado la clausura de 1.500 organizaciones no gubernamentales.