La voz de las víctimas de abusos resuena en el Vaticano

El Vaticano presentará antes de otoño el primer informe anual sobre el impacto de las políticas y procedimientos de prevención de abusos en la Iglesia. El dosier, elaborado por la Comisión Pontificia para la Protección de los Menores, identificará aquellas medidas que han resultado triunfantes en la estrategia de salvaguardia de menores y adultos vulnerables en los espacios eclesiásticos, pero revelará también los fallos del sistema. Las voces de las víctimas son la lupa moral con la que se examinarán los puntos críticos de la gestión eclesial en la batalla más importante que libra actualmente la Iglesia. «Queremos que el Papa adopte una ley eclesiástica universal que impida que siga ocurriendo este sacrilegio», señala Gemma Hickey, que preside de Ending Clergy Abuse (ECA), la mayor organización internacional de víctimas. «Solo hemos arañado la superficie de este problema. Todavía hay muchas zonas oscuras con casos enterrados, sobre todo, en países en vías de desarrollo. Sabemos que en África hay una cultura de encubrimiento muy arraigada: la gente tiene miedo de denunciar a los sacerdotes violadores porque temen quedarse fuera de la red de asistencia sanitaria y educativa que gestionan», asegura sin ambages Hickey, que cuando tenía 10 años también tuvo que vencer el miedo para denunciar al sacerdote que le obligaba a masturbarle.

 Del 6 al 8 de junio lideró,  junto a la responsable de la web BishopAccountability.org, que rastrea todos los crímenes en la Iglesia de esta índole, Anne Barrett Doyley y a los responsables de la red de supervivientes SNAP, varias reuniones de primer nivel en Roma precisamente para reforzar el muro de contención frente a esta lacra. Estos encuentros —a puerta cerrada y sin periodistas— en los que participaron, entre otros, el director del Instituto de Antropología (IADC) de la Pontificia Universidad Gregoriana, el jesuita Hans Zollner y el secretario de la Comisión Pontificia para la Protección de los Menores, Luis Manuel Alí Herrera, «fueron muy positivos». «Nunca antes habíamos trabajado juntos en una política universal de tolerancia cero», incide. El texto, que será presentado en septiembre oficialmente al Vaticano incluye, entre otras medidas, la petición de expulsar permanentemente de la Iglesia católica a cualquier clérigo que haya abusado de un niño o adulto vulnerable y la posibilidad de reducirlo al estado laical; la creación de una agencia independiente con autoridad para llevar a cabo investigaciones; la obligación de emitir recomendaciones e informes públicos, así como la transparencia en todo el proceso.

Actualmente el Código de Derecho Canónico establece que los obispos son los responsables de abrir una investigación previa en cuanto reciben noticia de un posible delito en sus diócesis. Una vez apuradas las diligencias, deben enviar las actas al Dicasterio para la Doctrina de la Fe incluyendo su propia valoración de la situación. Sin embargo, para el abogado argentino Sergio Salinas, garante legal de ECA, esto constituye una de las principales lagunas en el sistema de prevención. «Debería ser obligatorio compartir informes, testimonios y documentos con las autoridades seculares de los países en cuestión», asegura. Para justificar esta medida —que también está incluida en el documento— cita dos reprobaciones de organismos internacionales. «Las observaciones de febrero de 2014 de la Convención sobre los Derechos del Niño y el informe redactado por relatores de la ONU en  abril de 2021 cuestionan precisamente que el Vaticano nunca haya impuesto la obligación de interponer denuncias ante las autoridades nacionales encargadas de hacer cumplir la ley», incide. Salinas, que también representa a las víctimas del caso Próvolo —un internado para niños sordos de Argentina—, resalta que la abolición del secreto pontificio fue un paso fundamental, pero también reclama que exista un mecanismo de control externo que vigile el cumplimiento de las buenas prácticas.