El Defensor del Pueblo dice a las víctimas que llevará sus casos al Congreso «muy pronto»

Asociaciones de víctimas de abusos como Infancia robada o la Asociación de Víctimas de Abusos de Navarra mantuvieron el jueves en Madrid sendas reuniones con el Defensor del Pueblo y con representantes de la Conferencia Española de Religiosos (CONFER).

Del encuentro con Ángel Gabilondo, Jesús Zudaire, presidente de AVA Navarra, destaca que «ha ido fenomenal», y que «nos ha asegurado que su comparecencia en el Congreso de los Diputados será pronto». El Defensor del Pueblo ya presentó en octubre su informe sobre los abusos cometidos en el seno de la Iglesia, pero queda pendiente una comparecencia para exponerlo a los parlamentarios.

«Nos ha comentado que el presidente del Gobierno prefiere esperar porque ahora está muy activo el tema de Cataluña, pero no quiere aplazarlo mucho porque si no nuestras reivindicaciones perderían importancia», señala Zudaire.

El presidente de la asociación navarra alude asimismo a la última controversia en torno a este asunto, por la que denunciaron el «engaño» por parte de la Conferencia Episcopal Española al no incluir en su informe oficial las doce denuncias registradas en la comunidad foral, entre otros casos. «Ha sido un desastre, y para nosotros ha supuesto una revictimización. Es un paso atrás muy grave sobre el que aún no hemos recibido ninguna explicación por parte de la CEE», lamenta Zudaire.

«Tienen que aclarar su listado y tener más transparencia», insiste, al mismo tiempo que valora el trabajo de la Confer, «más avanzado y con más casos resueltos en cuanto al tema de las indemnizaciones».

El encuentro en la Conferencia Española de Religiosos duró tres horas «y fue en buena sintonía», afirma Ana Cuevas, directora de campaña de Justice Initiative y presidenta de Infancia Robada. «Queremos empezar a trabajar juntos, pero no con el informe con el que trabaja la Conferencia Episcopal», señala, porque «además de dejar fuera a muchas víctimas, revictimiza». Sobre este asunto, considera que «no tiene ningún sentido que una persona haya decidido quién es víctima y quién no cuando no está cualificada para ello».