La represión en Irán empuja el aumento de la pena de muerte

Donya Farhadi estudiaba Arquitectura en la Universidad Azad, en Ahvaz (Irán). Tenía 22 años y soñaba, como tantas otras mujeres en su país, con ser libre. Cuando su familia encontró su cuerpo violáceo sumergido en el río Karun, la Policía les dijo que se había suicidado. En realidad, le dispararon al corazón. Tres meses antes habían asesinado a Jina Mahsa Amini, de su misma edad, por no llevar bien colocado el hiyab, lo que desató una oleada de protestas en las que participó también Farhadi. Sus proclamas de «mujer, vida y libertad», que han terminado bautizando al movimiento de protesta, fueron asfixiadas por la fuerza hace dos años. La tendencia represiva se ha avivado durante 2023. El régimen iraní se ha inventado falsos escenarios para encubrir «sus ejecuciones extrajudiciales de disidentes», denuncia Amnistía Internacional (AI).

El informe Condenas a muerte y ejecuciones 2023, elaborado por AI, certifica 853 ejecuciones en el país persa, un 48 % más que en 2022. Pone así en evidencia el flagrante desprecio hacia el derecho a la vida. «Las autoridades intensificaron el uso de la pena de muerte para infundir temor en la población y aumentar su control sobre el poder, llevando a cabo ejecuciones en todo el país», inciden los autores del estudio. Asociaciones de derechos humanos como el Center for Human Rights in Iran han denunciado que los detenidos durante las protestas han sido condenados —tras conseguir confesiones forzadas bajo tortura— en juicios sumarios en los que ni siquiera han podido elegir a su abogado. Pero el régimen de los ayatolás también ha aplicado la pena capital, por ejemplo, en 545 casos por actos que, según el derecho internacional, no deberían conllevar este castigo como robos, espionaje o delitos de tráfico de drogas, indican desde AI. Además, al menos a cinco personas se les quitó la vida por actos que habían cometido cuando tenían menos de 18 años, lo que también contraviene el derecho internacional.

El importante incremento de las ejecuciones en Irán está detrás del aumento de la cifra global de todo el mundo en un 31 % que describe Amnistía Internacional. Fueron en total 1.153, de las cuales el 74 % ocurrieron en la nación persa. Sigue Arabia Saudí con 172 ajusticiados, un 15 % del total. En África, la pena capital sigue vigente en unos 30 países africanos (entre ellos Kenia, Somalia y Níger), pero en general no se recurre a ella. De hecho, en los parlamentos de Kenia, Liberia y Zimbabue hay pendientes proyectos de ley para abolir la pena de muerte. Sin embargo, Somalia ocupa un lugar destacado en esta lista, con al menos 38 ejecuciones. China es otro de los países considerados mayores ejecutores del mundo, aunque se desconoce la magnitud de la práctica porque es considerada un secreto de Estado. Tampoco hay datos fiables de Vietnam o de Corea del Norte, que estableció en 2023 que no hablar la lengua nativa constituye un delito capital.

La derogación, única vía

Sin embargo, el informe de Amnistía Internacional también recoge una cifra positiva: el año pasado, solo 16 países aplicaron la pena de muerte frente a 20 el año pasado. «Este último año hemos tenido el menor número de estados de la historia que han ejecutado condenas a muerte. Eran 22 hace diez años y 45 hace 30. Japón y Sudán del Sur no han llevado a cabo ejecuciones y esto es una noticia importante», resume Mario Mazzariti, responsable de la campaña por una moratoria universal de la pena de muerte de la Comunidad de Sant’Egidio. Asegura que esta práctica «está en vías de abolición» en todo el mundo. 112 países la han eliminado definitivamente y 33 no la utilizan desde hace más de diez años, si bien la recogen en su ordenamiento jurídico. Datos que reavivan la esperanza, pues llevan a pensar que «solo es cuestión de tiempo que el mundo erradique por completo» esta práctica.

El experto inserta las altas cifras de ejecuciones en un contexto global «de guerras y de creciente indiferencia por la vida». Por ello, advierte de que la única vía posible es la derogación: «Solo así los gobiernos dejaran de reanudarlas» cuando consideren. Cita el ejemplo de Estados Unidos, que tras una década de tendencia a la baja sumó en 2023 24 ajusticiamientos, «con la terrible noticia de la introducción en Alabama del bárbaro método de la asfixia por nitrógeno». Supone «una agonía de al menos 20 minutos, lo que contiene una dosis inenarrable de tortura».