873.000 tarjetas retiradas
España ha retirado la tarjeta sanitaria a 873 mil inmigrantes irregulares, advertía la semana pasada el Presidente de Médicos del Mundo en el Congreso de los Diputados. Las Cáritas diocesanas, que reciben cada vez más casos, remiten a plataformas de médicos objetores, donde más de 2.000 profesionales se oponen a incumplir el código deontológico de la profesión médica y atienden a sus pacientes sin pedirles antes los papeles
La reforma sanitaria «ha deteriorado la sanidad española», aseguró la pasada semana el Presidente de Médicos del Mundo, don Álvaro González, ante la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados. El primer paso, o el más visible, de momento, es que «España está a la cola en atención sanitaria a inmigrantes irregulares», añadió el doctor González.
Tal y como asevera la organización, la normativa ha dejado a las poblaciones más vulnerables sin cobertura, algo que está muy lejos de poder ser etiquetado como salud pública. Los más perjudicados están siendo, sin duda, los inmigrantes irregulares, ya que, según datos de la entidad, son más de 873.000 personas -cifra de tarjetas sanitarias retiradas, reconocida por el Gobierno, apunta Médicos del Mundo en un comunicado-.
Estas tarjetas pertenecían a personas que llevan años viviendo y trabajando legalmente en España, y que, tras todo este tiempo de contribución económica al Estado, han perdido el derecho a la Sanidad. Existen casos como el de Hanane, mujer marroquí que lleva diez años viviendo en España. Con un cáncer de mama y necesidad de quimioterapia, en el hospital -del Levante mediterráneo- al que acudía, le han negado la continuación del tratamiento por tener el permiso de residencia caducado, junto con un documento que indica que «sólo tiene derecho a asistencia gratuita en urgencias» y que «todo lo que la paciente se haga de forma programada le será facturado». La única solución que le ha dado el hospital es que se ponga en contacto con la trabajadora social para solucionar el problema, y la remitió al servicios de urgencias «para ser valorada por la necesidad de controlar el dolor».
Plataformas de médicos objetores
Para controlar que casos como éste no terminen en tragedia, plataformas de médicos objetores como Yo sí Sanidad Universal aglutinan a más de 2.000 profesionales que consideran que la medida choca con sus principios éticos y vulnera el código deontológico médico, sobre todo en lo relativo a que estos profesionales deben «velar por el bienestar, la lealtad, la justicia y la autonomía del enfermo». El padre Daniel Izuzquiza, sacerdote jesuita y coordinador del Centro Pueblos Unidos, del Servicio Jesuita a Migrantes, recuerda a este respecto que «hay una obligación de atender a toda persona en situación de necesidad; en estos casos, brota del Evangelio con especial fuerza, profundidad y nitidez».
Una médico adscrita a esta plataforma, que trabaja en un centro sanitario de la Comunidad de Madrid, afirma que ella atiende «a personas según sus necesidades de salud, y no según su situación administrativa o clase social». Aunque, antes de llegar a sus manos, tienen que pasar por la criba de la Administración del centro sanitario.
Muchas Cáritas diocesanas derivan a plataformas como éstas cuando llegan casos de inmigrantes sin papeles con necesidades médicas. Cáritas Canarias trabaja con la Plataforma Yo sí Sanidad Universal. Cáritas Valencia lo hace con el Observatorio Odusalud, nacido en la Comunidad para velar por el cumplimiento del derecho a la protección de la salud. En su último informe, del mes de abril, dicho Observatorio denunció que siguen existiendo «casos de menores que no reciben atención médica, situaciones de enfermos crónicos con dificultades para acceder a su tratamiento…» En Cáritas Málaga, Encarnita Alonso, responsable del área de acción social, reconoce que en Andalucía todavía «no se ha llevado la ley al extremo» y los inmigrantes están siendo atendidos, «aunque ya empieza a haber algún reparo cuando se requiere una atención continuada de especialistas». Lo que sí hace Cáritas Málaga es ayudar con el pago de medicinas, «ya que muchos no pueden hacerle frente».
Hay veces que ni las plataformas de médicos objetores pueden desfacer el entuerto. Tal es el caso de Emmanuel, un joven guineano que llegó a España hace escasos meses y hace dos semanas sufrió una complicación de corazón que requiere una operación delicada. Que nadie paga y nadie atiende. De momento, está hospitalizado en el Hospital Carlos III, de Madrid, mientras que el Servicio Jesuita a Migrantes mueve Roma con Santiago para conseguir regularizar su situación y que pueda ser atendido.