Los monumentos a los mártires, cuestionados
La controversia acerca de los monumentos y placas que homenajean a los mártires de la persecución religiosa de los años 30 en Madrid no parece haber terminado. La semana pasada la placa de recuerdo a ocho novicios carmelitas mártires fue retirada del cementerio parroquial de Carabanchel…, y devuelta a su lugar a las pocas horas. La concejala de Cultura, Celia Meyer, había justificado su retirada aduciendo que la placa era «de titularidad municipal», aunque en realidad estuviese colocada en una propiedad particular cuyo titular es el Arzobispado. Cuatro días después, la placa fue repuesta y la concejala atribuyó la primera decisión a «un error técnico».
Pero la placa de Carabanchel no es el único monumento a los mártires amenazado por el Plan Integral de Memoria de Madrid, cuya elaboración fue aprobada en diciembre en el Pleno del Ayuntamiento, aunque no será presentado en todos sus detalles hasta abril. Con él, según Meyer, se persigue la eliminación de «vestigios franquistas» y de monumentos que homenajeen a «incitadores del golpe de Estado o ejecutores de delitos de lesa humanidad». Sin embargo, entre ellos, según el Ayuntamiento, se encuentra el monumento a los mártires de la Sacramental de San Isidro, un cementerio privado vinculado al Arzobispado de Madrid –no «de titularidad municipal»–; y un monumento, además, erigido en honor a los mártires, como el de Carabanchel.
En las tapias de este cementerio –el camposanto eclesiástico más antiguo de Madrid– fueron fusiladas cientos de personas en los primeros días de la Guerra Civil, incluidos numerosos mártires, detenidos y asesinados por su condición de religiosos: la carmelita Elvira Moragas, los dominicos José Santoja y Nicasio Romo, el capuchino Andrés de Palazuelos, varios sacerdotes diocesanos, laicos como el terciario franciscano José Arahal… Muchos de ellos han sido ya reconocidos como mártires por la Iglesia, en un proceso en el que Roma declara solemnemente que fueron asesinados exclusivamente «por odio a la fe».
En memoria de todos ellos se levantó, en 1942, una cruz con una placa que decía: «Ofrenda de la Pontificia y Real Archicofradía Sacramental de San Pedro, San Andrés y San Isidro a los gloriosos mártires que en estos lugares fueron sacrificados por Dios y por España (años 1936-1939)». La placa fue borrada tras la aprobación de la Ley de Memoria Histórica por el Gobierno de Rodríguez Zapatero, y hoy presenta un espacio en blanco.
No obstante, en las próximas semanas podría haber más casos similares al de Carabanchel, pues el Ayuntamiento no ha publicado la lista de monumentos que estudia eliminar, sino solo una nota de prensa en la que cita cuatro «vestigios franquistas», y que menciona el de San Isidro, pero no el de Carabanchel.
Si de algo ha servido la polémica en torno a la placa de los carmelitas de Carabanchel es para dar a conocer la historia de estos ocho novicios mártires. El padre Rafael López Melús, postulador de su Causa de beatificación en su fase diocesana, y miembro del mismo convento de Onda (Castellón) del que salieron los ocho novicios con destino a Madrid, donde fueron fusilados, afirma: «Los mataron por odio diabólico, un odio que se había metido en España aquellos años, un odio a la Iglesia para acabar de raíz con ella. ¿Qué mal habían hecho a la sociedad? Solo llevaban el hábito. Nunca se metieron en política, vivían en este convento en un pueblo». Por eso, el padre López Melús lamenta que «se está de nuevo mezclando religión y política. Es un pena que haya tan poco sentido común. Hay que saber separar las cosas. La Iglesia no declara mártir a nadie si aparecen motivos políticos». Sin embargo, cuenta también que «Benedicto XV decía que la Iglesia es una, santa, católica, apostólica ¡y perseguida! Lo ha sido desde los primeros tiempos, y hasta hoy».