Un sacerdote investiga los crímenes de Duterte en Filipinas

En Filipinas, los muertos no descansan en paz. Al menos, no muchas víctimas de la «guerra contra las drogas» que llevó a cabo el expresidente Rodrigo Duterte desde 2016: pequeños camellos o inocentes que estaban en el lugar equivocado cuando llegaron los escuadrones de la muerte. El misionero del Verbo Divino Flavie Villanueva lleva tiempo acompañando a sus familias. Hace un par de años empezaron a contarle, angustiadas, que sus difuntos corrían el riesgo de acabar en una fosa común.

«Las comunidades empobrecidas y marginadas estuvieron de forma particular en el punto de mira de las ejecuciones extrajudiciales. Eran las presas más fáciles», explica. «Ni siquiera sabía qué hacer para enterrar a mi marido», confiesa Catherine, recordando lo fuera de sí que estaba tras el asesinato de Kyren el 4 de abril de 2017. Mientras se dirigía a su aldea con su hijo Egard, de 9 años, unos encapuchados en moto «apartaron al niño y empezaron a disparar contra Kyren ante sus ojos». En el velatorio, el pequeño «no dejaba de vomitar».

En pleno shock y sin apenas recursos económicos, muchas familias solo acertaron a alquilar sepulturas por cinco años. El tiempo pasó y llegaron los avisos: o seguían pagando o el cementerio las vaciaría y sus seres queridos pasarían a ser restos anónimos en una fosa común. Villanueva decidió entonces lanzar el proyecto Arise (Levántate). Hasta el 2 de junio ha organizado la exhumación de 80 cuerpos. Los hace incinerar y, en una sencilla ceremonia, él bendice las cenizas y las entrega a los parientes. «Estamos construyendo además un lugar de reposo permanente».

Arise es la última iniciativa del Programa Paghilom, cuya prioridad es la sanación de las familias de los ejecutados. 295 personas han completado ya el itinerario de intervención psicoespiritual y otras 13 lo están haciendo estos días. Aunque Duterte dejó el Gobierno en junio de 2022, sus víctimas siguen sufriendo y llamando a la puerta del sacerdote. Personas como Rafqa, cuyo marido fue hallado muerto debajo de un puente. «Caí en una depresión e intenté suicidarme y quitar la vida a mis seis hijos». Los llantos de los niños alertaron a los vecinos. «Nos salvó la providencia». A través de sus retiros, que se complementan con talleres de arte, teatro o senderismo, Paghilom brinda herramientas para afrontar el duelo y «asumir el reto de ser madres solas», describe su fundador. Luego, las propias viudas y huérfanos acompañan a otros.

Paghilom cubre además las necesidades básicas de aquellos que lo necesitan con un ingreso mensual, comida y becas escolares, además de préstamos sin interés para crear pequeños negocios. «El padre Flavie nunca ha dejado de preocuparse por lo que necesitábamos», relata una adolescente, Agnes, en un testimonio recogido por la organización. Su padre y su tío fueron asesinados con seis meses de diferencia en 2017 y su abuela se encontró con doce nietos en casa. «Desde que él se hizo cargo de nosotros no hemos vuelto a pasar hambre».

Al menos 30.000 víctimas

Al final del Gobierno de Duterte, las cifras oficiales eran de 6.252 muertos en operaciones policiales antidroga. Pero, dada la existencia de escuadrones parapoliciales y la opacidad del Gobierno, los grupos de defensa de los derechos humanos creen que alcanzan los 30.000. La Corte Penal Internacional está investigando los posibles crímenes contra la humanidad cometidos hasta 2019, con información que le llega de entidades locales como Paghilom. Antes de incinerar los cuerpos exhumados, Villanueva encarga un examen forense. Hasta ahora, «todas las heridas de bala demuestran que dispararon a quemarropa, con intención de matar», a pesar de que al menos en seis casos los certificados de defunción oficiales hablan de «muertes por causas naturales», denuncia. «También ponemos a las familias en contacto con expertos legales y recogemos sus declaraciones juradas» para rebatir informes policiales y autopsias igual de poco fiables. «El siguiente paso lo deciden ellos». Si recurren a los tribunales, les busca un abogado.

Muchas no lo hacen. «El sistema de justicia local ha fracasado totalmente a la hora de exigir responsabilidades», denuncia Nymia Pimentel, directora ejecutiva de la organización PhilRights. Relata, por ejemplo, que «agentes del Estado convencieron a 20 familias para que firmaran documentos comprometiéndose a no presentar cargos» por el asesinato de sus seres queridos. Y el actual Gobierno de Ferdinand Marcos «sigue quitando importancia» al asunto. Por eso, ven «en la investigación de la Corte Penal Internacional una de las pocas formas de buscar justicia». Phil Rights le ha entregado ya información de 110 casos y está trabajando con más familias. Al mismo tiempo, «nos aseguramos de su seguridad y bienestar», para evitar que sufran represalias. Y «seguimos documentando ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones de los derechos humanos». Estas, como el asesinato de tres periodistas, continúan produciéndose con el Gobierno actual.