El bloqueo en Europa a la directiva de diligencia debida es una «luz verde a las empresas imprudentes»

«Más de 130 organizaciones europeas compartimos la misma decepción y pedimos a la presidencia belga que esté a la altura de las circunstancias», ha declarado a través de su sitio web la Plataforma por Empresas Responsables (PER) el 28 de febrero. Esta plataforma está compuesta por 20 organizaciones españolas (entre otras la alianza de entidades católicas Enlázate por la Justicia) que piden la aprobación de la Directiva sobre Diligencia Debida en Materia de Sostenibilidad Empresarial, un marco legal que obligue a las empresas a proteger los derechos humanos y el medio ambiente en sus actividades productivas.

El texto, acordado en diciembre por la Comisión Europea, el Parlamento y el Consejo Europeo se iba a votar en esta última institución en febrero. Pero la votación se retrasó tanto los días 9 como 16. Este miércoles, se esperaba que consiguiera el apoyo del Comité de Representantes Permanentes de la UE (COREPER), paso previo a su visto bueno en el Consejo. «Si se hubiera logrado», habría llegado al Consejo de la UE acompañada de una nota y aprobado sin necesidad de votarla, explica Amaya Acero, coordinadora de la PER. Pero no ha sido así, pues no se ha sumado un número mínimo de Estados miembro. Ahora es mucho más complicado que salga adelante antes de las elecciones europeas del próximo junio.

A juicio de PER, «que el Consejo de la UE no haya apoyado» el texto «supone un retroceso deplorable para la responsabilidad de las empresas». El conglomerado de asociaciones atribuye al bloqueo a «los grandes Estados miembros», especialmente «a la temprana abstención anunciada de la influyente Alemania». Señala también «un intento de última hora por parte de Francia de hacer descarrilar las negociaciones».

«Desprecio al proceso democrático»

Aunque no hay explicaciones oficiales, existe el rumor de que el país galo «había propuesto subir a 5.000» —en vez de 500— el umbral de trabajadores para que las empresas tuvieran que cumplir la directiva. Lo explica a Alfa y Omega Amaya Acero, coordinadora de la Plataforma por Empresas Responsables. Esto reduciría enormemente su ámbito de actuación. «Es un desprecio a todo el proceso democrático y de consulta que se ha realizado, consultando a los distintos países y teniendo en cuenta sus propuestas».

La Plataforma por Empresas Responsables advierte de que «sin una legislación vinculante de la UE sobre la responsabilidad de las empresas, los gobiernos nacionales no pueden abordar los impactos sobre los derechos humanos» ni «los ecosistemas naturales». Califica esta carencia como «un estremecedor incumplimiento» así como «una señal de luz verde a las empresas imprudentes de que pueden seguir alimentando la crisis climática y ecológica para obtener beneficios empresariales». Y añade que «estos juegos políticos desafían con crudeza el rotundo apoyo a la directiva por parte de gobiernos, sindicatos, sociedad civil, grandes, medianas, pequeñas empresas, y ciudadanos particulares».

Todavía existen mecanismos

Acero apunta que la directiva «se puede llevar a otro COREPER que hay el próximo viernes. Por tanto, concluye, aunque el margen para sacar la normativa adelante antes de las elecciones europeas de junio se ha estrechado bastante, «si existe voluntad» todavía puede haber mecanismos para hacerlo.

Incluso si no es así, habría opciones. Citando fuentes del Parlamento, la coordinadora de PER explica que si se llega a una acuerdo en torno al 15 de marzo la directiva aún puede ser aprobada por el Consejo Europeo y la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento en esta legislatura. Después de junio, la nueva Eurocámara tendría que ratificarla en el pleno mediante el procedimiento denominado corrigendum, que retoma dossiers que no fueron cerrados del todo por el Parlamento anterior. «Normalmente es una formalidad ya que necesita ser traducido en todas las lenguas oficiales para poder votar», aclara.