Eutanasia en lugar de una rampa en casa

«Aquí estás seguro». La asociación Discapacidad Sin Pobreza de Canadá difundió en enero un cartel comprometiéndose a «no recomendar o sugerir» la eutanasia en vez de «ayudarte a obtener el apoyo que necesitas». Pedía a otras entidades hacer lo mismo ante los escándalos sobre ofertas de eutanasia a personas con discapacidad. Mientras, el Gobierno se ha visto obligado a retrasar un año la entrada en vigor de la eutanasia por enfermedad mental. Otros casos llaman a la puerta: el Comité Especial sobre la Asistencia Médica en la Muerte recomendó el 15 de febrero permitirla para «menores maduros» cuya muerte sea «razonablemente predecible», y en casos de solicitud anticipada.

La veterana de las Fuerzas Armadas y deportista paralímpica Christine Gauthier denunció en diciembre ante un comité parlamentario que, tras cinco años de lucha para que instalaran una rampa en su casa, un trabajador de la oficina de atención a los veteranos le ofreció, en cambio, «ayudarla con la muerte asistida». Su testimonio se conoció durante la investigación sobre otro trabajador que ofreció lo mismo a cuatro veteranos con estrés postraumático.

Las autoridades aseguran que son casos aislados que se combaten. Pero, para los expertos, no es así. La Alianza de la Discapacidad de la Columbia Británica ha denunciado que «hemos oído directamente» historias de miembros cuyos «médicos les sugerían la asistencia para morir» sin haberla pedido. Michelle Hewitt, presidenta de Discapacidad sin Pobreza, comparte con Alfa y Omega el caso de un vecino de su ciudad, Randy Obenauer, que sufre varios problemas médicos y a quien le cuesta valerse por sí mismo. Cuando un vecino pidió ayuda a las autoridades sanitarias en verano la enviaron. Pero también preguntaron si consideraría la eutanasia.

Otras personas recurren a la eutanasia por pobreza. Tracy Odell, vicepresidenta del Consejo de Canadienses con Discapacidad, asegura a este semanario que cada vez les llegan más comentarios en este sentido. «Salen más casos en los que la gente pide la muerte asistida porque el coste de vivir con discapacidad es más alto de lo que se pueden permitir». En Canadá, dos millones de adultos en esta situación carecen de los medios —ingresos, vivienda adaptada, equipamiento o servicios— que necesitan.

Uno de ellos es Les Landry, que presentó su solicitud al cumplir 65 años y perder su pensión. En diciembre recibió el primer visto bueno, pero según un medio local cercano, a mediados de febrero fue rechazada. Althea Gibb-Carsley, trabajadora jubilada del programa de eutanasia de Vancouver, describió en un encuentro de proveedores de eutanasia el caso de Mary, que la pidió por no poder pagar los suplementos que aliviarían su fibromialgia. Sufre la misma dolencia Jacquie Holyoak, que está esperando a que la autoricen a morir. Después de pagar el alquiler solo le quedan 55 euros de pensión a la semana. «Estoy exhausta, necesito alguien que me ayude. A menos que tengas dinero, no consigues nada», confesó en diciembre a The Current. Sathya, de 44 años, pidió la eutanasia por su ELA, pero dejó escrito a sus allegados —no lo dijo a las autoridades por miedo a que la rechazaran— que «podría haber tenido más tiempo con más ayuda». La asociación No Muertos Todavía ha recogido más de 55 casos de peticiones de eutanasia o suicidios por falta de ayuda.

Por ello «la mayoría de las organizaciones de personas con discapacidad, si no todas, estamos unidas en oposición» a la eutanasia, asegura Odell. 53 de ellas se dirigieron en enero al primer ministro, Justin Trudeu, para mostrar su preocupación por cómo se está aplicando, y para oponerse a que se permita por problemas de salud mental.

Esta ampliación se aprobó en 2021, con dos años de plazo para implementarla. Pero ha resultado imposible desarrollar criterios claros que respondan a las preguntas de los psiquiatras. Tampoco existe apoyo social. Según una encuesta del Angus Reid Institute publicada el día 13, el 51 % de los canadienses se opone a la eutanasia por este motivo. Asimismo, al 55 % de encuestados le preocupa que acabe reemplazando a las mejoras en el sistema de protección social. En 2021, cuando se permitió la eutanasia por discapacidad o enfermedad crónica, las muertes asistidas fueron un 3,3 % de las totales, frente al 2 % de 2019. En Quebec, los datos de 2022 apuntan a un 5,1 %. Y subiendo.