Los retrasos de la directiva de diligencia debida «nos tienen en vilo»

«La UE iba a ser pionera en sacar adelante el primer texto vinculante de diligencia debida», que obligara a las grandes empresas a asegurarse de que sus cadenas de suministro no dañan los derechos humanos ni el medio ambiente. La Directiva sobre Diligencia Debida en Materia de Sostenibilidad Empresarial, aunque imperfecta, trajo la esperanza de que «el norte global empezaba a asumir su responsabilidad en el sur», asegura Susana Hernández, que sigue este caso desde la Alianza Internacional de ONG Católicas de Desarrollo (CIDSE). Pero los dos retrasos consecutivos en su votación en el Consejo Europeo la han tornado en desmotivación.

El texto, acordado en diciembre por la Comisión Europea, el Parlamento y el Consejo Europeo se iba a votar en esta última institución el 9 de febrero. Pero la decisión se canceló horas antes. Se extendió la interpretación de que se temía que una abstención de Alemania contagiara a otros países. Tampoco se incluyó en el orden del día del pasado viernes. Ahora la única posibilidad de que salga adelante durante la presidencia belga es que se vote el 6 o 7 de marzo. «Esperamos verlo en el orden del día, porque no está y eso genera incertidumbre», apunta Hernández. De no ser así, «no dan los tiempos» para que lo apruebe el pleno de la Eurocámara, el último paso, antes de las elecciones europeas de junio. Esta posibilidad «nos tiene a todos en vilo», pues es arriesgado dejar en manos de un nuevo Parlamento de composición incierta y de la presidencia húngara de la UE relanzar el proyecto en la nueva legislatura. «Es muy grave que una facción de un gobierno ponga en riesgo toda la posición de la UE y un proceso de años», lamenta Hernández. Alude al Partido Democrático Libre, miembro de la coalición de Gobierno germana, que es liberal y contrario a la norma.

Si la directiva estuviera en vigor, en Brumandinho (Brasil) las familias de los 272 fallecidos por el derrumbe en 2019 de una presa que la auditora alemana TÜV SÜD certificó como segura hubieran podido acceder a la justicia de manera más ágil y TÜV SÜD «hubiera tenido que asumir su responsabilidad». Lo mismo la belga SIAT, productora de caucho y aceite de palma y acusada de apropiación de tierras en Ghana, Nigeria y Costa de Marfil.

A los esfuerzos de la presidencia belga por salvar el proyecto se suman los intentos de la sociedad civil por «influir en los Estados indecisos». Hernández subraya que España, que apostó fuerte por la directiva durante su presidencia de la UE, «podría jugar un papel estratégico» aquí. Todo ello evitando en lo posible que se acepte renegociar el texto. Pero también «nos estamos preparando para ver qué posición tomaríamos» si, por ejemplo, se modificara para que solo afecte a empresas más grandes. Con el texto actual, que se aplica a las de más de 500 empleados, «ya no están la mitad». Dentro de esta campaña, CIDSE y la Comisión de Conferencias Episcopales de la UE (COMECE) exhortaron el 13 de febrero a «adoptar urgentemente» la directiva, recordando que cuenta con el apoyo de la Iglesia y de más de 200 líderes religiosos más.