Amnistía Internacional pide justicia ante la violación de los derechos de las personas mayores durante la pandemia

Tres años después del inicio de la pandemia, durante la que murieron cerca de 35.000 personas mayores ingresadas en las residencias, la ONG Amnistía Internacional ha denunciado las «graves violaciones de los derechos humanos que sufrieron», así como el abandono padecido en la actualidad por sus familiares, que «no han sido escuchados y siguen si conocer la verdad de lo que pasó».

En este sentido, el periodista y abogado Manuel Rico, protagonista del encuentro online organizado por la ONG, ha explicado que hay que distinguir entre las residencias y las comunidades autónomas «en las que se dio orden de no contar la verdad a los familiares» y las que «no se pudo tener una comunicación fluida debido al desborde producido por las numerosas bajas entre el personal sanitario». En cualquier caso, «la gestión fue muy dolora. Hubo gente que la llamada que recibieron era para informarles de que su familiar había fallecido».

Asimismo, Rico ha denunciado que este silencio también se ha dado a nivel judicial y político. «La gran mayoría de las querellas han sido archivadas y la fiscalía ha tenido una pasividad absoluta», ha señalado el abogado. En Madrid, por ejemplo, «la fiscal superior puso por escrito cosas que son directamente falsas, como que los mayores recibieron en las residencias el mismo trato que habrían recibido en un hospital o que el protocolo de la Comunidad de Madrid no había impedido las derivaciones». Según el también autor de ¡Vergüenza! El escándalo de las residencias, «hay datos oficiales de que se impidió las derivaciones». Exactamente, «hubo 7291 personas mayores que fallecieron en las residencias durante los dos primeros meses de la pandemia sin ser trasladadas a un hospital».

En el plano político, el resultado es el mismo: silencio absoluto. «Es cierto que se crearon tres comisiones de investigación», en Madrid, Barcelona y Castilla y León, «pero las tres fueron cerradas previamente ante la llegada de las elecciones». En otras comunidades autónomas ni quiera se abrieron, que es lo mismo que ocurrió en el Congreso de los Diputados, «donde se pudo haber abierto una comisión de la verdad, pero nunca se hizo».

Ante esta situación, Manuel Rico ha concluido su encuentro con Amnistía Internacional pidiendo que no se cierren los pocos casos judiciales que quedan abiertos y que se investigue de verdad lo que ocurrió para depurar responsabilidades, pero, sobre todo, para que, si volviésemos a sufrir una situación como la que ocurrió hace tres años, «el tsunami no vuelva a arrasar todo, como ya ocurrió».