Una comisión conjunta por las víctimas en Navarra

Hace unos años, un hombre se suicidó dejando a su familia una carta en la que contaba los abusos que sufrió de niño en un colegio religioso de Navarra. Su hermano, al leerla, reconoció los episodios que él mismo sufrió en aquella institución, un trauma sobre el que nunca llegó a hablar con su hermano fallecido, así que decidió poner fin a la espiral del silencio y contar lo que había pasado a todo el que quisiera oírle. Su historia apareció en los medios de comunicación y propició que salieran a la luz más casos como los suyos, sucedidos en colegios religiosos o diocesanos de Navarra. Al final, el Parlamento autonómico decidió implicarse también y en julio de 2022 aprobó una ley para acoger las demandas de las víctimas de abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia católica en Navarra. Fruto de ello es una comisión de reconocimiento para víctimas de abusos que echó a andar el mes de octubre siguiente y que en este tiempo ha atendido a más de 60 personas, logrando hasta el momento el reconocimiento de la condición de víctimas para 15 de ellas.

«El proceso habitual comienza cuando se ponen en contacto con la Oficina de Atención a Víctimas de Delitos del Ejecutivo foral y, a partir de ahí, hacemos entrevistas y recogemos toda la información que nos puedan hacer llegar», afirma el psicólogo Josean Echauri, presidente de la comisión navarra. Lo que sigue es una declaración de dicha comisión en la que esta acaba reconociendo —o no— la condición de víctima de esa persona, para que luego las autoridades forales puedan ofrecerle la atención psicológica necesaria e incluso algún proceso de justicia restaurativa que mengüe su dolor. Hasta este momento, se han llevado a cabo dos de estos procesos en colaboración con el Arzobispado. Las reparaciones de tipo económico fuera de procesos judiciales quedan de momento al margen, por ser un asunto cuyos flecos están actualmente en estudio tanto en el Gobierno central como en la Conferencia Episcopal Española y CONFER. «En cualquier caso, para las víctimas es muy reconfortante haber sido escuchadas, porque en muchas ocasiones los abusos son un peso que han llevado durante décadas y en silencio», reconoce Echauri.

La misma impresión tiene el abogado Alfredo Irujo, exdecano del Colegio de Abogados de Pamplona, que es junto a la actual decana, Blanca Ramos, el representante nombrado por la archidiócesis de Pamplona para formar parte de la comisión del Gobierno foral. Para Irujo, que dirige asimismo la comisión diocesana destinada a trabajar en la protección de los menores, esta colaboración entre instituciones civiles y eclesiásticas «es un paso más a la hora de ponerse del lado de las víctimas en las distintas iniciativas que van surgiendo». También es un modo de reconocer «que, en ocasiones, no se han hecho las cosas bien y hay que restaurar». En su opinión, «un abuso es un abuso, lo produzca un religioso o cualquier otra persona», y «la Iglesia católica debe ser la primera interesada en dar luz sobre el problema».

Irujo y Ramos ya participaron en el informe del Arzobispado sobre los abusos cometidos en el colegio diocesano Nuestra Señora del Puy, en Estella. «Ahí encontré un enorme daño, unas vidas más o menos truncadas y una gran injusticia», confiesa el abogado. «Es el sufrimiento de los más vulnerables el que nos hace sentir asco, una enorme pena y ganas de acoger y reparar», añade, matizando asimismo que «hay que distinguir entre la inmensa mayoría de los religiosos como personas entregadas a Dios, a la Iglesia y a los demás, y quienes fueron autores o cómplices de aquellos desgraciados hechos».